Integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y representantes de otros pueblos indígenas realizaron una marcha este jueves en la Ciudad de Guatemala para exigir la liberación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes del movimiento, detenidos desde hace un año por su supuesta vinculación a protestas ciudadanas de 2023. La movilización, que coincidió con el aniversario de la detención, busca llamar la atención sobre lo que consideran una prolongada “persecución política” y presionar por un cambio en el Ministerio Público, de acuerdo con las canales oficiales de los 48 cantones.
Durante la manifestación, los participantes instalaron afiches en los alrededores del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1, con fotografías de los detenidos y mensajes en los que afirman: “¡No son criminales!”. Esta acción responde a lo que los manifestantes consideran una criminalización sistemática de líderes indígenas y a la falta de justicia objetiva y oportuna tras un año completo en prisión preventiva de Pacheco, expresidente, y Chaclán, extesorero, ambos de la junta directiva de los 48 Cantones.
En conferencia de prensa diputados oficialistas, se manifestaron al respecto y el diputado oficialista Raúl Barrera detalló que las autoridades acudieron a la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura, creada por el Congreso en 2010 con un presupuesto de 35 millones de quetzales, para solicitar una intervención ante la situación: “Acudimos a la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura, un mecanismo creado por este Congreso en el año 2010 que tiene el deber constitucional de hacer recomendaciones y pronunciamientos en torno a los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Tal es el caso de la prisión preventiva prolongada. Y hemos requerido formalmente al relator presidente que tome acción para que se dirija a este Congreso y al sistema de justicia para que estos decreten las normas que permitan dar fin a la prisión preventiva provisional, más allá de lo que ya se está discutiendo en este Congreso: la prisión preventiva prolongada, arbitraria e injustificada”. Barrera enfatizó que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de abril de este año, instruyó a todos los órganos judiciales a no considerar la prisión provisional como pena anticipada y exhortó al sistema a cumplir con esta directriz.
El presidente Arévalo atribuye la detención de los dirigentes a represalias políticas
En la sede del Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo recibió a los líderes de los 48 Cantones para pronunciarse sobre el caso. Según el discurso recogido por medios oficiales, Arévalo afirmó que hace un año, el 24 de abril de 2025, el viceministro de Desarrollo Social, Luis Pacheco, y el compañero Héctor Chaclán, ambos miembros de su equipo de gobierno, fueron acusados de delitos que no cometieron. El mandatario calificó las acusaciones como represalia destinada a castigar la defensa del derecho ciudadano a elegir autoridades.
El mandatario sostuvo que la persecución no solo afecta a los dirigentes indígenas, sino que forma parte de una tendencia más amplia de acoso judicial a jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos: “Su caso no es único. Se suma a una larga lista de acoso, hostigamiento y criminalización contra otras autoridades indígenas, contra jueces y fiscales honestos, contra periodistas, contra defensores de derechos humanos y contra personas que integran nuestro equipo de gobierno”. Además, el presidente criticó la impunidad con la que operan responsables de delitos graves contra el Estado, mientras se mantiene detenidos a defensores sociales.
Sobre el esperado cambio en la Fiscalía General, Arévalo indicó que ha recibido la lista de seis postulantes al cargo, cuyo proceso sigue en curso, y aseguró que revisa sus expedientes bajo un compromiso con la legalidad. Destacó la relevancia de esta decisión para el futuro de la justicia guatemalteca: “Podemos dejar atrás un sistema que se ha plegado a proteger los privilegios de unos pocos, los abusos y fortunas mal habidas, que ha perseguido y amedrentado a quienes defienden valientemente nuestros derechos y nuestra dignidad, e inaugurar una época en la que la justicia sea oportuna, sea fuente de tranquilidad y estabilidad, de paz y de desarrollo”, sostuvo el presidente.
La prisión preventiva y la exigencia de cambios judiciales
La prolongación de la prisión preventiva en Guatemala afecta a decenas de personas, según la información presentada por el diputado Barrera, quien denunció que este mecanismo se ha transformado en una “pena anticipada” producto de la sobrecarga judicial. De acuerdo con el posicionamiento oficialista, la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura se comprometió a pronunciarse ante el Congreso y el sistema judicial para articular una reforma que limite la prisión provisional y garantice el respeto a los derechos de los detenidos, como reclamó Barrera: “Exigimos la libertad de los presos políticos”.
La manifestación de los pueblos indígenas y la presencia activa del presidente Bernardo Arévalo ilustran la tensión persistente entre los movimientos sociales y las instituciones de justicia, marcando a este caso como un símbolo en la lucha contra la criminalización política en Guatemala.