Honduras se encuentra en una encrucijada energética que amenaza con frenar su desarrollo económico y social en los próximos años. Un informe del Estado de País, Subsector Eléctrico, revela un panorama alarmante: si no se toman medidas estructurales de inmediato, el país centroamericano enfrentará un déficit real de suministro que podría alcanzar hasta los 1,000 megavatios (MW) para el año 2030.
Esta proyección no es solo una cifra estadística, sino una advertencia sobre la fragilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la falta de planificación de las autoridades actuales.
El diagnóstico para el corto plazo es igualmente severo. El gobierno hondureño, ahora comandado por Nasry Asfura, no encontró sistema saneado, pues tiene que afrontar un déficit real de suministro inmediato superior a los 400 MW. .
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Los datos demuestran que el riesgo de apagones sigue latente en el territorio hondureño. La administración actual ha cubierto gran parte del déficit mediante el arrendamiento de motores diésel. Esta es la tecnología más cara para producir un kilovatio-hora (kWh), con costos variables que oscilan entre los USD 0.17 y USD 0.23 por kWh en las plantas incorporadas recientemente.
Las causas: Falta de licitaciones y dependencia de soluciones caras
La raíz de esta crisis proyectada para el final de la década reside en la parálisis de la inversión en nueva potencia. Honduras no ha llevado a cabo ningún proceso de licitación de nueva potencia y energía desde el año 2017. Esta inacción ha forzado al Estado a depender de alquileres de corto plazo que no generan activos duraderos y que heredan al próximo gobierno la obligación de renovar dichos contratos bajo condiciones de emergencia.
Mientras países vecinos como Guatemala y Panamá han realizado procesos constantes de licitación competitiva y moderna, logrando reducir sus costos, Honduras se ha estancado.
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El costo de esta ineficiencia es pagado directamente por el país. Honduras tiene el segundo costo promedio de tarifa eléctrica más alto de Centroamérica, alcanzando los USD 0.2120 por kWh en junio de 2024.
El impacto en la seguridad nacional y el desarrollo
La falta de una matriz energética confiable resta competitividad a la industria y al comercio nacional. Además, la estatal eléctrica continúa operando bajo un esquema de pérdidas eléctricas totales que, aunque reportaron una ligera reducción en 2024, siguen siendo más altas que al inicio de la actual administración (36.66% en 2024 frente al 33.55% en 2021).
El informe subraya que la seguridad energética es un derecho humano que hoy está comprometido por la falta de transparencia y la discrecionalidad en las contrataciones. Al cierre de 2025, se estima que la ENEE habría perdido una suma superior a los 50,000 millones de lempiras (USD 1,881,890.00).
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Para evitar el escenario del apagón total en el año 2030, el documento Estado de País recomienda una reforma urgente a la Ley de Energía que elimine las barreras a la inversión y habilite licitaciones transparentes supervisadas por la sociedad civil. Sin un cambio de rumbo, el déficit de 1,000 MW dejará de ser una proyección para convertirse en una realidad que apagará las aspiraciones de desarrollo de Honduras.