El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural de Guatemala en la segunda reunión ordinaria, aprobó la incorporación de proyectos de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial en la programación de inversión pública del ejercicio fiscal 2027, en respuesta a demandas técnicas y sociales sobre gestión ambiental y sanitaria. La propuesta, anunciada por el viceministro de Ambiente Jaime Carrera, apunta a dos deficiencias estructurales: la descarga de aguas residuales sin tratamiento y la mala gestión de residuos sólidos, factores asociados directamente a desnutrición crónica y mortalidad infantil, según Cabrera, quien lo manifestó ante los asistentes y quedó asentado en el acta oficial del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR).
De acuerdo con Cabrera, actualmente apenas 81 municipios han logrado implementar proyectos conforme al punto resolutivo, cifra que muestra una profunda desigualdad en la capacidad operativa municipal. La normativa vigente, modificada por seis acuerdos entre 2019 y 2025, asigna a los gobiernos locales la ejecución de estos proyectos, como estipulan el Código Municipal y el Código de Salud de Guatemala.
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La medida supone un giro en la política nacional para agua potable y saneamiento. Su entrada en vigor inmediata permitirá a las municipalidades sumar a su portafolio proyectos de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, según establece el artículo primero del punto resolutivo sancionado por las autoridades, en aplicación de la literal G del artículo siete de la normativa de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE).
Solo una fracción de los municipios tiene acceso a proyectos estructurales
Durante la sesión, alcaldes expusieron que la ejecución real de estos proyectos enfrenta obstáculos significativos, tanto por la falta de recursos como por las deficiencias en la comunicación institucional. Un grupo de representantes municipales precisó que no todos los 340 alcaldes del país recibieron el catálogo de tipologías de proyectos acordado en actas previas, omisión reconocida públicamente por el presidente Bernardo Arévalo ante ministros, secretarios y observadores de la sociedad civil. Arévalo explicó que, aunque la producción del catálogo fue realizada, su socialización “no se realizó de manera suficiente” y se comprometió a corregir el proceso para brindar mayor acceso a herramientas técnicas.
La alcaldesa de Aguacatan, Huehuetenango, Mirza Arreaga, señaló que a pesar de los esfuerzos desde 2024 para establecer plantas de tratamiento y renovar tuberías, los presupuestos asignados por CODEDE resultan insuficientes. Los techos de inversión para municipios son generalmente entre seis y 15 millones de quetzales, monto que, según los ediles, no cubre proyectos de alcantarillado o tratamiento de residuos sólidos.
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La problemática también afecta trámites y requisitos técnicos: la ausencia de documentos como la memoria de cálculo de plantas de tratamiento con antigüedad entorpeció la aprobación e inclusión de propuestas por el Ministerio de Ambiente. Esto llevó a algunas autoridades locales a utilizar fondos municipales en vez de los consejos de desarrollo, relataron varios alcaldes al CONADUR durante la deliberación.
Reforma legal y enfoque de responsabilidad estatal
El presidente Bernardo Arévalo y líderes sindicales como Julio Díaz coincidieron en que es necesaria la creación de un ente estatal centralizado que, junto al Estado, coordine y ejecute estos proyectos estructurales en lugar de depender solo de las municipalidades. Arévalo anticipó que esto requiere una reforma legal en curso, con el fin de “garantizar que haya un ente del Estado que responda de manera integral y evitar la situación actual en la que la responsabilidad técnica, financiera y operativa recae principalmente sobre los gobiernos locales”.
Representantes sociales y autoridades sostuvieron también la urgencia de avanzar hacia un diseño interinstitucional que incluya no solo al Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, sino también a entidades regulatorias, empresas y sectores productivos responsables de generar residuos, con el objetivo de consolidar un proyecto ambiental integral a nivel nacional.
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El punto resolutivo aprobado determina que la incorporación de los proyectos será válida para la planificación de inversión de 2027 y fija su vigencia “inmediatamente”. Las deliberaciones quedan registradas como paso previo a la reforma estructural propuesta, marcando el inicio de una transformación institucional cuya meta es reducir el impacto sanitario y ambiental de la gestión inadecuada del agua y los desechos en Guatemala.
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