Una médica de California, Violetta Mailyan, fue declarada culpable por un jurado federal de ejecutar un fraude de USD 45 millones contra Medicare mediante la facturación falsa de inyecciones de Botox.
El veredicto se emitió en el Distrito Central de California e incluyó la presentación de reclamos por procedimientos inexistentes o sin justificación médica, además de la alteración de historias clínicas para obstaculizar la investigación, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
La mecánica del fraude con Botox y los pagos de Medicare
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Mailyan, de 45 años y residente de Glendale, dirigía Healthy Way Medical Center, una clínica que afirmaba ofrecer servicios de belleza y cosmética.
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De acuerdo con el Departamento de Justicia, Medicare solo reembolsa el Botox cuando es necesario para tratar casos documentados de migraña crónica. Aun así, la médica facturó miles de aplicaciones que no se realizaron, que tuvieron fines cosméticos o que no contaron con derivación del médico de atención primaria para tratar esa patología.
La investigación comenzó tras una derivación del equipo de análisis de datos de la sección de fraude sanitario del Departamento de Justicia. El equipo detectó que, en los cuatro años previos, Mailyan recibió más de USD 24 millones por aplicaciones de Botox: seis veces más que el siguiente grupo de prestadores con mayores pagos, todos neurólogos. Tal como afirmó el ente gubernamental, el accionar de la acusada constituía un “esquema de fraude generalizado y prolongado”.
Las pruebas incluyeron cobros con la clínica cerrada y un paciente en prisión federal
El juicio incorporó ejemplos concretos de facturación que los fiscales presentaron como fraudulentos. Según el Departamento de Justicia, Mailyan cobró aplicaciones de Botox mientras estaba de vacaciones en Cabo, México; Maui, Hawái; Las Vegas; Pensilvania; y Nueva York.
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Las pruebas también mostraron que la médica facturó una aplicación a un beneficiario de Medicare que en ese momento estaba encarcelado en una prisión federal. Además, presentó cobros por miles de inyecciones, equivalentes a más de USD 19 millones, supuestamente realizadas en días en que la clínica estaba cerrada.
Según el mismo expediente, algunas facturas se fecharon de manera retroactiva para aparentar que los tratamientos ocurrieron incluso antes de que los pacientes se comunicaran con la clínica para pedir un turno. Los fiscales sostuvieron además que se fabricaron registros médicos, incluidos formularios de consentimiento, para presentar a los pacientes como personas con migraña crónica tratadas en el consultorio.
El encubrimiento continuó cuando la investigación ya avanzaba. Tras recibir una citación de un gran jurado que exigía historias clínicas, Mailyan modificó registros de pacientes para aparentar que sí había administrado Botox por migraña crónica y entregó esos documentos alterados a agentes federales.
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El jurado avaló el decomiso de vehículos, cuentas y cuatro propiedades
El jurado también determinó que varios bienes quedaron sujetos a decomiso por ser producto del fraude. Entre ellos figuraron un Tesla Model X, un Tesla Cybertruck, USD 251.124 en varias cuentas bancarias, cuentas de corretaje valuadas en USD 7.312.037 al momento de la incautación y cuatro propiedades en Surfside y Glendale, California, con una plusvalía estimada conjunta de USD 7.343.636.
Parte del dinero obtenido a través del esquema se utilizó para pagar vacaciones en México, Hawái y otros destinos, y para comprar objetos de colección de lujo. La lista incluyó una ballesta del siglo XVII valorada en USD 12.000 y un retrato de Luis I, príncipe heredero de Baviera, de USD 3.000.
Mailyan fue declarada culpable de nueve cargos de fraude electrónico y tres cargos de obstrucción de una investigación penal sobre un delito sanitario. La audiencia de sentencia quedó fijada para el 10 de septiembre de 2026 y la médica enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y de cinco años por cada cargo de obstrucción.
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Scott J. Lampert, inspector general adjunto interino para investigaciones de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, señaló en el comunicado del Departamento de Justicia: “Que esta condena sirva de advertencia: cualquiera que abuse de su autoridad médica para defraudar a Medicare será descubierto y rendirá cuentas”. Lampert añadió que la conducta de la acusada implicó “flagrante traición a los pacientes y a la confianza pública”.