La vulnerabilidad de quienes enfrentan la incertidumbre migratoria se ha convertido en terreno fértil para defraudadores que, mediante falsos tribunales, audiencias ficticias y la suplantación digital de abogados, se apropian de sumas millonarias y provocan en muchos casos la deportación de sus víctimas.
De acuerdo con ABC News, las técnicas empleadas por los estafadores incluyen el uso de inteligencia artificial para simular juicios virtuales, la elaboración de documentos falsos supuestamente emitidos por entidades como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el aprovechamiento de redes sociales, especialmente WhatsApp y Facebook, para captar víctimas.
Jaime Barrón, abogado de inmigración licenciado en Texas, advirtió en diálogo con Univisión que, a través de plataformas digitales, los criminales manipulan voces e imágenes, lo cual permite que una persona crea estar en comunicación con un abogado legítimo cuando, en realidad, interactúa con una construcción falsa de inteligencia artificial.
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Historias de víctimas: estafas migratorias y sus consecuencias
Edith, ciudadana estadounidense originaria de Guatemala entrevistada por ABC News, recurrió a las redes sociales en busca de ayuda legal tras la detención de su esposo, Dimas, en marzo. Vendió su vehículo y agotó sus ahorros para pagar a una supuesta abogada de Florida que, tras recibir pagos escalonados (USD 500, 600, 1.750 y hasta 4.000 por fianza, peticiones y copias de formularios) desapareció antes de la audiencia judicial.
Edith perdió más de USD 10.000 y su marido fue deportado a Guatemala el 28 de abril. Sin recursos, ella contempla reunirse con él en su país de origen.
En Nueva York, Odalys González Silvera, venezolana de 61 años y residente legal, relató que fue víctima de un fraude migratorio cuando buscaba liberar a un familiar detenido en Arizona. A través de un anuncio en Facebook, contactó a una supuesta firma, Berman & Associates, cuyo aparente abogado prometió una solución en quince días, reportó NBC News.
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Durante semanas, González transfirió a los estafadores un total de USD 5.488 mediante Zelle y otros medios de pago, hasta que le solicitaron un pago adicional de USD 1.241 para supuestos sellos fiscales vinculados al régimen venezolano. Su desconfianza surgió al notar que “Venezuela no tiene representación diplomática en Estados Unidos”, pero para entonces el dinero ya se había perdido.
El medio Noticias Telemundo recabó otros testimonios, como el de Brayan López, mexicano residente en Detroit, quien fue estafado por un falso abogado que simuló una “audiencia” por WhatsApp con decorados de oficina oficial y perdió USD 1.300. Julián Jiménez, colombiano en Florida, entregó USD 4.500 a un grupo que suplantó la identidad de Catholic Charities. Rogelio Martín Morales, guatemalteco en Iowa, perdió cerca de USD 11.000 a una red que simuló procedimientos judiciales virtuales.
En todos los casos, las plataformas digitales funcionaron como canal de acceso y, en la mayoría de veces, el miedo a represalias disuadió la denuncia ante las autoridades.
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Tecnología y cierre de vías legales: el escenario ideal para los estafadores
La combinación de tecnología avanzada y el temor de los migrantes ante el endurecimiento de las políticas de deportación ha impulsado el auge de estas estafas. ABC News cita a Jorge Rivera, abogado de inmigración en Florida, quien estima que este tipo de esquemas constituye ya una “industria multimillonaria”, impulsada por el cierre de vías legales y el aumento de negativas en los trámites migratorios durante la segunda administración de Trump. “Esta es la tormenta perfecta para los criminales”, afirmó el abogado.
Por su parte, Jamie Barrón detalló a Univisión que los estafadores falsifican páginas de despachos legales en redes sociales y contactan directamente a posibles clientes. Por este motivo, el letrado explicó: “Nosotros tenemos nuestra página de Facebook y como negocio nunca agregamos a nadie ni contactamos directamente a alguien. El cliente tiene que hacer contacto con nosotros”.
Organizaciones de apoyo a migrantes también han sido blanco de suplantación. Kevin Brennan, vicepresidente de relaciones mediáticas de Catholic Charities, señaló a ABC News que durante el último año aumentaron los casos de individuos que se hacen pasar por entidades que ofrecen servicios legales y solicitan dinero de manera fraudulenta. Brennan lamentó: “Es desgarrador ver cómo personas necesitadas que buscan ayuda son víctimas de estafadores y delincuentes de una manera tan terrible”.
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USCIS intensifica acciones contra el fraude migratorio
En respuesta a la escalada de fraudes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), a través de su portavoz Matthew J. Tragesser, aseguró a Noticias Telemundo que la agencia ha declarado una “guerra total contra el fraude migratorio en todas sus formas”.
De acuerdo con NBC News, al menos cinco personas fueron procesadas en Nueva York en febrero de 2026 por hacerse pasar por jueces, agentes y abogados de inmigración. Según la investigación, el grupo actuaba a través de Facebook y se detectaron transacciones fraudulentas que superaron los USD 100.000.
En Orlando, otros cuatro individuos enfrentan cargos por crear un falso despacho de abogados y extorsionar por varios millones de dólares; los procesados aguardan su declaración formal.
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Indicadores de fraude y recomendaciones de profesionales
Las víctimas de estas estafas, más allá de las pérdidas económicas, pueden enfrentar consecuencias legales graves, incluida la deportación. Por este motivo, resulta imprescindible verificar la licencia y el estatus profesional de un abogado mediante las páginas oficiales de los colegios estatales.
La vulnerabilidad digital se intensifica por el uso de sistemas de pago como Zelle, Venmo o PayPal, que carecen de los mecanismos de protección propios de los bancos. Jacqueline Watson, vicepresidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, advirtió a Noticias Telemundo: “Si alguien que dice ser abogado te pide dinero de esa manera, es una señal de alerta”.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó a ABC News que también están “haciéndose pasar por ICE y USCIS para engañar a la gente y obtener dinero o información personal”. De este modo, alertan que ningún funcionario de inmigración legítimo contactará a solicitantes de manera inesperada para exigir dinero ni aceptará pagos por criptomonedas o tarjetas de regalo.
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Asimismo, Barrón recomienda recurrir a métodos tradicionales para reducir los riesgos: acudir presencialmente a las oficinas de los abogados, comunicarse mediante los números de contacto publicados en páginas web oficiales y desconfiar de promesas de soluciones fáciles, inmediatas y económicas.
“Si dos o tres abogados han desestimado la viabilidad del caso y alguien aparece ofreciendo una solución simple y barata, desconfíen y busquen otra opinión”, advirtió el especialista en Univisión.