Un conflicto de tierras en Sipacate, Escuintla, dejó este lunes tres vehículos incendiados y al menos una persona lesionada, en medio de versiones contradictorias sobre la presencia de autoridades y de una aclaración oficial que descartó un allanamiento y negó la retención de agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público.
El Ministerio de Gobernación informó en un comunicado que los hechos ocurrieron en la aldea El Naranjo durante una diligencia en la que la Policía Nacional Civil brindaba seguridad perimetral por requerimiento de la autoridad competente.
La cartera añadió que hubo daños a vehículos, detonaciones de arma de fuego y una persona trasladada a un centro asistencial, donde se encontraba estable.
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Los incidentes también fueron reportados en El Paredón Buena Vista, una zona cercana a uno de los destinos turísticos más visitados de la costa sur. Desde Ciudad de Guatemala hasta Sipacate hay 124 kilómetros por carretera y el trayecto en automóvil toma alrededor de 2h 15min.
Gobernación descartó un allanamiento y confirmó presencia policial de resguardo
La principal precisión oficial fue sobre la naturaleza del operativo. Según el Ministerio de Gobernación, no se trató de una diligencia de allanamiento, sino de apoyo de seguridad perimetral durante una actuación ordenada por la autoridad competente.
La institución sostuvo además que no había personas retenidas ni en la subestación policial de la aldea El Paredón ni en poder de vecinos, con base en la información verificada hasta ese momento. También indicó que la PNC mantendría presencia preventiva en el área para resguardar a la población, prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar el orden público.
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Antes de esa versión, circularon en redes sociales videos de vehículos en llamas y mensajes que hablaban de fiscales y policías retenidos. Esos extremos fueron desmentidos por las autoridades.
Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, en un mensaje compartido a comunicadores sociales, que en el lugar no participaron agentes policiales ni fiscales del Ministerio Público en el sentido que se había difundido inicialmente. Explicó que, de forma preliminar, una empresa llegó a verificar un terreno y las personas que estaban en el sitio arremetieron contra sus representantes.
Aguilar agregó que no había policías heridos, ni retenidos, ni autopatrullas incendiadas. Precisó que los automotores afectados eran vehículos de una empresa privada que acudió a verificar un terreno en ese sector de Sipacate.
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La confrontación ocurrió durante una verificación en una finca del sector
De acuerdo con la información oficial y con reportes citados por Canal Antigua, el incidente se produjo cuando representantes de una empresa privada realizaban una verificación en la Finca Cuatro Hermanos. En ese momento fueron confrontados por pobladores del área, quienes presuntamente incendiaron los vehículos en los que se movilizaban.
Los reportes preliminares también señalaron que las unidades recibieron disparos antes de ser consumidas por las llamas. En las primeras horas posteriores al hecho, incluso se habló de que integrantes de la empresa habían sido retenidos, pero el paradero de esas personas no había sido confirmado en los primeros reportes.
La explicación más amplia del Gobierno ubicó el episodio dentro de un conflicto de tierras entre particulares. Esa caracterización modificó la lectura inicial de los hechos, que en un comienzo habían sido presentados como un supuesto operativo con participación directa de fuerzas de seguridad y del Ministerio Público.
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Elementos de la PNC y del Ejército de Guatemala permanecían en el área mientras avanzaban las tareas de verificación y recopilación de información. El Ministerio de Gobernación indicó que mantiene coordinación con el Ministerio Público para las diligencias de investigación correspondientes.
Las autoridades hicieron un llamado a la calma y pidieron a la población confirmar la información antes de compartirla, para evitar la difusión de versiones no corroboradas. También reiteraron que los conflictos relacionados con tierras deben resolverse por las vías legales y no mediante hechos de violencia.