El anuncio del presidente Bernardo Arévalo en 2025 sobre la reactivación del ferrocarril en Guatemala abrió una inquietud inmediata entre las familias que viven a lo largo de la vía: temen ser desplazadas de terrenos ocupados desde hace décadas, aunque Ferrocarriles de Guatemala aseguró que no habrá desalojos mientras el proyecto siga en etapa de estudios y no exista un plan de reubicación.
La dimensión social del conflicto ya aparece en las cifras discutidas en el Congreso. El diputado de la bancada UNE César Dávila dijo que, según lo expuesto en una reunión con autoridades y pobladores, no habrá desalojo hasta contar con un proyecto para reubicar a 250 mil personas, mientras dirigentes de asentamientos sostienen que sus últimos registros hablaban de 65 mil familias distribuidas en 10 departamentos.
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Dávila explicó que, según Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), el proyecto todavía no ha pasado de una fase preliminar. Al ser entrevistado, el interventor Miguel Ángel Díaz Bobadilla indicó que los análisis en curso incluyen componentes financieros, jurídicos y de certeza sobre el estado real de la línea, porque en algunos tramos ya ni siquiera existen rieles.
Fegua asegura que no habrá desalojos mientras no exista reubicación
La respuesta directa de las autoridades fue que no hay una operación de retiro en marcha. Dávila dijo que el interventor fue “muy claro” al señalar que no habrá desalojo y que, por ahora, ni existe un lugar definido ni hay presupuesto para trasladar a quienes viven sobre el derecho de vía.
Díaz Bobadilla, interventor de Fegua, sostuvo en el Congreso que el trabajo actual se limita a “ordenar la casa” después de 30 años sin operación ferroviaria. Precisó que su tarea consiste en revisar el estado administrativo de la empresa y contar con un diagnóstico técnico antes de ofrecer cualquier ruta concreta al Ejecutivo.
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El funcionario también descartó adelantar decisiones sobre el componente social. Afirmó: “No es nuestra competencia en este momento qué va a pasar, lo que sí tenemos es un acuerdo con el Registro de Información Catastral para que haga un trabajo de toda la vía férrea, para ver su estado actual y, con base en eso, empezar con estudios técnicos, no desde el punto de vista social, porque eso lo tocarán otras instancias”.
Ese levantamiento catastral comenzó a finales del año pasado, de acuerdo con Díaz Bobadilla. Sobre los plazos, evitó fijar una fecha definitiva, aunque en las declaraciones recogidas en la reunión se habló de un horizonte de siete a ocho meses, e incluso de hasta 10 meses, para recibir resultados de algunos estudios.
Las familias asentadas en la vía piden traslado y no desalojo
La posición de los habitantes organizados no es rechazar de plano la recuperación del tren, sino exigir una alternativa habitacional previa. Domingo Hernández, de la Asociación Coordinadora Nacional de Asentamientos de Línea Férrea, ACONAFER, dijo que las familias entienden que no pueden permanecer indefinidamente sobre la línea, pero reclaman ser trasladadas a otro lugar y no expulsadas sin solución.
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Hernández relató que la ocupación de esos espacios se fue formando en varias etapas históricas. Mencionó el terremoto de 1917, la permanencia de familias vinculadas a la antigua IRCA, el terremoto del 4 de febrero de 1976 y el desplazamiento interno derivado de los 36 años de conflicto armado, como factores que poblaron de manera progresiva la franja ferroviaria.
Según el dirigente, hoy viven allí hijos, nietos y bisnietos de quienes llegaron en esas etapas. También afirmó que la preocupación aumentó cuando Arévalo anunció que en 2027 empezaría a trabajar el ferrocarril, porque las comunidades interpretaron que, si el tren vuelve a circular, el Estado tendrá que decidir qué hará con las familias instaladas directamente sobre los rieles.
En esa misma línea, Hernández sostuvo que aún no existe un censo concluyente. Dijo que nadie tiene certeza total sobre cuántas familias viven en la vía y que, por la magnitud del problema, el conteo tendría que hacerse por departamentos y en el momento en que el proyecto entre a una fase más concreta.
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El proyecto ferroviario sigue en estudios técnicos, legales y financieros
La asesoría externa tampoco se ha traducido todavía en financiamiento para obras. Díaz Bobadilla afirmó que el Banco Mundial acompaña a Fegua en el análisis de aspectos financieros, sociales, políticos y ambientales, pero aclaró que todo continúa “a nivel de estudios” y que no hay todavía recursos aprobados para ejecutar la rehabilitación.
El interventor resumió el desafío con una advertencia jurídica: “Debemos tener certeza jurídica, Estado de derecho, nadie quiere estar en contra del Estado de derecho, pero no funciona solo para quienes tenemos que hacerlos cumplir, sino para todos los ciudadanos. Tenemos que reconocer que en determinado momento, las áreas usurpadas, porque no es invasión, tendrán que volver a su dueño o se hará una solución a la problemática social”.
El Gobierno formalizó además el Comité Presidencial para la Reactivación Ferroviaria, Coprefe, mediante el Acuerdo Gubernativo 139-2025, publicado en el Diario de Centro América. De acuerdo con ese acuerdo, el comité será coordinado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda e integrado también por los ministerios de Finanzas Públicas, Defensa Nacional, Cultura y Deportes, además de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
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Entre sus funciones figuran la coordinación de proyectos ferroviarios dentro del Organismo Ejecutivo, la propuesta de acciones para recuperar el sistema con enfoque logístico, económico y ambiental, y la promoción de cooperación internacional.
El presidente Arévalo también anunció un acuerdo de cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para apoyo técnico a la recuperación del sistema ferroviario nacional.
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