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Estados Unidos lanza un programa de recompensas de hasta USD 30.000 para denunciantes de fraude federal

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, encabezó el anuncio en Minnesota, donde el FBI ejecutó 17 allanamientos simultáneos; las compensaciones se gestionarán por el portal oficial

La iniciativa del Departamento de Justicia busca acelerar las compensaciones a quienes aporten información clave que derive en cargos criminales. El anuncio coincide con la recuperación de más de USD 175 millones y nuevos allanamientos del FBI en Minnesota. (Fuente: Fox News)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos financió con USD 25 millones el nuevo Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude, que ofrece recompensas de entre USD 10.000 y USD 30.000 a quienes aporten información útil sobre irregularidades en programas federales. Las denuncias deberán canalizarse a través de un portal único: America.gov/fraud.

El anuncio tuvo lugar el viernes 30 de octubre en St. Cloud, Minnesota, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, encabezó una conferencia de prensa junto al director del FBI, Kash Patel, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson, y el fiscal general adjunto Colin McDonald.

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El portal centralizado America.gov/fraud reemplaza la red dispersa de canales de denuncia que operaban en las distintas agencias gubernamentales. (AP Foto/Alex Brandon)

Bessent afirmó que desde enero de 2025 el gobierno identificó más de USD 260.000 millones en fraude en todo el país.

Cómo funciona el programa de denuncias de fraude de Trump

El Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude es administrado por la División Nacional de Aplicación contra el Fraude del Departamento de Justicia (DOJ), con fondos iniciales aportados por el Tesoro. El esquema contempla pagos de entre USD 10.000 y USD 30.000 para quienes presenten información que derive en cargos criminales en las áreas cubiertas. Los montos se otorgan a discreción del DOJ.

El plan federal prioriza la detección de anomalías en guarderías, cuidados paliativos y en el programa de asistencia nutricional SNAP. (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)

A diferencia de los mecanismos anteriores, el programa no exige esperar a que un caso concluya con una condena para efectuar el pago: las recompensas se liberan una vez que se presentan los cargos. Esa diferencia con los sistemas tradicionales representa uno de los cambios estructurales más significativos de la iniciativa.

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Todas las denuncias deben presentarse a través del portal centralizado America.gov/fraud, que reemplaza la red dispersa de líneas de contacto que funcionaban en distintas agencias federales. El gobierno sostiene que la unificación del sistema facilita el acceso del público al reporte de irregularidades con fondos de los contribuyentes.

Qué tipos de fraude busca detectar el gobierno de Estados Unidos

El programa concentra su atención en sectores considerados de alto riesgo. Entre las áreas prioritarias se encuentran los cuidados paliativos, la atención médica domiciliaria, las guarderías, los servicios especiales y los beneficios federales en general.

El Departamento de Justicia libera los pagos a los informantes tras la presentación de cargos criminales y sin esperar una condena judicial.

En materia de asistencia social, el esquema cubre fraudes vinculados con el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, conocido como estampillas de alimentos), el seguro de desempleo y otros planes administrados por los departamentos de Agricultura, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Educación y Asuntos de Veteranos.

El primer pago público bajo el programa fue entregado al periodista independiente Nick Shirley, quien recibió USD 10.000 por su cobertura de un presunto fraude vinculado a centros de cuidado infantil en Minnesota que recibían subsidios federales, según detalla la misma fuente.

Las cifras que presentó Scott Bessent en Minnesota

Durante la conferencia de prensa en St. Cloud, Bessent expuso una serie de datos sobre las acciones del gobierno en materia de fraude desde el inicio de la administración. El secretario afirmó que el Tesoro devolvió USD 175 millones en pagos que habrían sido destinados a personas fallecidas, detuvo casi USD 190 millones en transacciones sospechosas y restituyó más de USD 100 millones a víctimas estadounidenses de fraudes originados en el exterior.

El Departamento del Tesoro destinó 25 millones de dólares para financiar el programa de recompensas a denunciantes de fraudes federales. (REUTERS/Brian Snyder)

Bessent también señaló que el gobierno evitó que USD 72.000 millones anuales llegaran a actores ilícitos e impulsó acciones de aplicación de la ley por casi USD 60.000 millones.

El secretario señaló que el Tesoro trabajó en coordinación con el IRS para articular las investigaciones. En su alocución, responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por la expansión del fraude en ese estado, al afirmar que los esquemas de fraude a escala industrial florecieron durante la gestión del gobernador demócrata.

Esa afirmación constituye una posición política del funcionario y no un hecho establecido judicialmente.

Las investigaciones y medidas del FBI anunciadas en Minnesota

Kash Patel informó durante el acto que el FBI ejecutó 17 órdenes de registro en Minnesota el jueves 29 de octubre, en el marco de una investigación que derivó en una acusación de 26 cargos contra cuatro personas por un presunto fraude superior a USD 41 millones. Se trata de acusaciones e investigaciones en curso; ninguno de los imputados ha sido declarado culpable.

El anuncio en Minnesota se enmarca en una ofensiva más amplia de la Casa Blanca contra el fraude en programas de asistencia federal y servicios de salud, liderada por el Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude encabezado por el vicepresidente JD Vance. El presidente Donald Trump y Vance presentaron formalmente el programa a principios de octubre en el Salón Oval.

En esa ocasión, Trump señaló que los denunciantes podrían recibir una comisión del 1% sobre los fondos recuperados en casos de gran escala y que él mismo resolvería disputas sobre la titularidad de las recompensas. Sin embargo, los lineamientos oficiales del programa establecen el rango mencionado anteriormente para denuncias que deriven en cargos criminales, sin referencia a comisiones porcentuales.

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