La inversión pública planificada para 2027 en Guatemala contemplaría 2,587 obras con un presupuesto superior a 4,453 millones de quetzales

La distribución presupuestaria propuesta asigna recursos superiores y un número elevado de obras a esta zona, tras el análisis presentado en la Comisión de Análisis de Presupuesto y Política Fiscal del CONADUR

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El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala presenta la distribución de Q4.453 millones para inversión pública 2027 y Q190 millones de ampliación presupuestaria 2026, priorizando la región suroccidente y sectores clave como educación y saneamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Finanzas Públicas Jhonatan Menkos presentó ante la Comisión de Análisis de Presupuesto y Política Fiscal del CONADUR la propuesta de recursos máximos destinados a proyectos de preinversión e inversión pública para el ejercicio fiscal 2027, así como el detalle de los proyectos derivados de la ampliación presupuestaria aprobada para el año 2026.

Este plan, remitido al presidente de la República y trasladado a los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural para su revisión, constituye un paso clave dentro del procedimiento establecido por la ley y el Reglamento de Consejos de Desarrollo, según informó el propio Menkos durante la sesión documentada por el órgano colegiado.

La inversión pública para 2027 contempla 2,587 obras por más de 4,453 millones de quetzales

La fuente 21 del presupuesto asigna 4,453,177,040 quetzales para el ejercicio 2027, permitiendo ejecutar 2.587 obras a nivel nacional. La región sur occidente, integrada por Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos, concentra 1,144,302,961 quetzales y 848 obras.

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Esta cifra supera ampliamente la asignación a otras regiones, reflejando la priorización geográfica en infraestructura. El monto global preliminar para inversiones departamentales asciende a 4,491,416.000 quetzales, mientras que la propuesta consolidada por los corredores regionales se mantiene en la cifra original, generando una diferencia de 38,238,960 quetzales atribuida a adecuaciones pendientes en los departamentos de Guatemala y Sololá, de acuerdo con lo expuesto por Menkos en la sede del CONADUR.

En cuanto a la distribución temática, la tipología de saneamiento representa el 23,7% del total, seguida de educación con el 23% y la introducción y distribución de servicios de agua potable, con 21.1% de los fondos.

Así lo detalla la presentación oficial incluida en el acta, que evidencia la orientación prioritaria hacia sectores críticos de desarrollo social.

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La ampliación presupuestaria para 2026 se centra en educación y saneamiento

A través de la modificación presupuestaria establecida en el decreto número 3-2026, el Congreso de la República aprobó una asignación adicional de 190,769,395 quetzales en recursos ordinarios, explicó Menkos ante el pleno.

Estos fondos financiarán 423 obras distribuidas por regiones y departamentos, de las cuales educación absorbe 80,462,217 quetzales, más del 42% de la ampliación. La introducción y distribución de agua potable contará con 34,881,427 quetzales y saneamiento, con 34,796,341 quetzales, lo que confirma la importancia estructural de estos rubros.

En la región seis, correspondiente al occidente del país, se asignaron 49,436,405 quetzales para 151 obras, convirtiendo a esta región en la principal receptora dentro del esquema de ampliación presupuestaria.

El monto adicional queda reflejado en la relación aprobada por el CONADUR, según consta en la recomendación registrada para su elevación.

Diferencias regionales y actualización de las proyecciones presupuestarias

Un análisis de las cifras presentadas por Jhonatan Menkos muestra que la región metropolitana, principalmente el departamento de Guatemala, recibe 524,214,846 quetzales en el presupuesto original para 196 obras, pero solo 22,438,426 quetzales adicionales para 20 obras tras la ampliación, lo que indica un patrón diferenciado de priorización según etapa y tipo de proyectos.

Menkos detalló que varias propuestas de inversión de los departamentos de Guatemala y Huehuetenango aún no han sido formalmente presentadas, por lo que las cifras globales podrían modificarse tras la revisión en los niveles correspondientes del sistema de consejos de desarrollo.

En cumplimiento del artículo 6 del decreto número 11-2002 y del artículo 26 literal B de su reglamento, el ministro solicitó que los datos fueran integrados al punto de acta para garantizar su validez en mecanismos de control y seguimiento institucional, según el procedimiento aprobado por el pleno de la comisión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR).

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