El Congreso de la República de Guatemala enfrenta una revisión exhaustiva de sus contrataciones administrativas tras el descubrimiento de plazas, especialmente bajo el renglón 022, se asignaron sin estudios técnicos, lo que abrió la puerta a la proliferación de “plazas fantasmas” y motivó la exigencia de auditorías urgentes y reformas a los procedimientos internos.
Según el diputado Orlando Blanco, primer secretario y miembro de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien lidera las investigaciones y ha exigido informes a la Contraloría General de Cuentas para determinar la magnitud real del problema.
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El análisis surgió luego de detectar que, entre 2024 y 2025, el número de contrataciones temporales creció en 512 puestos, pasando de 916 personas en 2024 a 1.428 en 2025.
Los datos presentados por la Dirección de Recursos Humanos del Congreso revelaron que el incremento de plazas bajo el renglón 022 —destinadas al personal temporal y de apoyo administrativo— responde a un crecimiento porcentual de casi 56 % en solo dos años.
El salto no estuvo acompañado de solicitudes formales de los titulares de las áreas ni de estudios actuariales sobre la demanda real de cada dependencia.
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La ausencia de requisitos objetivos y el uso discrecional del renglón 022 fue expuesta tanto por diputados como por funcionarios internos en una comparecencia ante la Comisión Permanente, según el propio registro del Congreso.
Las autoridades administrativas destacaron que “actualmente en los registros, no encontramos ningún tipo de requerimiento” y que el proceso solo consistía en cumplir la instrucción de superiores, sin solicitudes específicas de sus responsables.
La magnitud queda reflejada en el desbalance entre el personal contratado y la infraestructura disponible: en 2025, la Dirección de Estudios e Investigación (DEI) contaba con 118 personas contratadas y apenas 51 escritorios para su labor diaria. Un patrón similar persistía en el área jurídica, con 55 contratos sin sustento técnico.
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Plazas fantasmas y falta de control: mecanismos y omisiones documentales
El artículo 154 Bis establece que cada diputado puede contar con tres personas bajo renglón 022, además de asesores para la Junta Directiva y los bloques legislativos.
Según este límite, el requerimiento total debería rondar los 580 contratos esenciales para la operatividad legislativa, asegura Blanco.
La Dirección de Recursos Humanos reveló que en 2024 se superó esa cifra en 848 contrataciones adicionales sin respaldo documental. Funcionarios reconocieron que se asignaban empleados a áreas donde no habían sido formalmente requeridos.
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Según relató un diputado, existió la práctica de exigir a los directores que avalaran con su firma el ingreso de personal desconocido, para cumplir órdenes de la Junta Directiva previa.
En enero de 2024, la Comisión Permanente presentó un listado para la recontratación de 346 personas cuya función no estaba justificada por los actuales responsables de las áreas.
Varios de estos contratos corresponden a personas que acumulan entre cinco y diez años en el Congreso sin evaluaciones periódicas ni análisis funcionales.
Mario Zavala, director encargado de Despacho y de Recursos Humanos, admitió en comparecencia que “una estimación real no la tenemos” y que desde el 2 de febrero comenzó una revisión para identificar la verdadera necesidad de personal. La representante de la Contraloría General de Cuentas fue directa: “No es válido, señor diputado. Tienen que cumplir ciertos requisitos y requerimientos que son los que resguardan las contrataciones”.
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Auditorías y reformas: el inicio de una fiscalización
La respuesta inmediata a las irregularidades detectadas fue la solicitud de una auditoría concurrente por parte de la Contraloría General de Cuentas. El mandato incluye la elaboración de un informe preliminar que detalle la cantidad de personal contratado, los puestos asignados y su justificación en el organigrama institucional.
Los legisladores remarcaron el desajuste entre personal y espacio físico disponible: “Si nosotros le pedimos a toda esa gente que estuvo contratada en esos años que vinieran a trabajar, no caben en los espacios donde tenían que trabajar”.
La situación llevó a una revisión de todos los mecanismos internos, con el compromiso de implantar reformas profundas para ajustar el sistema de contrataciones a las necesidades reales y comprobadas de cada dirección.
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Los funcionarios actuales indicaron que están “trabajando en identificar las necesidades reales” y elaborando un registro digital para que las futuras contrataciones respondan a demandas funcionales y no a recomendaciones o acuerdos discrecionales de carácter político.
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