La baja representación de mujeres en alcaldías rurales de Honduras evidencia persistencia de desigualdad

Un reducido grupo de lideresas municipales enfrenta dificultades para lograr cargos de decisión, debido principalmente a obstáculos estructurales, manifestaciones de violencia durante elecciones y limitadas reformas en materia de equidad de género

La alcaldesa de San Nicolás, Carmen Alicia Paz, reacciona durante una entrevista con EFE en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

El aumento de mujeres alcaldesas en zonas rurales de Honduras marca un avance modesto, aunque la desigualdad persiste. Tras las últimas elecciones generales, únicamente 22 mujeres lograron un puesto como alcaldesas y 38 como diputadas, en un país que cuenta con 298 municipios y una población mayoritariamente femenina.

En Honduras, ser mujer y proceder del área rural representa una doble barrera para acceder a cargos políticos. La limitada representación femenina se refleja en los resultados electorales recientes, donde la presencia de mujeres en puestos decisorios sigue siendo reducida.

La alcaldesa de San Nicolás, Carmen Alicia Paz, relató que su origen rural supuso desafíos adicionales a los que enfrentan las mujeres urbanas. En diálogo con EFE, señaló: “Además de ser mujer, soy de un contexto rural, y desde ese contexto hay menos oportunidades”.

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Paz ha conseguido ser reelegida durante tres mandatos consecutivos, una excepción en el escenario nacional.

La trayectoria de Paz ilustra los obstáculos que enfrentan las mujeres rurales: desde la falta de oportunidades hasta la violencia política de género. Detalló que, en su experiencia, ha contado con el apoyo de aliados hombres y mujeres en su comunidad, lo que le permitió llevar adelante su proyecto político.

Violencia política y discriminación en el ámbito rural

Durante las jornadas electorales, la violencia política se manifestó de diversas formas, afectando también a las candidatas. Paz evocó episodios de intimidación y agresiones verbales, entre ellas, el ataque de un líder religioso que, a escasos días de los comicios, realizó comentarios ofensivos en su contra. “Viví algo un poco atípico, que no es el común denominador, pero ocurre: sufrí violencia política de género por parte de un religioso, y eso sí me marcó”, afirmó.

La alcaldesa de San Nicolás, Carmen Alicia Paz, reacciona durante una entrevista con EFE en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Estos episodios no impidieron que Paz ganara la alcaldía una vez más, aunque reconoce que probablemente le costaron algunos votos. Su testimonio pone de relieve el ambiente de temor y hostilidad en el que muchas candidatas desarrollan su labor.

La baja presencia femenina en cargos de elección popular se relaciona con factores estructurales: la persistencia del machismo, el escaso acceso a recursos y la discriminación en los espacios de decisión. Aunque se observa un leve aumento en la cantidad de mujeres electas, la brecha de género sigue siendo significativa.

El rol de la cooperación internacional y la agenda pendiente

Parte de los avances logrados se deben al respaldo de la cooperación internacional, que ha promovido capacitaciones y fortalecido las capacidades de las alcaldesas. Según Paz, su visión y compromiso han aumentado gracias a este acompañamiento, lo que le permite impulsar una agenda de género en su municipio.

En la presentación del informe Liderazgo político de las mujeres en Honduras: perspectivas y desafíos, elaborado con el apoyo de ONU Mujeres, el PNUD y la AECID, se insistió en la urgencia de aprobar leyes que garanticen la paridad y combatan la violencia política de género.

La imagen muestra las siluetas de una mujer y un hombre caminando sobre una cinta roja ondulada, simbolizando la desigualdad de oportunidades y los desafíos que enfrentan ambos géneros en el entorno profesional. La composición visual destaca la brecha de género y la necesidad de avanzar hacia la equidad en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carmen Alicia Paz abogó por la aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia y de una legislación específica para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres. También propuso una norma contra toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres, como paso necesario para equilibrar la balanza de género en la política hondureña.

La funcionaria considera indispensable que los municipios aborden también los derechos de la comunidad LGTBIQ+, pese a la resistencia de sectores religiosos que, según ella, suelen “estigmatizar” a las autoridades locales.

La situación actual en Honduras refleja que, pese a los avances, ser mujer y rural sigue siendo un obstáculo para la participación política.

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