El fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, enfrenta un juicio político que ha desembocado en su suspensión temporal, mientras el Congreso Nacional analiza acusaciones que incluyen supuestas faltas graves, actuaciones contrarias a la Constitución y presunta negligencia.
Zelaya Álvarez, nacido el 23 de octubre de 1979 en Reitoca y formado como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, llegó al Ministerio Público tras un proceso marcado por tensiones políticas. En 2023, su nombre se incluyó en la nómina de candidatos a fiscal general, luego de no resultar electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Tras la crisis institucional provocada por la salida de Óscar Chinchilla y el interinato de Daniel Sibrián, Zelaya fue juramentado como fiscal general interino el 1 de noviembre de 2023 por la Comisión Permanente del Congreso.
Su ratificación definitiva se formalizó el 28 de febrero de 2024, cuando 110 de los 128 diputados aprobaron su nombramiento hasta 2029. Aunque este aval legislativo fue claro en cifras, como señala Infobae, la oposición denunció acuerdos irregulares entre oficialismo y figuras del nacionalismo, especialmente con Nasry Asfura, y alimentó sospechas de negociaciones comprometedoras para la independencia del fiscal desde el inicio de su mandato.
¿Qué dio camino a un juicio político?
Uno de los primeros movimientos públicos de la administración de Zelaya fue la reapertura, en octubre de 2024, de una causa penal contra Nasry Asfura, actual presidente de la república mencionado en denuncias de negociación política.
Sin embargo se cuestionó que el funcionario utilizara cadenas televisivas para exponer todas las acusaciones contra Asfura. Lo que fue calificado por distintos sectores como un acto “político” y de no de justicia.
Este hecho parecía desmentir los temores de impunidad, pero las críticas se profundizaron poco después a raíz de la publicación del “narcovideo”, que involucraba al exsecretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya. Aunque la fiscalía informó avances en la investigación, la falta de acciones judiciales concretas renovó las dudas sobre la transparencia y efectividad del Ministerio Público bajo la dirección de Zelaya Álvarez.
El proceso contra Zelaya Álvarez pone en entredicho no solo su permanencia en el cargo, sino también la independencia del Ministerio Público y la fortaleza del sistema de pesos y contrapesos institucionales del país. Su desenlace será un termómetro sobre la rendición de cuentas de los altos funcionarios en Honduras.
Entre los señalamientos más graves destaca la actuación del Ministerio Público bajo la dirección de Zelaya Álvarez durante el proceso electoral de 2025, con acusaciones de vulneración de la autonomía de dos órganos clave: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
De acuerdo con la denuncia presentada, el Ministerio Público habría llevado a cabo citaciones reiteradas a consejeras electorales durante fases críticas del calendario, intervenciones físicas en las sedes institucionales e incautación de documentos, así como la divulgación de audios sobre casos electorales cuya autenticidad no fue verificada pericialmente, situación que habría ejercido presión mediática y generado desconfianza en los resultados oficiales de los comicios.
El núcleo del juicio político presentado por varios diputados es un extenso documento que detalla supuestas faltas graves, entre ellas la difusión pública de pruebas (como audios) sin cadena de custodia ni peritaje técnico, acompañadas de declaraciones categóricas atribuyendo responsabilidades sin respaldo judicial previo.
Los denunciantes sostienen que este proceder constituyó “una violación al debido proceso que podría comprometer la validez de las investigaciones y afectar derechos fundamentales de las personas involucradas”.
La denuncia describe, además, que el Ministerio Público afectó la seguridad personal de integrantes del Consejo Nacional Electoral, obligándolos a alterar su rutina de trabajo al ser expuestos públicamente.
En relación con el Tribunal de Justicia Electoral, el documento denuncia que la fiscalía promovió antejuicios y requerimientos fiscales por supuesto prevaricato judicial contra magistrados, acciones que fueron percibidas entre los afectados como intentos de intimidación. Este clima, apuntan los denunciantes, alteró la operatividad del tribunal y retrasó la resolución de casos relevantes, configurando “un ambiente de presión poco compatible con la autonomía del fuero electoral”.
Un punto destacado por la denuncia es la percepción de selectividad e instrumentalización política del Ministerio Público. Se señala la apertura pública de investigaciones contra algunas figuras, mientras otras eventuales conductas delictivas no habrían sido abordadas con la misma severidad.
En particular, se cuestionan omisiones investigativas sobre irregularidades en las elecciones primarias de 2025 y el papel de las Fuerzas Armadas en estos comicios, junto con la falta de respuesta ante solicitudes de carácter inconstitucional provenientes del sector militar.
Las acusaciones de negligencia incluyen errores técnicos que afectaron la eficacia de las acciones de la fiscalía. Un ejemplo citado en el expediente es el rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia de un antejuicio presentado contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral debido a la utilización de una vía procesal incorrecta. Los denunciantes consideran este episodio como indicio de “falta de pericia y de conducción inadecuada de las investigaciones”.
El proceso de juicio político abierto contra Johel Antonio Zelaya Álvarez configura una respuesta institucional a un conjunto de hechos que, según los denunciantes, habrían erosionado la confianza ciudadana en el Ministerio Público.
La selectividad en la persecución penal, la debilidad de los resultados en casos de alto perfil y la percepción de pérdida de autonomía institucional aparecen como factores que inciden en la deslegitimación del órgano persecutor ante la opinión pública.
La próxima labor de una comisión especial, que deberá analizar las pruebas y dictaminar sobre la destitución o restitución del funcionario, determinará no solo el futuro de Zelaya Álvarez, sino también el mensaje que el Congreso Nacional de Honduras enviará sobre la exigencia de responsabilidades y la vitalidad de las garantías del Estado de Derecho
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