Estados Unidos anunció este miércoles una nueva flexibilización de las sanciones sobre Venezuela con el objetivo de facilitar inversiones y acuerdos comerciales entre empresas extranjeras y compañías controladas por el Estado venezolano. Los cambios se concentran en sectores clave como el petróleo, el gas natural, la petroquímica, la minería y la generación eléctrica, áreas consideradas fundamentales para reactivar la actividad económica del país.
Las nuevas disposiciones fueron publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y modifican aspectos centrales de las licencias emitidas este año.
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Hasta ahora, los acuerdos autorizados bajo las licencias estadounidenses debían estar regidos exclusivamente por leyes de Estados Unidos. Con la modificación anunciada este miércoles, los contratos podrán incorporar determinadas normas venezolanas relacionadas con la actividad económica desarrollada dentro del país.
Según la aclaración emitida por el Tesoro, se permitirá reconocer aspectos vinculados a permisos administrativos, concesiones, regulaciones laborales, normas ambientales, requisitos sanitarios y otras facultades regulatorias propias del Estado venezolano.
La decisión busca resolver uno de los principales obstáculos que habían surgido durante las negociaciones entre compañías energéticas y Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal que controla la producción de hidrocarburos en el país.
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Las autoridades estadounidenses también ampliaron las opciones para resolver controversias contractuales. Hasta ahora, los litigios debían tramitarse exclusivamente en territorio estadounidense. A partir de la modificación, las partes podrán recurrir además a tribunales o mecanismos de arbitraje ubicados en el Reino Unido, Francia o Singapur.
El Departamento del Tesoro mantuvo, sin embargo, una serie de restricciones destinadas a conservar el control sobre los flujos financieros asociados a estas operaciones. Las licencias establecen que los pagos dirigidos a personas o entidades bloqueadas deberán canalizarse a fondos supervisados por el gobierno estadounidense, salvo aquellos relacionados con impuestos, permisos o tasas locales.
Las modificaciones abarcan no solo al sector petrolero. También alcanzan actividades relacionadas con gas natural, petroquímica, electricidad y minerales venezolanos, incluido el oro. En este último caso, Washington actualizó una licencia específica para autorizar determinadas operaciones comerciales vinculadas con minerales extraídos en Venezuela.
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No obstante, las nuevas autorizaciones mantienen límites importantes. Las empresas beneficiadas podrán comprar, transportar, almacenar, exportar o comercializar minerales venezolanos, pero seguirán impedidas de participar directamente en actividades de exploración, extracción o desarrollo de nuevos proyectos mineros dentro del país.
Las licencias también excluyen cualquier operación vinculada con personas o empresas sujetas a sanciones individuales, así como transacciones relacionadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. De igual forma, se prohíbe la utilización de monedas digitales emitidas por el régimen venezolano y se mantienen restricciones sobre embarcaciones bloqueadas por las autoridades estadounidenses.
Otro punto incorporado por el Tesoro obliga a las empresas a reportar información detallada sobre las operaciones realizadas. Los informes deberán incluir las partes involucradas, volúmenes comercializados, precios, destinos finales de los productos y pagos efectuados a organismos del Estado venezolano.
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En el caso de los minerales, las compañías también tendrán que presentar documentación que permita rastrear el origen de los materiales y verificar la cadena de suministro.
La flexibilización ocurre en un momento en que diversas compañías energéticas evalúan ampliar su presencia en Venezuela. Varias empresas estadounidenses y extranjeras mantienen conversaciones con PDVSA para desarrollar nuevos esquemas de producción bajo las licencias otorgadas por Washington.
Las modificaciones forman parte del proceso de flexibilización impulsado por la Casa Blanca desde comienzos de este año. Desde enero, Washington ha introducido una serie de medidas destinadas a permitir una mayor actividad económica en sectores clave de Venezuela, aunque manteniendo mecanismos de supervisión sobre los ingresos generados por esas operaciones.
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En las últimas semanas, además, el régimen venezolano revisó algunos borradores de contratos de producción compartida después de que compañías del sector energético expresaran preocupaciones por determinadas cláusulas que consideraban incompatibles con las condiciones exigidas por las licencias estadounidenses.
(Con información de Reuters)
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