Una jueza de Estados Unidos negó este jueves la libertad bajo fianza al ex congresista republicano David Rivera, condenado en mayo por lavado de dinero y labores de cabildeo encubiertas durante el primer mandato del presidente Donald Trump a favor del régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
La jueza de Miami, Melissa Damian, determinó que Rivera, de 60 años, permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de sentencia, prevista para el 20 de julio, pese a que diversas figuras políticas y empresariales del sur de Florida ofrecieron respaldar una fianza millonaria.
La magistrada argumentó en su fallo que el ex legislador no demostró “que no representa un riesgo de fuga si es liberado en espera de la sentencia”. Los fiscales sostuvieron que Rivera mantiene “importantes vínculos y activos en el extranjero”, lo que incrementa el riesgo de que abandone el país.
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El caso generó repercusión nacional debido al testimonio del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, amigo personal de Rivera desde su paso conjunto por la Cámara de Representantes de Florida. Según documentos judiciales citados por EFE, la jueza fijó para el 19 de octubre el inicio de otro juicio con jurado contra Rivera por varios cargos adicionales relacionados con el expediente.
El condenado fue declarado culpable en mayo junto a la consultora política Esther Nuhfer de realizar actividades de lobby ilegal en nombre del régimen de Maduro, arrestada este año por Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo. Ambos enfrentaron juicio por no registrarse como agentes extranjeros y conspirar para cometer lavado de dinero derivado de un contrato de consultoría valorado en 50 millones de dólares.
Un jurado los encontró culpables de conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales. De acuerdo con la acusación, Rivera realizó gestiones políticas en Estados Unidos para favorecer los intereses del gobierno venezolano e influir en la política exterior de Washington hacia Caracas.
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La jueza enfatizó que las actividades internacionales atribuidas al ex congresista no podían quedar fuera de consideración al analizar la posibilidad de su liberación. Rivera podría enfrentar hasta diez años de prisión federal cuando reciba sentencia el próximo mes.
Entre junio de 2019 y abril de 2020, David Rivera ejecutó un plan para prestar servicios de consultoría y cabildeo a Raúl Gorrín, empresario venezolano sancionado en enero de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y quien enfrenta cargos criminales en ese país.
Raúl Gorrín, de 56 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, fue incluido en 2019 en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
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En representación de Gorrín, David Rivera intentó ejercer presión sobre funcionarios del Gobierno estadounidense, entre ellos un alto cargo del Poder Ejecutivo cuya identidad no fue revelada por la Fiscalía, con el objetivo de lograr que el empresario venezolano fuera retirado de la Lista SDN.
(Con información de EFE)