La Administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su estrategia de blindaje fronterizo, esta vez centrándose en el control administrativo de los visitantes legales. El Departamento de Estado anunció este miércoles la incorporación de 12 nuevos países a un programa de fianzas obligatorias para solicitantes de visa, elevando a 50 el total de naciones bajo esta restricción. A partir del próximo 2 de abril, ciudadanos de países como Nicaragua, Georgia o Etiopía deberán depositar garantías de hasta 15.000 dólares antes de pisar suelo estadounidense, una medida que redefine el acceso al país bajo criterios estrictamente económicos y de riesgo migratorio.
El mecanismo, que se implementó inicialmente el año pasado, tiene como objetivo declarado combatir el fenómeno del overstay: personas que ingresan legalmente con visas de turismo o negocios, pero que no abandonan el país al expirar su permiso. Según el aviso oficial, los montos de las fianzas —fijados en 5.000, 10.000 o 15.000 dólares— quedarán a discreción del funcionario consular, quien evaluará las circunstancias particulares de cada solicitante. Este depósito se reembolsa íntegramente si la visa es denegada o si el visitante cumple rigurosamente con los plazos de salida estipulados.
La ampliación del listado refleja una geografía de la desconfianza migratoria que afecta principalmente a naciones en vías de desarrollo. Entre los nuevos integrantes destacan Camboya, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez, además de la ya mencionada Nicaragua. Esta última incorporación resulta especialmente significativa en el contexto centroamericano, donde la presión migratoria hacia el norte ha sido una constante tensión política para Washington. Al incluir a Nicaragua, la administración envía una señal clara de que la vigilancia no se limita a la frontera física, sino que comienza en los consulados.
El Departamento de Estado defiende la eficacia de esta política basándose en resultados preliminares. Según datos oficiales, casi el 97% de las aproximadamente 1.000 personas que ya han pasado por este proceso cumplieron con los términos de su estancia y abandonaron el país a tiempo. Para el Gobierno, esta cifra justifica la expansión del programa como una herramienta “disuasoria y efectiva” para reducir la inmigración irregular que se origina por vías legales, un flanco que a menudo queda fuera de los titulares centrados en los cruces fronterizos terrestres.
Sin embargo, la medida no está exenta de críticas por su carácter excluyente. Al exigir sumas que superan con creces el ingreso anual per cápita de muchos de los países afectados, el programa de fianzas actúa de facto como un filtro de clase. En naciones como Etiopía o Lesoto, el depósito de 15.000 dólares representa una barrera infranqueable para la mayoría de la población.
El despliegue cronológico del programa ha sido incesante desde finales de 2025. Países como Gambia, Zambia o Tanzania fueron de los primeros en experimentar estas restricciones, seguidos por una oleada masiva en enero de 2026 que incluyó a gran parte de África Occidental y el Caribe. Con la entrada en vigor de los nuevos 12 países en abril, Washington consolida un sistema de “visas garantizadas” que busca externalizar la responsabilidad del control migratorio al propio ciudadano, utilizando el patrimonio personal como fianza de su retorno.