Guatemala identificó cuatro censos urgentes y abrió una revisión de su sistema estadístico porque, según explicó el secretario Carlos Mendoza durante la presentación de la iniciativa El poder de los datos, la información pública sigue dispersa, fragmentada y sin suficiente integración geográfica para planificar políticas, presupuestos y servicios con oportunidad.
El rezago incluye operaciones básicas para medir al país. Mendoza afirmó que Guatemala necesita con urgencia censos de población, vivienda, agropecuario y económico, y precisó que el último censo de población y vivienda se hizo en 2018, por lo que debió repetirse en 2028 según estándares internacionales, aunque la fecha más cercana posible sería 2029.
La brecha es mayor en otras áreas: el censo agropecuario lleva 25 años sin realizarse y el censo económico, 60 años, según Mendoza. El funcionario planteó además que no basta con producir estadísticas, sino que el país debe integrar de forma conjunta la dimensión estadística y la geográfica.
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La respuesta oficial a la pregunta central del anuncio fue concreta: Guatemala busca rehacer la institucionalidad que produce y conecta los datos porque, sin registros interoperables, censos actualizados y georreferenciación, el Estado planifica con información incompleta y tarde.
El Gobierno plantea revisar la estructura del INE y articular los registros públicos
Mendoza sostuvo que la prioridad institucional pasa por repensar el Sistema Nacional Estadístico y la estructura del Instituto Nacional de Estadística. Recordó que esa institucionalidad fue creada en los años ochenta y dijo que hoy la producción de datos continúa “dispersa” y “fragmentada”.
El funcionario señaló que la generación de información no depende solo de censos y encuestas. También requiere fortalecer los registros administrativos que producen a diario las instituciones públicas para que los datos de salud, educación y protección social dialoguen entre sí, sean de calidad y lleguen a tiempo para la toma de decisiones.
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Los datos ya muestran brechas en violencia, nacimientos y participación electoral
Mendoza ilustró el valor de la información con tres casos de política pública en Guatemala. El primero fue la violencia homicida: dijo que, sin datos, la percepción dominaba la conversación pública y que cuando comenzaron a observar una baja sostenida desde octubre de 2009, “nadie lo creía”.
Según su exposición, el país pasó de una tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes a alrededor de 16 o 17 por cada 100 mil habitantes. Agregó que esa información también permitió mostrar que la violencia no se distribuye igual en la Ciudad de Guatemala, en municipios del oriente o en el occidente, donde hay localidades que registran tasas de un dígito.
El segundo caso fue electoral. Mendoza afirmó que más de 1,5 millones de jóvenes de entre 18 y 25 años están excluidos de su derecho al voto porque, aunque son mayores de edad y cuentan con Documento Personal de Identificación, no figuran en el registro de ciudadanos por una situación administrativa y burocrática originada en la Constitución de 1985.
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El tercer caso fue demográfico. Mendoza indicó que las estadísticas de 2024 mostraron que en el 86 % de los municipios hubo menos nacimientos que en 2023, una señal que activó alertas y abrió un análisis junto con colegas del Fondo de Población y del INE sobre el descenso de la fecundidad y su impacto futuro en escuelas, salud, empleo, cuidados, protección social y pensiones.
Naciones Unidas y otros organismos acompañarán el fortalecimiento del sistema
Miguel Barreto, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas, había anticipado que ese proceso contará con apoyo ya en marcha desde varias agencias. Según Barreto, el Fondo de Población respalda el fortalecimiento del sistema estadístico nacional, los censos, las encuestas y los registros administrativos.
Barreto añadió que el Banco Mundial impulsa el uso de datos e inteligencia artificial para finanzas públicas, medición de pobreza y desarrollo humano.
También señaló que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja en la digitalización del Estado y la interoperabilidad, mientras que UNICEF apoya la modernización de los sistemas de información educativa y la georreferenciación de escuelas.
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