El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció que enfrenta un intento de destitución a través de un juicio político que, según sus palabras, busca evitar que asuma la presidencia del organismo en septiembre, a la que accede por disposición legal.
Ochoa anunció que iba a demostrar el “el plan que urden como continuación del golpe electoral contra el pueblo hondureño”.
Entre los argumentos de la denuncia de Ochoa figura una acusación directa contra sus colegas por violar el sistema biométrico y el código fuente de los resultados, junto con el reclamo de un conteo completo de actas y votos antes de la declaratoria oficial de las autoridades electas.
Según Ochoa, parte central de su señalamiento involucra a los diputados Tomás Zambrano y Jorge Cálix, a quienes acusó de perseguirlo por haber revelado “los audios de la conspiración y del fraude electoral en el CNE”, así como de demostrar que el Partido Nacional no ganó las elecciones, declaración que realizó en medios locales hondureños.
Ochoa afirmó que la presión para su salida está relacionada con un “pacto de impunidad” impulsado, según su testimonio, por algunas consejeras del CNE que buscarían silenciar su voz antes de la sucesión formal en la presidencia del organismo. Sobre esto detalló: “No acepté la injerencia extranjera ni el pacto de impunidad de las consejeras en el CNE. Hoy pretenden apartarme antes de que asuma la presidencia que me corresponde”. Además, subrayó su intención de mantener las denuncias al advertir: “Honduras no merece vivir entre trampas, fraudes y golpes”.
La consejera Cossette López respondió en sus redes sociales, calificando los señalamientos de Ochoa como “falsa indignación” y “reñidos con la realidad”. López puntualizó que la narrativa de injerencia extranjera promovida por Ochoa inició el 11 de diciembre, cuando, según afirma, él fue objeto de un intento de captura ilegal.
López también sostuvo que el consejero recurre a tácticas de difamación y bloqueo del quórum del CNE para paralizar su funcionamiento y afirmó: “Su desesperación es evidente y, como dicen en el teatro, ‘colgarse de los telones’”.
López denunció la presencia de 123 extranjeros en un hotel durante las elecciones de noviembre, quienes, de acuerdo a su versión, ingresaron a los centros de votación como observadores sin acreditación oficial. Según remarcó, “el material electoral está intacto, no gracias a quien hoy inventa que se quiere destruir”. A su juicio, la institucionalidad debe preservarse ante intentos de manipulación: “Somos más fuertes que el miedo, tenemos la frente en alto y la verdad como respaldo”, aseguró López.
La consejera Ana Paola Hall también cuestionó el proceder de Ochoa, acusándolo de actuar con “criterios débiles” y de obstaculizar los procesos electorales. En su perfil de X, Hall criticó el cambio de actitud de Ochoa previo a la repetición de elecciones en Guanaja y sostuvo que intentaba impedir el proceso: “Los débiles argumentos del consejero son tan flojos como su criterio”. Insistió en que Ochoa ha confundido su papel como autoridad electoral con el de activista, afectando así la institucionalidad democrática.
Para Ochoa, el objetivo de sus reclamos es salvaguardar la legitimidad de los resultados electorales y evitar que cualquier manipulación quede sin consecuencias.
Sobre esto, el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, respaldo la denuncia de Ochoa.
Como parte de su declaración, Zelaya Rosales sostuvo que la operación formaría parte de un plan para debilitar al Partido Libre y facilitar otro fraude electoral en 2029. El exmandatario describió la maniobra como “un nuevo golpe electoral contra Libre”.
“Hoy alerta a Honduras y a la comunidad internacional que esta semana entrante, aprovechando el feriado de Semana Santa, pretenden destituirlo ilegalmente desde el Congreso Nacional”, afirmó Zelaya Rosales en el pronunciamiento.