Las facturas de electricidad —históricamente ignoradas en las campañas electorales estadounidenses— se convirtieron en uno de los temas centrales de las elecciones de medio término de 2026, a medida que el alza sostenida de las tarifas residenciales y la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial pusieron bajo presión a reguladores, gobernadores y legisladores en todo el país.
Según datos de la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos, los precios residenciales de electricidad acumularon un incremento de más de 10% desde el 2025, superando el ritmo de aumento de otros bienes y servicios.
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En estados políticamente disputados como Ohio, Míchigan y Pensilvania —que también concentran buena parte del despliegue de nuevos centros de datos—, las tarifas crecieron hasta tres veces la tasa de inflación. En Ohio, el alza acumulada en dos años superó el 20%.
El malestar ciudadano ya se refleja en encuestas. Un sondeo de ABC News, The Washington Post e Ipsos encontró que el 57% de los estadounidenses considera que sus servicios públicos son inasequibles, frente al 45% que pensaba lo mismo en febrero de este año.
Las “utilities” solicitaron un récord de USD 31.000 millones en aumentos tarifarios ante los reguladores
Las empresas de servicios públicos —sometidas a regulación estatal— presentaron este año solicitudes de aumento de tarifas ante reguladores por un total que podría igualar el récord histórico de USD 31.000 millones registrado en 2025, una cifra que duplicó el récord anterior, según un relevamiento de PowerLines, organización sin fines de lucro que impulsa reformas en política regulatoria a favor de los consumidores.
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A eso se suma una proyección de inversiones de capital cercana a USD 1,3 billones en los próximos cinco años, según un análisis de S&P Global’s Regulatory Research Associates.
Buena parte de esa expansión está impulsada por la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial. Arizona Public Service, la mayor utility de Arizona, solicitó un aumento tarifario del 14%; Tucson Electric Power, la segunda en importancia, pidió un 13%.
En Luisiana, la Comisión de Servicios Públicos (PSC) ya aprobó tres plantas de gas natural para un megacomplejo de centros de datos de Meta valuado en USD 50.000 millones, con una capacidad total proyectada de 7,5 gigavatios, suficiente para abastecer siete veces a Nueva Orleans.
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Las comisiones reguladoras de nueve estados tienen escaños en juego en noviembre
Casi todos los estados donde los ciudadanos eligen directamente a sus reguladores de servicios públicos, tienen escaños en disputa en las elecciones de noviembre. En total, 19 cargos de comisiones de servicios públicos están en juego en nueve estados, entre ellos Georgia y Arizona, dos de los mercados de centros de datos con mayor crecimiento en el país.
Además, en los 36 estados donde se elige gobernador este año, el resultado definirá quién designa a los comisionados en las jurisdicciones donde esos cargos no son electivos.
Los comisionados de servicios públicos determinan cuánto pagan los usuarios por la energía y bajo qué condiciones los centros de datos se conectan a la red eléctrica. Charles Hua, director ejecutivo de PowerLines, describió la envergadura del momento en Politico: “Quien gane estas elecciones presidirá, posiblemente, el período más crítico para el sistema eléctrico desde su propia fundación”.
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Georgia fijó en 2025 el precedente que hoy replican otras contiendas estatales
El antecedente más influyente del ciclo electoral actual es el de Georgia. En 2025, la PSC del estado aprobó seis aumentos tarifarios en dos años, en gran medida para financiar los dos reactores nucleares de la planta Vogtle, el proyecto de infraestructura más costoso de la historia de Estados Unidos, con un costo final de USD 35.000 millones. Los hogares georgianos pagaron en promedio USD 516 más por año entre 2023 y 2025.
Ese contexto permitió a los demócratas derrotar a dos comisionados republicanos en una elección histórica. La victoria estableció un modelo que grupos progresistas y organizaciones ambientalistas buscan replicar en Arizona, Luisiana y Alabama, donde también hay escaños en juego este noviembre.
Como respuesta, la legislatura de Alabama —de mayoría republicana— modificó la estructura de su comisión reguladora antes de las elecciones: amplió el número de miembros de tres a siete e incorporó cuatro designaciones directas del gobernador, una medida que ya enfrenta impugnaciones judiciales.
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Gobernadores de varios estados intervinieron directamente sobre las tarifas antes de los comicios
La presión sobre las utilities no se limitó a las campañas. Varios gobernadores usaron su autoridad política para forzar cambios antes de las elecciones. En abril, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, logró que la empresa PECO Energy Company retirara su solicitud de aumento tarifario ante los reguladores estatales, un movimiento que, según su campaña, podría reducir las facturas futuras hasta USD 34 por mes.
Shapiro luego envió cartas a otros directivos del sector exigiendo cambios en la justificación de gastos y rendimientos sobre el capital invertido.
Jamie Van Nostrand, investigador senior del Centro Kleinman de Política Energética de la Universidad de Pensilvania y ex titular del Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts, señaló en Reuters que “los gobernadores están usando esta crisis de asequibilidad energética como una oportunidad para revisar en profundidad el modelo regulatorio de las utilities y evaluar si tiene sentido”.
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En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill había instalado el tema como eje de su campaña en 2025, con la promesa de congelar las tarifas, medida que aplicó el mismo día de asumir. Por parte de Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger tomó un camino similar. Ambas gestiones son hoy referencia para candidatos que buscan capitalizar el descontento en sus propios estados.
La industria advierte que limitar las tarifas puede comprometer la inversión en electricidad
Las empresas del sector alertan sobre las consecuencias de largo plazo de las intervenciones políticas sobre las tarifas. Drew Maloney, presidente del Instituto Edison Electric (EEI), organización que agrupa a las utilities privadas, sostuvo que “la red eléctrica es la máquina más grande de Estados Unidos y no funciona según los calendarios electorales”, en declaraciones a Reuters. Además, agregó: “Requiere inversión constante cada año para proveer energía confiable”.
La agencia calificadora Fitch degradó en junio la perspectiva del sector de utilities de América del Norte de “neutral” a “en deterioro”, al mencionar explícitamente la presión política de las elecciones de medio término para limitar tarifas y ganancias.
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Para una industria que planifica en décadas, las medidas de corto plazo orientadas al bolsillo de los hogares generan incertidumbre sobre el financiamiento de la expansión de la red que la propia demanda de los centros de datos hace necesaria.
El ejecutivo Hua anticipó que los efectos concretos de las elecciones sobre la regulación del sector recién se verán después de noviembre: “La sustancia real vendrá después de los comicios”.
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