El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala canceló de forma definitiva la licencia ambiental de Arenera La Primavera en Chinautla y le impuso una multa de Q266.820,33 por incumplir sus compromisos ambientales, una decisión que cierra un expediente sobre una operación extractiva señalada durante años por daños al agua, al cauce del río y a las viviendas de comunidades cercanas.
La resolución fue emitida este 24 de junio de 2026 y alcanzó a una empresa que operaba desde 1996 en Santa Cruz Chinautla, a pocos kilómetros de la zona 6 de Ciudad de Guatemala. Según el comunicado del MARN, el procedimiento administrativo concluyó con la revocación del permiso tras verificarse incumplimientos en las obligaciones fijadas por la licencia.
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La cartera también trasladó la resolución al Ministerio de Energía y Minas para que, dentro de sus competencias, garantice el cumplimiento de la normativa aplicable. Esa intervención apunta al cese de las actividades extractivas en el área y a impedir que se retomen sin las autorizaciones correspondientes.
La explotación fue vinculada a daños sobre el río Las Vacas y las comunidades
El ministerio sostuvo que las operaciones de Arenera La Primavera afectaron la calidad del agua, la vida acuática, las riberas del río Las Vacas y la funcionalidad ecológica de la cuenca. El impacto atribuido a la actividad extractiva también incluyó alteraciones en fuentes de agua y daños en viviendas de las comunidades locales.
La cuenca arrastra alertas ambientales desde hace décadas. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, la extracción de arena en los ríos de Chinautla alteró el comportamiento hidráulico de los cauces, removió bases de laderas y aumentó su inestabilidad.
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Uno de los estudios citados indicó: “La extracción de arena a lo largo del río indudablemente altera artificialmente el comportamiento hidráulico”. Esa conclusión fue incorporada al contexto de una zona donde vecinos y organizaciones denunciaron erosión de riberas, grietas en viviendas y problemas respiratorios asociados al polvo.
Según el texto base, comunidades del pueblo maya Poqomam y organizaciones como Colectivo Madreselva presentaron denuncias ante la Dirección General de Minería por los efectos de la extracción a gran escala. Entre los señalamientos figuraron cambios en el cauce, debilitamiento del terreno y riesgo de derrumbes.
La licencia ya operaba bajo prórroga y la resolución abrió un nuevo reclamo comunitario
La minera trabajaba con una prórroga porque su licencia original había vencido en 2021. La cancelación definitiva del permiso interrumpió esa continuidad administrativa y reactivó la exigencia de cierre total formulada por autoridades indígenas de Santa Cruz Chinautla.
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Durante una conferencia de prensa, esas autoridades expresaron su respaldo a la decisión y reclamaron una actuación inmediata del MEM para impedir cualquier nueva extensión. En un comunicado leído en ese acto, afirmaron: “Esta resolución es el resultado de años de resistencia, peticiones, denuncias comunitarias y defensa legítima del territorio. Exigimos al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que actúe de manera inmediata y emita las resoluciones pertinentes para no otorgar la prórroga de la licencia garantizando así el cierre total del proyecto minero Piedrinera San Luis”.
El texto proporcionado también menciona otra decisión reciente del MARN: el 18 de mayo anunció la cancelación de la licencia ambiental del proyecto minero San Luis y una sanción de Q80.545,40. En ese comunicado, la cartera indicó que había notificado la resolución al Ministerio de Energía y Minas para que garantizara el cumplimiento de la normativa aplicable.
Ese antecedente fue presentado junto con otra medida del 23 de junio, cuando la Dirección General de Minería prohibió operaciones de explotación en un tramo del río Samalá después de un estudio técnico que concluyó que una ampliación en esa zona elevaba el riesgo de inundación.
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