La Comisión Especial del Congreso Nacional de Honduras celebró una audiencia pública que podría modificar el curso del juicio político contra el fiscal general suspendido Johel Zelaya, al revelar testimonios que apuntan a presuntas irregularidades y abusos de poder en el Ministerio Público.
Durante esta sesión, los miembros de la Comisión escucharon las declaraciones de siete testigos, cuyas acusaciones cubrieron desde presiones laborales y manipulación administrativa hasta presuntas represalias y justicia selectiva.
Raúl Amílcar Rivera Montoya fue el primero en comparecer. Expuso que durante las elecciones del 30 de noviembre se le responsabilizó injustamente por retrasos en la entrega de urnas, atribuidos a decisiones operativas fuera de su control.
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Rivera Montoya argumentó que el propio Johel Zelaya le negó documentos necesarios para su defensa, restringiendo su capacidad de responder a estos señalamientos.
El fiscal auxiliar Fabricio Perdomo planteó que las faltas atribuidas a Zelaya desde el punto de vista laboral exceden casos individuales y podrían evidenciar una práctica estructural dentro de la entidad, según explicaron los legisladores de la Comisión citados por el medio fuente.
Esta audiencia pública, calificada como un “punto de inflexión” por su magnitud, no solo sacó a la luz denuncias puntuales, sino que además reveló preocupación sobre la independencia y transparencia en la administración de justicia en Honduras.
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El caso del fiscal suspendido ha captado la atención política y mediática, dada la posibilidad de que afecte la legitimidad del sistema de persecución penal, indicó el mismo reporte.
Antonio Kattán, quien declaró virtualmente desde arresto domiciliario tras ser acusado de planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya, cuestionó la legalidad del proceso en su contra. Kattán manifestó que las acusaciones carecen de fundamento sólido y describió que este procedimiento judicial ha significado “un impacto devastador en su vida personal y familiar”.
El fiscal Fabricio Perdomo denunció durante la audiencia que el fiscal general suspendido cometió “faltas graves” a nivel laboral. Este testimonio apuntaló la hipótesis de un patrón de irregularidades que no se restringe a incidentes aislados, sino que estaría arraigado en la dinámica interna del Ministerio Público.
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Dennis Emilio Hércules Rosa, con respecto a los procesos derivados de las elecciones primarias de 2025, denunció la existencia de justicia selectiva y el uso de procedimientos judiciales sin garantías suficientes. Según Hércules Rosa, las acusaciones que enfrentó carecían de pruebas válidas, mientras que otras personas, a su entender con mayor responsabilidad, no fueron investigadas.
Uno de los testimonios considerados más graves fue el de la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández, quien expresó haber sido objeto de amenazas y represalias laborales.
Relató que fue apartada de su cargo cuando se negó a modificar un requerimiento fiscal sobre el exalcalde de Tocoa, Adán Funes. Paz Hernández recalcó que su actuación se fundamentó únicamente en criterios técnicos y legales, y que la presión ejercida afectó su autonomía profesional.
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El fiscal Ricardo Adolfo Zavala señaló la existencia de prácticas administrativas consideradas abusivas, mencionando traslados y sanciones sin justificación aparente que, según su percepción, se utilizaban como mecanismos de presión sobre el personal. Zavala describió “un ambiente laboral marcado por la incertidumbre y la ausencia de garantías”, corroborando la vivencia relatada por otros testigos.
Según lo presentado en la audiencia, las afirmaciones de los siete comparecientes evidencian una institución en crisis, donde se registran posibles vulneraciones de derechos fundamentales y una administración señalada por su transparencia y legalidad. Estos planteamientos impulsan el debate sobre la necesidad de una revisión minuciosa de los procedimientos y los principios que rigen la labor en el Ministerio Público.
La Comisión Especial debe examinar el impacto y la veracidad de cada declaración para decidir si existen los argumentos suficientes para destituir definitivamente a Johel Zelaya. Esta resolución demandará considerar tanto el aspecto jurídico de las acusaciones como su relevancia institucional para el funcionamiento del sistema judicial.
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Las siguientes jornadas determinarán el futuro del fiscal general suspendido y de la percepción pública de independencia y transparencia del Ministerio Público.