Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que habilitó al Gobierno de Estados Unidos a acordar con empresas tecnológicas una revisión previa de nuevos modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento público.
La versión final fijó una ventana de 30 días y dejó explícito que el esquema es voluntario, en un giro frente a la política de no intervención que la Casa Blanca había defendido para no frenar a las grandes tecnológicas en su competencia con China.
Según POLITICO, medio estadounidense, que citó a dos funcionarios de la Casa Blanca familiarizados con la discusión, el decreto se redujo de 90 días a 30 días respecto de un borrador anterior que Trump había estado a punto de firmar el 21 de mayo.
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Ese recorte destrabó resistencias internas y permitió que el presidente avanzara con la firma, que se realizó en privado.
La orden, titulada Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security(Promover la innovación y la seguridad de la inteligencia artificial avanzada) y publicada por la Casa Blanca, planteó como objetivo promover la innovación y la seguridad sin imponer un sistema de licencias u autorizaciones obligatorias para desarrollar o publicar modelos.
El texto sostuvo que las capacidades avanzadas de esta tecnología fortalecen al país, pero introducen consideraciones de seguridad nacional que exigen coordinación entre departamentos y agencias del poder Ejecutivo.
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Revisión voluntaria de modelos antes del lanzamiento
El decreto fijó plazos y tareas para reforzar la ciberdefensa de sistemas gubernamentales y para crear un centro de intercambio de información sobre vulnerabilidades.
También ordenó priorizar la persecución penal de delitos informáticos cometidos con apoyo de IA para anticipar riesgos antes de que herramientas más potentes se masifiquen.
De acuerdo con el contenido del decreto, el Gobierno diseñará un marco voluntario para que desarrolladores de modelos avanzados puedan dar acceso a ciertos sistemas durante un periodo de hasta 30 días antes de su liberación a otros socios de confianza.
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La orden describió ese acceso como sujeto a requisitos de confidencialidad, ciberseguridad, protección de propiedad intelectual y acuerdos de no divulgación.
El alcance de esa revisión quedó delimitado por una cláusula central: “Nada debe interpretarse como autorización para crear una exigencia obligatoria de licenciamiento, preaprobación o permisos gubernamentales para el desarrollo, la publicación o la distribución de nuevos modelos, incluidos los denominados modelos de frontera”.
Con esa frase, la Casa Blanca buscó remarcar que el esquema no equivale a un sistema de aprobación previa obligatorio.
El antecedente inmediato fue la cancelación, en mayo, de una versión más exigente que contemplaba una revisión de hasta 90 días. Según POLITICO, Trump frenó la firma prevista para el 21 de mayo luego de expresar preocupación por el efecto de la medida sobre la competitividad de las empresas estadounidenses.
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La discusión no se cerró: se reconfiguró y terminó con un texto más acotado, con eje en ciberseguridad y con una ventana temporal reducida.
En la antesala de la firma, Trump reunió en la Casa Blanca a funcionarios de su gabinete, entre ellos el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Defensa Pete Hegseth.
También participó David Sacks, quien había sido responsable de inteligencia artificial de la administración, según el texto fuente original y reconstrucciones publicadas en medios estadounidenses. En ese encuentro, el recorte del plazo de revisión funcionó como punto de consenso para avanzar.
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Un centro de intercambio de información bajo el Tesoro
El decreto encomendó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la creación de un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad para la inteligencia artificial, que el texto llamó “AI cybersecurity clearinghouse” (centro de intercambio de información de Ciberseguridad para la Inteligencia Artificial).
La orden estableció que deberá coordinar, en colaboración voluntaria con la industria y con operadores de infraestructura crítica, tareas de escaneo de vulnerabilidades, verificación de fallas y priorización de medidas correctivas.
La instrucción incluyó coordinación con el director nacional de Ciberseguridad, con el Departamento de Defensa “a través del director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)” y con el Departamento de Seguridad Nacional “a través del director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA)”, según el texto oficial.
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La arquitectura del mecanismo apuntó a reducir superposiciones entre actores y a ordenar el intercambio de hallazgos sobre fallas explotables.
La orden también fijó plazos administrativos vinculados a la defensa de sistemas gubernamentales. En un horizonte de 30 días, estableció que el Comité de Sistemas de Seguridad Nacional priorice la ciberdefensa de sistemas de seguridad nacional.
En el mismo plazo, dispuso que el Departamento de Seguridad Nacional, mediante CISA y en consulta con la Oficina de Administración y Presupuesto y el director nacional de Ciberseguridad, emita directivas operativas y guías para acelerar la protección de sistemas civiles federales.
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En ese marco, el decreto incluyó una línea de acción orientada a ampliar programas y servicios de ciberseguridad que incorporen herramientas defensivas habilitadas por IA.
También previó facilitar acceso a herramientas y servicios de ciberseguridad para agencias, autoridades estatales y locales, y operadores de infraestructura crítica, con menciones a hospitales rurales, bancos comunitarios y servicios públicos locales.
Modelos de frontera, comparación y socios de confianza
Otro eje del decreto fue la creación de un proceso de comparación para medir capacidades cibernéticas avanzadas de modelos de IA. La orden indicó que, dentro de 60 días, autoridades del Tesoro, del Departamento de Defensa y del Departamento de Seguridad Nacional deberán elaborar y mantener un proceso clasificado para determinar el umbral a partir del cual un modelo debe considerarse un “covered frontier model” (modelo de frontera cubierto), categoría prevista en el propio texto.
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Según la orden, la determinación de esa condición recaerá en el director de la NSA en consulta con el director nacional de Ciberseguridad, el asesor presidencial para Ciencia y Tecnología y la conducción de CISA, entre otros representantes.
El objetivo declarado fue contar con criterios para identificar modelos cuyo despliegue requiere resguardos adicionales por su potencial impacto en ciberseguridad.
El marco voluntario contempló tres vías de interacción con desarrolladores: que puedan consultar si un modelo en desarrollo califica como “covered frontier model” (modelo de frontera cubierto); que otorguen acceso al Gobierno por hasta 30 días antes de liberarlo a socios de confianza y que colaboren con el Ejecutivo para seleccionar esos socios con acceso temprano, con el argumento de promover innovación segura y fortalecer la ciberseguridad de infraestructura crítica.
Prioridad penal para delitos asociados al uso de IA
La orden incorporó un capítulo de aplicación penal. El texto dispuso que el fiscal general priorice la aplicación de leyes federales contra quienes utilicen inteligencia artificial para acceder de forma ilegal a computadoras o dañarlas sin autorización, y contra quienes usen IA mientras cometen ese acceso ilícito para facilitar otros delitos.
La directiva enumeró estatutos del Código de Estados Unidos y extendió esa prioridad a intrusiones en sistemas públicos o privados, incluida la utilización de agentes de IA para acceder a datos o información que luego se empleen con fines delictivos o ilícitos.
El documento presentó ese punto como parte de una estrategia para reforzar la respuesta estatal frente a actores criminales que incorporen automatización para escalar ataques.
La publicación del decreto dejó abiertos interrogantes operativos: qué compañías se sumarán al esquema voluntario, cómo se instrumentará el acceso a modelos, qué estándares se usarán en la evaluación clasificada y qué información se compartirá en el centro de intercambio del Tesoro.
La Casa Blanca, según reportes periodísticos citados por medios estadounidenses tras la firma, no ofreció detalles públicos inmediatos sobre la mecánica del proceso.