La búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado interno en Guatemala persiste, a pesar de las décadas transcurridas desde el fin de la guerra. Mario Polanco, representante del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), advirtió que, incluso en 2026 y cerca de culminar la década, continúan surgiendo evidencias de delitos, vinculados al terrorismo de Estado y a los excesos cometidos por las fuerzas militares, en distintos puntos del país.
La localización de dos cementerios clandestinos este año subraya la magnitud y persistencia de la problemática en el país centroamericano. De acuerdo con Polanco, las recientes exhumaciones demuestran que Guatemala, en su totalidad, llegó a funcionar como un cementerio clandestino: “Todavía hay restos de muchas personas desaparecidas en estos cementerios clandestinos; toda Guatemala fue, en algún momento, un cementerio clandestino.” Estas fosas no solo se han detectado en departamentos más afectados durante el conflicto, donde predominan las comunidades indígenas, sino también en lugares considerados secundarios, como Chiquimula. El hallazgo reciente de dos osamentas en este departamento ha llamado la atención, ya que no se encontraba dentro de las zonas históricamente más golpeadas.
En enero de 2026, la Fiscalía de Derechos Humanos—con apoyo de la Fiscalía Regional Metropolitana y asistencia de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)—reportó la recuperación de 10 osamentas humanas en el departamento de Petén. Las autoridades atribuyeron estos restos al periodo del enfrentamiento armado, según los análisis preliminares. La localización ocurrió en el marco de exhumaciones iniciadas a finales de 2025, cuyo principal objetivo radica en esclarecer los crímenes cometidos y devolver los restos identificados a sus familiares.
Los especialistas de la FAFG aplicarán pruebas genéticas y estudios forenses avanzados para determinar la identidad de las víctimas y permitir la restitución digna de sus restos. La fiscalía confirmó que la búsqueda y exhumación proseguirán en Petén y otras regiones del país.
En febrero, la Agencia Fiscal de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, recibió una denuncia sobre un nuevo hallazgo en la aldea Colmenas del municipio de Jocotán, en Chiquimula. Allí, los denunciantes observaron una estructura de piedra con un agujero, conteniendo ropa, zapatos y restos óseos posiblemente humanos, que según la denuncia podrían pertenecer a personas desaparecidas durante el conflicto armado. Ante estos indicios, solicitaron autorización judicial para realizar la correspondiente diligencia de exhumación, nuevamente en coordinación con la FAFG. El objetivo es cotejar los posibles restos humanos con la base de datos nacional de ADN del banco genético de víctimas.
Según Polanco, el avance de estas búsquedas y exhumaciones no puede atribuirse al Estado, sino principalmente a organizaciones y la FAFG, que han mantenido la labor de recuperación y análisis. A su juicio, “El Estado sigue poco interesado; estas acciones generan cierto alivio a las familias, pues ayudan a cerrar algunas heridas al dar certeza sobre el paradero de los restos de sus seres queridos, aunque no representa una satisfacción total.” Añadió que la sociedad guatemalteca continúa presenciando “la revictimización y criminalización de los familiares de las víctimas”, ya que los desaparecidos siguen siendo presentados bajo sospecha o acusados de ser guerrilleros.
Polanco lamentó la falta de respuestas institucionales: “Se pensaba que el gobierno de Bernardo Arévalo iba a actuar, pero no ha hecho nada por las víctimas.” Señaló la prioridad otorgada por el Ejecutivo a ceremonias y eventos militares, relegando la atención a las familias, así como la ausencia de soluciones amistosas, incluso en los casos que recaen bajo responsabilidad estatal. Finalmente, criticó la inacción de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, que, según sus declaraciones, “no se atreve a hacer nada porque Bernardo no se lo permite”.