Guatemala: La SAT decomisó 30,3 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal

El operativo en la aduana del sur del país calculó en Q9,5 millones (unos 1,24 millones de dólares) el monto tributario no recaudado y señaló que el cargamento buscaba entrar de forma ilícita, según la entidad.

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La SAT decomisó 30,3 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal y estimó en Q9,5 millones los impuestos dejados de percibir. (Sat Guatemala)

La SAT decomisó 30,3 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal y estimó en Q9,5 millones los impuestos dejados de percibir, en un operativo que expuso una ruta de ingreso irregular de gran escala y volvió a poner el foco sobre el avance del contrabando en Guatemala.

El hallazgo se produjo en la Aduana Puerto Quetzal, al sur del país, según la Superintendencia de Administración Tributaria. La institución indicó que la mercancía pretendía ingresar de manera irregular al país.

La SAT precisó que durante la inspección fueron localizadas aproximadamente 30,3 millones de unidades. “Durante la inspección se localizaron aproximadamente 30.3 millones de unidades de cigarrillos, que pretendían ingresar de manera irregular al país, con un valor estimado de Q9.5 millones de impuestos dejados de percibir”, informó la institución.

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La mercancía fue decomisada por la presunta comisión de delitos vinculados con la violación de derechos de propiedad intelectual y otros ilícitos asociados al comercio irregular, de acuerdo con la SAT. El operativo fue ejecutado por la fuerza élite integrada por la SAT y Estados Unidos a través de la Fuerza de Tarea de Facilitación de Comercio.

El dato aparece en un contexto de aumento de decomisos. Según la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala, en enero y febrero de 2026 fueron incautadas 12.860.000 unidades de cigarrillos ilegales, casi cinco veces más que las 2.720.000 decomisadas durante todo 2025.

La fuerza de tarea opera en aduanas clave con apoyo de Estados Unidos

La SAT sostuvo que la operación evidencia la efectividad de los mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir el comercio ilícito y proteger a la población. El modelo comenzó en 2023 en Puerto Quetzal con apoyo de Estados Unidos y luego fue replicado en otras aduanas. Esa fuerza de tarea fue instalada en puntos clave como las aduanas.

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El trabajo interinstitucional se apoya en análisis estratégico de riesgos, uso de tecnología no intrusiva y capacidad para emitir alertas a nivel nacional e internacional. Por parte de Estados Unidos, participan Aduanas y Protección Fronteriza, que brinda soporte operativo, y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que aporta asistencia en cooperación y estrategia.

El Estado de Prevención en Guatemala otorga facultades extraordinarias a autoridades y Ejército para reforzar la lucha contra la defraudación fiscal y la seguridad fronteriza. (Cortesía: Ministerio de Gobernación de Guatemala )

Las incautaciones recientes muestran un aumento del contrabando de cigarrillos y licor

En febrero, en medio de controles reforzados bajo el Estado de Prevención en Guatemala, las autoridades incautaron 54.500 cajetillas, equivalentes a 1.090.000 cigarrillos, que eran transportadas ilegalmente cerca de la frontera con El Salvador, según reportes de la Policía Nacional Civil y otras instancias oficiales guatemaltecas.

Esa incautación ocurrió en la aduana de Ciudad Pedro de Alvarado, en Moyuta, departamento de Jutiapa. Personal de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la Policía Nacional Civil detectó el cargamento oculto en un furgón y arrestó al conductor, identificado como Juan “N”, ciudadano nicaragüense, quien será presentado ante los tribunales para enfrentar cargos relacionados con el transporte y la presunta comercialización ilícita.

Las medidas del Estado de Prevención para 2026 incluyen facultades extraordinarias para las fuerzas de seguridad y autoridades civiles. Entre ellas figuran la restricción o disolución de reuniones públicas que pongan en riesgo el orden institucional, el control sobre la circulación y el estacionamiento de vehículos en áreas y horarios determinados, la autorización para disolver por la fuerza grupos armados o involucrados en hechos violentos, el despliegue conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército en operativos de alto impacto y la intervención directa sobre servicios públicos esenciales en caso de amenaza.

El aumento del comercio ilegal también alcanzó al licor, según la Comisión de Defensa del Comercio Formal. La entidad indicó que en 2025 se documentaron más de 10.000 litros incautados y que en los dos primeros meses de 2026 el total estimado subió a 44.000 litros.