El cierre judicial del proceso contra el expresidente Jorge Serrano Elías en Guatemala, con la anulación definitiva de las órdenes de captura tras más de treinta años de litigio, marca un nuevo punto de partida en sus aspiraciones políticas y personales. El exmandatario considera que este fallo, al que llegó tras la desestimación por “improcedentes” de las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General, representa la posibilidad de avanzar hacia una refundación institucional profunda en el país, una meta que asume pública y explícitamente desde su residencia en Panamá, según relató en entrevista radial a Radio Nuevo Mundo.
La resolución judicial cobró carácter definitivo cuando las últimas apelaciones, entre ellas la del procurador general, fueron rechazadas por carecer de fundamento legal y de personería. Según la defensa de Serrano Elías, las acusaciones no se sustentaban en ninguna prueba material, sino solamente en “tres artículos de prensa y una carta anónima”. El propio exmandatario detalló que incluso la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue convocada para investigarlo durante el proceso, sin que lograra formular cargos en su contra.
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El juez Orellana identificó anomalías procesales y ausencia absoluta de pruebas
El fallo ratificado por el juez Orellana reconoce que el caso estuvo marcado por tres tipos de irregularidades: anomalías probatorias, procesales y violaciones constitucionales. Serrano Elías insistió en que “no hay una prueba en todo el expediente”, una ausencia que, en su criterio, hizo insostenible la causa penal.
La Sala Tercera ya había declarado en 2013 la invalidez del juicio. El gobierno de Panamá advirtió hasta en tres ocasiones la falsedad de los documentos presentados; esa misma alerta fue compartida por la Cancillería de Guatemala y por una jueza de la Sala. Entre los ejemplos citados por el exgobernante figura la acusación de que habría adquirido cien fincas en un solo día, basándose en escrituras “de catorce años antes de mi presidencia”, hecho que calificó de imposible.
Serrano Elías afirmó que, al permanecer abierto el proceso pese a la falta de evidencias, las autoridades incurrían en un “delito de lesa humanidad por persecución política”. Según su interpretación, conductas de este tipo se consideran crímenes universales, imprescriptibles y pueden juzgarse en cualquier tribunal internacional bajo el Estatuto de Roma.
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Acciones ante organismos internacionales y denuncia por persecución
Tras la resolución firme, Serrano Elías anunció su intención de presentar el caso ante instancias internacionales por la “violación de sus derechos humanos y los de su familia”, así como los de Paco Pertoni y su entorno. Explicó: “Lo haré con abogados internacionales, que conocen perfectamente estos casos y que se han asustado de ver la cantidad de barrabasadas que hicieron contra mí durante tres años”.
En cuanto a la situación interna, la defensa de Serrano Elías sostuvo que tras la declaración de improcedencia de las últimas apelaciones, solo resta observar la reacción judicial o institucional que pueda darse, dado que las instancias nacionales han agotado sus recursos.
Una crítica al sistema político y llamado a reforma estructural
Liberado del proceso penal, Serrano Elías afirmó que su interés no pasa por integrarse a partidos políticos, a los que catalogó como “sociedades mercantiles sin ideología ni sustento filosófico”.
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Desde Panamá, el expresidente sostiene contactos regulares con distintos sectores guatemaltecos para impulsar una transformación nacional. Indicó que cada año recibe entre quinientas y seiscientas personas con quienes debate alternativas para el país, y que incluso candidatos presidenciales —“el noventa y nueve por ciento, sin programa”— acuden en busca de diálogo.
El regreso de Serrano Elías a Guatemala dependerá, subrayó, de que existan condiciones para la refundación del Estado y no simplemente el recambio de actores dentro de lo que considera un “sistema de caciques manejando la política y los tribunales”.
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