La contratación de un abogado de inmigración en Estados Unidos exige una verificación rigurosa para evitar fraudes o asesorías deficientes. Es fundamental confirmar que el profesional seleccionado sea un abogado legítimo y autorizado para ejercer en asuntos migratorios, a fin de proteger los intereses del solicitante y asegurar la validez de los trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Quiénes pueden representar legalmente en temas migratorios
Según el portal oficial del USCIS, una persona puede presentar los formularios migratorios por su cuenta, aunque muchas optan por contar con representación legal.
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La agencia aclara que únicamente dos tipos de profesionales están autorizados para representar legalmente a los solicitantes:
- Abogados miembros en regla de un colegio de abogados estadounidense.
- Representantes acreditados por la Oficina de Programas de Acceso Legal del Departamento de Justicia (DOJ) que trabajen para organizaciones reconocidas por esa entidad.
Cómo verificar la legitimidad del abogado
El primer paso para verificar la legitimidad de un abogado de inmigración es solicitar su nombre completo y su número de registro profesional, conocido como bar number o bar ID. Este identificador único, asignado por la autoridad competente de cada estado, confirma la autorización del profesional para ejercer la abogacía.
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La segunda etapa consiste en consultar el estatus profesional del abogado de manera independiente. Cada estado en Estados Unidos dispone de un sitio web oficial donde se puede verificar si una persona figura como abogada habilitada.
En estos portales, es necesario ingresar el nombre o el número de licencia del profesional para comprobar si está habilitado, si su licencia está activa y si ha sido objeto de sanciones o suspensiones disciplinarias.
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Verificación adicional para representación ante cortes de inmigración
En los casos de representación ante cortes de inmigración, el profesional debe figurar en los registros de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), organismo dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Esta entidad mantiene una lista de personas expulsadas, inhabilitadas o suspendidas para ejercer ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Si un abogado aparece en esa lista y la última columna indica “No”, significa que no está autorizado para brindar asesoría legal. En situaciones en que un abogado declare haber sido readmitido tras una sanción, es recomendable solicitar la orden de readmisión emitida por la EOIR como respaldo documental.
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Recursos oficiales para encontrar asesoría legal autorizada
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ofrecen recursos adicionales para quienes buscan asesoría migratoria confiable.
La American Bar Association publica guías estatales para localizar abogados, mientras que el DOJ mantiene una lista de organizaciones reconocidas y representantes acreditados, así como de abogados que prestan servicios gratuitos o de bajo costo en temas migratorios. Estas herramientas facilitan la selección de profesionales autorizados y contribuyen a evitar contrataciones riesgosas.
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A su vez, el proceso formal exige que el representante legal autorizado presente el Formulario G-28, denominado Notificación de Comparecencia como Abogado o Representante Acreditado, junto con la solicitud, petición o apelación migratoria correspondiente. El USCIS garantiza que toda la información sobre el caso es enviada tanto al solicitante como a su abogado o representante.
Advertencia sobre notarios y señales de alerta
El organismo destaca la importancia de evitar a notarios públicos, consultores de inmigración o empresas que se autodenominan “notarios”, ya que en Estados Unidos estos no están autorizados para ejercer funciones legales salvo que sean abogados o representantes acreditados por el Departamento de Justicia.
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El término “notario” suele asociarse a la abogacía en otros países, pero en el contexto estadounidense no implica formación ni autorización legal para asesorar en materia migratoria. El USCIS advierte sobre el riesgo de fraudes, estafas y pérdida de derechos al confiar en personas no autorizadas.
Entre las señales de alerta que pueden indicar una posible estafa o falsedad profesional se encuentran la imposibilidad de localizar el nombre del abogado en los registros oficiales, la existencia de licencias inactivas o suspendidas, discrepancias en los nombres proporcionados, la evasión de preguntas sobre la acreditación y la negativa a presentar pruebas documentales.
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