El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala iniciará en abril la edificación de la primera cárcel de máxima seguridad del país, con el objetivo de desarticular la coordinación de organizaciones criminales, lo que anticipa una reforma estructural del sistema penitenciario y la modernización de los estándares de seguridad a nivel nacional. La instalación estará situada en el departamento de Izabal y podrá albergar hasta 2.074 internos clasificados como altamente peligrosos, bajo estrictos protocolos de aislamiento y vigilancia permanente.
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, destacó en declaraciones al Diario de Centroamérica que la construcción de este centro penitenciario supone el arranque de un proceso de transformación que abarcará todo el sistema penitenciario guatemalteco. La nueva cárcel, cuya extensión será de unas 100 hectáreas, se mantendrá bajo un régimen de altos estándares internacionales y protocolos de certificación, sentando las bases de una nueva fase de profesionalización en la gestión penitenciaria.
Uno de los primeros efectos de esta obra será el traslado de reclusos de alta peligrosidad a Izabal, lo que permitirá renovar y descongestionar los actuales centros de privación de libertad, que serán sometidos a reestructuración acorde a los nuevos lineamientos de seguridad y administración. El proceso incluirá la formación de nuevos guardias penitenciarios, con apoyo de asesores nacionales y de agencias estadounidenses, para garantizar niveles inéditos de profesionalización y control.
Infraestructura blindada y nuevo esquema de seguridad
La cárcel contará con una estructura de hormigón de alta resistencia y muros que duplicarán en altura a los de los penales existentes, extendiéndose varios metros bajo tierra para impedir cualquier excavación y posible fuga por túnel. El complejo abarcará sectores diferenciados, con habitaciones para reclusos en parejas, áreas exclusivamente destinadas al personal de custodia y una trama reforzada en el subsuelo.
El sistema de monitoreo será continuo y centralizado, mediante la integración de sensores térmicos, detectores de metales, dispositivos de movimiento y sonido, además de cámaras infrarrojas que permitirán la vigilancia total las 24 horas. La inversión estimada para la realización de la obra alcanza los Q1.000 millones (aproximadamente USD 127 millones), una cifra inédita para el sistema carcelario guatemalteco.
En cuanto a la protección de información, el Gobierno dispuso la reserva total de los detalles técnicos del penal como medida clave para prevenir riesgos operativos. Los planos y datos específicos estarán limitados únicamente a personal debidamente autorizado, mientras que el acceso físico al predio se controlará mediante doble perímetro militarizado. Visitantes y trabajadores estarán sujetos a controles de seguridad de tipo militar, y en el denominado “círculo 3” se desplegará un cordón de soldados encargados de la vigilancia externa.
Las autoridades recalcaron que se sancionará cualquier intento de obtener información técnica por medios irregulares, en correspondencia con la política de acceso restringido y protección anti-fugas.
Tecnología y blindaje ante comunicaciones ilícitas
Para impedir la continuidad de actos delictivos organizados desde el interior, el Gobierno de Guatemala impulsa una legislación que obligará a las compañías de telefonía móvil a bloquear de manera integral cualquier señal en la zona perimetral de la prisión, sin costo para el Estado.
El ministro Sáenz explicó la medida con claridad: “No importa que tengan mil teléfonos adentro, porque los mil van a estar desconectados desde las empresas. De salir la ley, eso lo tendrían que hacer las empresas telefónicas y de manera gratuita para el Estado”.
Además de los inhibidores de señal y barreras tecnológicas físicas, el penal incorporará sensores de avanzada y una plataforma digital orientada a hacer inviable cualquier intento de comunicación ilícita u organización de actos criminales por parte de los detenidos.
Certificación internacional y estándares técnicos
El diseño del penal y sus protocolos de operación ya han pasado por revisiones internas lideradas por especialistas del sistema penitenciario guatemalteco y por expertos extranjeros de agencias penitenciarias de Estados Unidos. Conforme a la evaluación de ambos equipos, la infraestructura cumple los requisitos para acceder a certificaciones internacionales consideradas esenciales para establecimientos de custodia de alto riesgo.
El ministro Sáenz recalcó la necesidad de preservar la dignidad humana durante todo el proceso: “No podemos tratarnos como seres infrahumanos, no podemos meter en un galpón a 200 gentes con un sanitario. Cuando perdemos esa empatía por el ser humano, ya no nos podemos llamar sociedad”.
Dentro del proyecto, las autoridades han asegurado que todo el proceso de construcción y operación se mantendrá conforme a las Reglas Nelson Mandela, con el propósito de asegurar el trato digno a las personas privadas de libertad.