La Ley Antilavado impulsada por el Ejecutivo, destinada a modernizar y fortalecer el marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Guatemala, volvió a quedar estancada en el Congreso este martes 5 de mayo debido a la falta de acuerdos entre bancadas y al incumplimiento del quórum requerido. La normativa, cuyo objetivo es adaptar la legislación nacional a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), exige la presencia y voto de al menos 107 diputados para su aprobación definitiva, pero tras cinco horas de sesión y múltiples intentos de consenso, el debate fue aplazado para la próxima jornada legislativa.
El prolongado estancamiento persiste incluso cuando la Comisión de Economía y Comercio Exterior había revisado y depurado más de 40 enmiendas, consolidando un texto alineado con las 40 recomendaciones del GAFI y superando la ley vigente desde 2001, según informó el presidente del Congreso, Luis Contreras, en declaraciones a medios de comunicación. Contreras advirtió que persistían dudas y temores entre algunos bloques, especialmente sobre la responsabilidad de los notarios y la cuantía de las multas: “La multa tiene que ser un poquito más grande, creo yo, si es que están parados. Hay gente que quiere tener esa parte libre”, señaló, añadiendo: “tenemos que tener ciento siete votos, esa es la verdad”.
El Congreso aplaza la aprobación y resurge el debate sobre los notarios y sanciones
Tras una sesión plenaria transmitida por canales oficiales marcada por interrupciones y negociaciones infructuosas, la iniciativa 6593 quedó en suspenso, revelando la división interna en el Congreso. El proyecto de ley había avanzado durante los primeros meses del año, recibiendo dictámenes favorables en febrero y nuevas enmiendas en abril para dificultar el uso de dinero ilícito y endurecer las sanciones para delitos financieros. Las diferencias políticas y el intento de modificar el artículo 14 de la Ley del Ministerio Público —que habilitaría la remoción del fiscal general por decisión presidencial— impidieron la formación de mayorías estables a favor de la ley.
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El debate se centró en las obligaciones y sanciones para los notarios, quienes bajo el nuevo marco deberían registrarse, llevar un registro de clientes y reportar operaciones sospechosas. Contreras precisó que una parte del Congreso pretendía limitar las multas a USD 500, medida objetada por el propio GAFI, mientras que la normativa propuesta prevé sanciones más severas y facilita que sea el Ministerio Público quien deba demostrar la existencia de lavado de activos en un proceso judicial, revirtiendo así la carga probatoria vigente desde 2001. “En la ley actual, cuando a usted lo acusan de lavado, usted se tiene que defender y decir que usted no hizo lavado. En la ley que queremos aprobar, el Ministerio Público le tiene que demostrar a usted que usted hizo lavado para condenar”, detalló Contreras.
Legisladores defienden la reforma para cumplir estándares internacionales
Desde la Bancada Oficial Movimiento Semilla, la diputada Victoria Palala subrayó la urgencia de dotar al Estado de herramientas actualizadas frente al crimen organizado y en defensa de la economía formal. “Guatemala necesita herramientas más modernas y mejor enfocadas para cerrarle espacios al lavado de dinero y fortalecer al Estado frente al crimen organizado”, declaró Palala en el Pleno, reivindicando que una legislación “mejor hecha, más precisa y con capacidad real para enfrentar el dinero ilícito” es necesaria para proteger los intereses legítimos del país.
El diputado Jairo Flores de la bancada VOS remarcó ante el hemiciclo que la reforma responde a un mandato del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica: “Es una petición general de la GAFI, GAFILAT, que son los grupos financieros de América Latina, con la finalidad de que nosotros podamos transparentar los procesos, evitar el lavado de dinero en activos, en bienes inmuebles, evitar el dinero que viene de crimen organizado, de narcotráfico, que se pueda meter a diferentes negocios o tratar de limpiarlos o en la misma política nacional”.
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La aprobación de la Ley Antilavado sigue sin fecha tras otra sesión fallida
El fracaso en lograr el quórum mínimo y la incapacidad para superar las diferencias amenazan la alineación de Guatemala con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos. De acuerdo con la Presidencia del Congreso, si la ley no se aprueba en el próximo martes de sesiones, la normativa podría permanecer estancada hasta el regreso del receso legislativo, extendiendo la vigencia de la ley de 2001 y manteniendo los principales puntos débiles señalados por organismos internacionales.
Después de cinco horas de deliberación y múltiples llamados a los jefes de bloque para reunir los 107 votos necesarios, la sesión plenaria se suspendió por falta de quórum, lo que resultó en la postergación de una ley considerada prioritaria dentro del Plan Nacional de Transparencia y Cumplimiento Internacional.