El Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada del jueves una resolución presupuestaria que allana el camino para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza sin necesidad de votos demócratas, en el primer paso formal para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cerrado desde mediados de febrero. La votación, celebrada a las 3:30 de la madrugada tras una sesión de casi seis horas, arrojó un resultado de 50 votos a favor y 48 en contra.
El mecanismo utilizado es la conciliación presupuestaria, un procedimiento excepcional que permite aprobar legislación con mayoría simple en el Senado, eludiendo el filibusterismo que obliga habitualmente a los republicanos a reunir 60 votos. El partido solo controla 53 escaños.
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La resolución instruye a los comités de Seguridad Nacional y Justicia a redactar una ley que autorice hasta 70.000 millones de dólares para ambas agencias durante los tres años restantes del mandato de Donald Trump. El líder de la mayoría, John Thune, senador por Dakota del Sur, la calificó como el inicio de un proceso de varios pasos para garantizar la seguridad fronteriza sin ceder a las condiciones demócratas.
Dos senadores republicanos —Lisa Murkowski, de Alaska, y Rand Paul, de Kentucky— se sumaron a los demócratas en el voto en contra. Para que el proyecto de ley final prospere, los republicanos no podrán perder más de tres de sus 53 miembros.
El cierre del DHS se prolonga desde el 14 de febrero, cuando expiró la financiación del departamento sin acuerdo entre los partidos. La crisis tuvo su detonante en enero, cuando agentes federales de inmigración abatieron a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, dos ciudadanos estadounidenses cuyas muertes desencadenaron protestas y endurecieron la posición demócrata. Los legisladores condicionaron desde entonces cualquier financiación del DHS a reformas en las tácticas de las redadas migratorias: la exigencia de órdenes judiciales para entrar en domicilios privados, el uso de cámaras corporales y la prohibición de operaciones en entornos sensibles como escuelas y hospitales.
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Las negociaciones bipartidistas no prosperaron. En marzo, el Senado aprobó por aclamación una ley para financiar el resto del DHS —incluidas la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y la Agencia de Ciberseguridad—, dejando fuera al ICE y a la Patrulla Fronteriza. La Cámara de Representantes se negó a tramitarla, al sostener que no respaldaría ningún proyecto sin fondos para la aplicación migratoria. El impasse se mantuvo mientras las colas se alargaban en varios aeropuertos y Trump recurría a decretos para sostener los salarios del personal. El secretario Markwayne Mullin advirtió esta semana que los fondos podrían agotarse antes de que concluya mayo.
Durante la sesión nocturna, los demócratas presentaron enmiendas para ligar el proceso presupuestario a recortes en el gasto sanitario, en un intento de contrastar políticamente con los republicanos a ocho meses de las elecciones de mitad de mandato. El líder de la minoría, Chuck Schumer, de Nueva York, cuestionó las prioridades del partido contrario. Los republicanos rechazaron todas las propuestas. El senador John Kennedy, de Luisiana, frenó brevemente las votaciones al exigir que la ley incorporara la SAVE America Act —que exige prueba de ciudadanía para votar—, pero finalmente retiró sus objeciones.
La resolución pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde Mike Johnson no ha precisado cuándo tramitará este texto ni el que financia el resto del DHS. Los republicanos aspiran a tener ambos proyectos sobre el escritorio de Trump antes del 1 de junio. Thune reconoció tras la votación que otras agencias podrían quedarse sin fondos antes de que concluya el proceso de conciliación, una advertencia que revela cuánto terreno político queda aún por negociar.
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