La Fiscalía de Delitos Económicos coordinó procedimientos en 42 estaciones de servicio de combustible en Ciudad de Guatemala para inspeccionar documentos contables y verificar si el precio final al público se corresponde con el costo de importación, una medida impulsada tras 79 denuncias recogidas por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).
Este operativo, revelado en sesión parlamentaria y reseñado por funcionarios ante el Congreso, surge como respuesta a presuntas alzas injustificadas en los precios y prevé la extensión a otras 37 gasolineras en el interior del país. El Ministerio Público advirtió que si se detectan irregularidades, las investigaciones pueden derivar en deducción de responsabilidades penales.
La directora de la DIACO Leslie Tzicap detalló ante diputados del Congreso de la República, que el origen de las denuncias se fundamenta tanto en informes técnicos del sector energético como en verificaciones de campo realizadas en distintas regiones.
De las 79 denuncias, 25 se basan en reportes del Ministerio de Energía y Minas, mientras que las 54 restantes corresponden a actas y operativos realizados de manera independiente por sedes departamentales.
Según Tzicap, la fiscalización permanente comprende el seguimiento de precios, márgenes de ganancia y documentación de operaciones en cada estación, en un entorno marcado por alertas de especulación.
Un bloque de monitoreo conjunto realizado por la bancada parlamentaria identificó que la sobrecarga sobre el precio de referencia puede situarse entre seis y ocho quetzales por galón, lo que representa un impacto económico agudo en el sector transporte y en los hogares con menor capacidad de ingresos.
Este diferencial, verificado a partir de datos suministrados por Heydy Godínez, jefa del Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Energía y Minas, revela la incapacidad de los sistemas de control para garantizar una fiscalización eficaz y amplia de los precios minoristas.
La comparación regional expuesta por el diputado Orlando Blanco indica que existen diferencias de hasta siete quetzales por galón con respecto a El Salvador: “Mientras aquí la gasolina regular llegó a 36 quetzales por galón, allá estaba en 29”, precisó Blanco durante la sesión, según consta en el acta oficial.
Datos de las autoridades energéticas y sanciones
Los datos técnicos del Ministerio de Energía y Minas, citados durante la comparecencia legislativa, muestran que de las 109 estaciones monitoreadas en Ciudad de Guatemala, 87 dispensaron combustibles a valores superiores a los de referencia, lo que equivale al 83% del total supervisado.
Este hallazgo condujo a la apertura de expedientes de sanción y a la remisión de informes de investigación tanto a la DIACO como a la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario (DIAP).
Las consecuencias de este escenario superan la estadística y repercuten en la economía doméstica y el sector transportista. El análisis oficial indica que la diferencia mensual en gasto atribuible a los precios elevados de combustibles oscila entre 200 y 500 quetzales, dependiendo del tipo de vehículo y nivel de consumo familiar.
En el caso de los pequeños transportistas, este gasto se convierte en la principal presión sobre su presupuesto operativo.
Evaluación parlamentaria e impacto en la gestión estatal
La presión parlamentaria, liderada por la bancada VOS y documentada a través de la citación legislativa, sostiene que la raíz del problema radica en la debilidad institucional para controlar la importación, comercialización y expendio del combustible.
Según el monitoreo oficial y los testimonios recogidos en el Congreso, la falta de coordinación y agilidad por parte de las distintas entidades ha favorecido un entorno de especulación persistente, cuyas consecuencias directa e indirectamente recaen sobre los sectores más vulnerables del país y sobre el conjunto de la economía.