La antigua residencia de Marilyn Monroe en Los Ángeles volvió a centrar la atención pública tras un reciente fallo judicial que frenó temporalmente los planes de sus actuales propietarios. La pareja formada por Brinah Milstein y Roy Bank buscaba demoler la vivienda ubicada en Brentwood, pero un juez federal desestimó su demanda, argumentando que no lograron demostrar una “expropiación inconstitucional” a manos de la ciudad. Este revés judicial representa un punto de inflexión en la disputa sobre el futuro del inmueble donde falleció la célebre actriz.
Los propietarios habían adquirido la propiedad en 2023 con un objetivo claro: demoler la estructura existente para dar paso a nuevos planes. Según consta en la demanda, destinaron 8,35 millones de dólares a la compra y otros 30.000 dólares para obtener los permisos de demolición y nivelación, trámites que en principio contaron con la aprobación municipal. Sin embargo, el proceso se enturbió cuando, el 8 de septiembre de 2023, el Ayuntamiento aprobó una moción para considerar la casa como monumento histórico, en una decisión que, según los demandantes, se tomó sin previo aviso. Esta moción se formalizó en junio de 2024, en claro desacuerdo con los deseos de los nuevos dueños.
En la demanda interpuesta en enero, la pareja acusó a la ciudad de Los Ángeles y a la alcaldesa Karen Bass de arrebatarles su propiedad “sin ningún propósito público ni justa compensación”. Argumentaron que la aplicación de la ordenanza de “Monumento Histórico-Cultural” supuso, en la práctica, una expropiación que vulneró sus derechos constitucionales. Entre los puntos centrales de su alegato, los propietarios subrayaron que la vivienda había sido modificada en múltiples ocasiones durante más de seis décadas y que ya no quedaba ningún vestigio de la breve estancia de Monroe en el lugar. El núcleo de su reclamo radicaba en que la ciudad, al cambiar el estatus de la casa, había frustrado su legítimo interés privado.
PUBLICIDAD
La designación de la casa como monumento histórico marcó un antes y un después. Según la denuncia, la decisión fue adoptada de forma sorpresiva y sin consulta previa, lo que generó un conflicto abierto entre las autoridades municipales y los propietarios. La moción, finalmente aprobada en junio de 2024, convirtió la residencia en un sitio protegido, imposibilitando la demolición pretendida. Esta protección legal se extendió a pesar de las objeciones de Milstein y Bank, quienes sostenían que la estructura original había sido alterada por anteriores dueños y que el valor histórico estaba, a su juicio, en entredicho.
La historia de la casa suma un peso simbólico ineludible. Construida en 1929 con un marcado estilo colonial español, la propiedad fue adquirida por Marilyn Monroe en febrero de 1962, poco después de su separación del dramaturgo Arthur Miller. La legendaria actriz residió en la vivienda durante unos seis meses. El desenlace trágico llegó en agosto de 1962, cuando Monroe fue hallada muerta a los 36 años. El informe del forense determinó que la causa fue una intoxicación aguda por barbitúricos, producto de la ingesta de Nembutal y hidrato de cloral, fármacos utilizados para tratar la ansiedad y como sedantes, respectivamente. Oficialmente, las autoridades catalogaron el fallecimiento como una sobredosis y probable suicidio. Desde entonces, la casa quedó asociada de forma indeleble a la figura de Monroe, aunque ha sido objeto de numerosas reformas.
La declaración de monumento histórico generó consecuencias inmediatas para los actuales dueños. Argumentan que la nueva condición de la vivienda disparó el turismo en la zona, atrayendo a curiosos y seguidores de la actriz. Según su relato, esta afluencia masiva ha provocado problemas de seguridad, forzándolos a contratar vigilancia privada para protegerse de los intrusos. Acusan al Ayuntamiento de haber “invitado y alentado a sabiendas” a los visitantes, lo que alteró la tranquilidad del entorno residencial.
PUBLICIDAD
El juez Percy Anderson, encargado del caso, fundamentó su decisión en la falta de pruebas aportadas por los demandantes. En la resolución dictada el 6 de mayo, concluyó que la pareja no logró establecer una demanda viable por expropiación, pues no presentaron ejemplos concretos de que la ciudad hubiera autorizado o promovido el acceso del público a la propiedad. Además, subrayó que los propietarios eran conscientes tanto de la conexión histórica con Monroe como de las regulaciones municipales vigentes, y recordó que, pese a las modificaciones sufridas por la vivienda a lo largo de los años, ningún dueño anterior había optado por la demolición total. En este sentido, desestimó que los planes de la pareja fueran objetivamente razonables en el contexto planteado.
A pesar del fallo adverso, el tribunal dejó abierta una puerta: los demandantes cuentan con plazo hasta el 26 de mayo para presentar una versión enmendada de su demanda. Si no lo hacen, el sobreseimiento podría consolidarse. El abogado J. David Breemer, representante legal de la pareja y miembro de la Pacific Legal Foundation, expresó su sorpresa ante la decisión judicial y anticipó que continuarán la batalla en los tribunales. En palabras de Breemer, la Quinta Enmienda exige una compensación justa cuando el gobierno toma control o disminuye el valor de una propiedad, independientemente de que se trate de monumentos públicos, y sostuvo que Los Ángeles no puede eludir ese principio.