En los próximos días, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, iniciará la evaluación y entrevistas a los seis profesionales que integran la nómina final de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público.
Este proceso, considerado clave para definir quién liderará la institución responsable de la persecución penal en el país, se desarrollará bajo estricta reserva de las deliberaciones para evitar interferencias externas y asegurar una decisión basada en independencia y legalidad.
Las entrevistas se programaron entre martes y jueves, según confirmó el mandatario durante una conferencia de prensa, en declaraciones difundidas por los canales oficiales de gobierno.
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La lista de aspirantes fue remitida a la presidencia por la Comisión de Postulación a través de la Corte Suprema de Justicia. Conforme aclaró el presidente Arévalo, presentar impugnaciones aún es posible; varias de ellas ya han sido descartadas por la Corte de Constitucionalidad.
El jefe del Ejecutivo enfatizó que el anuncio oficial del nombramiento solo se llevará a cabo una vez concluida por completo la etapa de impugnaciones.
Destacó: “No debería haber ninguna otra interferencia, no debería haber ningún otro recurso. Ya la Corte de Constitucionalidad fue clara. Puede seguir habiendo acciones legales, pero desde el punto de vista estrictamente legal, no debería haber ningún problema, lo que implica que dentro de los seis que han sido identificados, yo escogeré libremente.”
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El procedimiento para la selección del fiscal general está reglamentado por la ley guatemalteca y establece la libertad del presidente para seleccionar, sin injerencia externa, entre los seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación.
Arévalo resaltó que, aunque así lo determina la normativa, la eficacia del sistema depende de la transparencia del trabajo previo de la Comisión y de la idoneidad de los postulados.
Observó también la relevancia de que la sociedad guatemalteca reflexione sobre sus mecanismos de selección de altas autoridades y cuestione si los procedimientos actuales responden a las necesidades del país o si presentan riesgos de cooptación por intereses particulares.
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Las entrevistas a los candidatos serán privadas y se centrarán en estrategias para restablecer la independencia del Ministerio Público
El presidente especificó que las entrevistas se realizarán a lo largo de la semana, en un orden determinado por la cantidad de votos que cada candidato obtuvo en la Comisión de Postulación. Cada encuentro será privado.
La pregunta central para cada aspirante será su estrategia para recuperar la autonomía del Ministerio Público, al cual Arévalo describió como “cooptado por redes político-criminales para generar impunidad, criminalizar a personas y llevar a cabo persecuciones motivadas política o espuriamente”.
Insistió en que la selección del fiscal general debe asegurar que la institución esté dedicada a la persecución del crimen real en Guatemala y no a la instrumentación política.
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Subrayó: “Necesitamos una Fiscalía General que efectivamente cumpla con sus funciones tal y como están establecidas en la Constitución y en la ley, de una manera independiente, autónoma y apegada a la legislación, que efectivamente prevenga que se pliegue a intereses políticos o criminales, o de otro tipo, para ser utilizada como herramienta para generar impunidad o criminalización.”
Esta etapa del proceso se da tras varias impugnaciones que, según el presidente, no han alterado la legalidad del trámite. El grupo de seis aspirantes fue conformado a partir del puntaje asignado por la Comisión, lo que define el orden de las entrevistas.
Para Arévalo, el futuro de la Fiscalía General de Guatemala depende de que se restablezca su independencia y funcionalidad, aspectos que marcarán la pregunta decisiva en cada entrevista privada.
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El presidente reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad en la designación
La selección del nuevo fiscal general, que se decidirá en los próximos días, representará una decisión determinante para el sistema de justicia guatemalteco y marcará un punto de inflexión en el combate y persecución de estructuras criminales dentro del país.
La nómina final quedó conformada de la siguiente manera:
- Julio Rivera Clavería, quien recibió 10 votos a favor y 5 en contra
- Nector Guilebaldo de León, con 10 votos a favor y 5 en contra
- Beyla Adaly Estrada Barrientos, con 12 votos a favor y 3 en contra
- Gabriel Estuardo García Luna, con 15 votos a favor y ninguno en contra
- Carlos Alberto García Alvarado, con 11 votos a favor y 4 en contra
- César Augusto Ávila Aparicio, quien obtuvo 11 votos a favor y 4 en contra, logrando su inclusión en la segunda ronda de votación