En el sur de Texas, la reciente votación del Distrito Escolar Independiente de Point Isabel ha captado la atención de una comunidad acostumbrada a luchar por sus intereses locales. La decisión de rechazar una exención fiscal de 160 millones de dólares solicitada por Texas LNG, una compañía energética con sede en Houston, no solo supone la renuncia a 15 millones de dólares para el distrito, sino que representa un nuevo capítulo en una historia de resistencia ciudadana frente a grandes empresas. El proyecto de Texas LNG busca levantar una terminal de exportación de gas natural licuado en el puerto de Brownsville, una obra que desde su anuncio ha generado controversias y debates en el área de Laguna Madre.
La votación que se realizó el pasado lunes 2 de marzo por la Junta Directiva del distrito escolar culminó en un rotundo “no” a la propuesta de la empresa. El acuerdo presentado por Texas LNG pretendía que el distrito limitara temporalmente el valor imponible de ciertas propiedades, lo que habría representado una considerable reducción de impuestos para la compañía. Esta solicitud se planteó bajo el nuevo marco legal de la Ley de Empleo, Energía, Tecnología e Innovación de Texas, siguiendo una tendencia de grandes corporaciones energéticas que buscan incentivos fiscales para desarrollar megaproyectos en zonas estratégicas del estado.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido la noche del lunes, las autoridades escolares fundamentaron su decisión en la protección de los intereses del distrito y de sus contribuyentes: “La Junta determinó que el acuerdo no era lo mejor para el distrito y sus contribuyentes en este momento”. Esta declaración resume la postura de un cuerpo directivo que, en medio de una región donde más de una cuarta parte de la población vive en condiciones de pobreza o cerca de ellas, optó por priorizar el bienestar a largo plazo sobre la inyección inmediata de fondos.
Oposición local y antecedentes de rechazos previos a empresas de GNL
La postura del distrito escolar no surge de la nada. En el Valle del Río Grande, los habitantes han mantenido una oposición constante y organizada frente a la llegada de grandes proyectos industriales, especialmente aquellos vinculados con el gas natural licuado (GNL). Texas LNG es solo una de las dos compañías que buscan establecer enormes instalaciones en el puerto de Brownsville, en una zona considerada ecológicamente frágil y cercana a comunidades como Port Isabel y South Padre Island. Rio Grande LNG, la segunda empresa, ya ha avanzado más del 50% en la primera fase de una planta valorada en 18.000 millones de dólares.
La resistencia vecinal no se limita al ámbito social, sino que ha llegado tanto a las salas de juntas como a los tribunales. Desde 2015, fecha en que las empresas energéticas iniciaron sus gestiones en la región, la comunidad ha mantenido su negativa a conceder beneficios fiscales a cambio de la promesa de inversión y empleo. Esta lucha, que ya abarca una década, ha tenido momentos emblemáticos: en 2015, el distrito escolar fue el primero en Texas en rechazar una propuesta similar bajo el entonces vigente Capítulo 313, que ofrecía un subsidio estatal de impuestos corporativos por 10.000 millones de dólares. Aquella vez, la solicitud provenía de Annova LNG, y su desestimación supuso la renuncia a 3 millones de dólares para el distrito.
En 2016, la historia se repitió cuando la Junta Directiva volvió a votar en contra de una solicitud presentada por Rio Grande LNG. En 2022, la primera petición de exención fiscal de Texas LNG corrió la misma suerte. El reciente rechazo representa el segundo intento fallido de la compañía bajo un marco legal diferente, evidenciando la coherencia y perseverancia de la posición local.
Argumentos de los residentes y ambientalistas contra las exenciones fiscales
Detrás de cada votación y comunicado oficial, hay una comunidad movilizada y voces como la de Bekah Hinojosa, portavoz de la Red de Justicia Ambiental del Sur de Texas. Hinojosa resume en pocas palabras el sentir colectivo: “Han pasado 10 años, 10 años simplemente insistiendo e instando a la junta escolar a seguir votando no. La realidad es que no nos vamos a ir”. Para los residentes, la lucha no es solo económica, sino también ambiental y social.
La principal crítica de los opositores a los proyectos de GNL reside en la utilidad real de las exenciones fiscales. Sostienen que estas reducciones impositivas son innecesarias para atraer a empresas que, en realidad, ya han mostrado su decisión de operar en la zona. “No tienen planes de construir en ningún otro lugar… Entonces, esta idea de que necesitan reducciones de impuestos para construir aquí es, quiero decir, una estafa empresarial”, afirma Hinojosa.
Los ambientalistas argumentan que muchos gobiernos locales sucumben a la presión de las grandes corporaciones ofreciendo incentivos que, en última instancia, no benefician a la población ni generan un desarrollo sostenible. Citan como ejemplo la presencia de empresas como SpaceX, que también eligió instalarse en la región sin necesidad de recibir incentivos fiscales sustanciales. Para este sector de la comunidad, cada rechazo representa una pequeña victoria contra prácticas que consideran perjudiciales para el entorno y los recursos públicos.
Reacción de Texas LNG ante la decisión del distrito escolar
Frente a la negativa de la Junta Directiva, la reacción de Texas LNG fue inmediata. La empresa expresó su decepción por la decisión, subrayando la pérdida de 15 millones de dólares en ingresos potenciales para los estudiantes del distrito. A través de un portavoz, la compañía cuestionó la lógica económica detrás del rechazo: “No entendemos cómo los líderes de la junta escolar pudieron tomar tal decisión. No hay ningún beneficio económico racional para esta votación, que debería centrarse en beneficiar a los estudiantes”.
El pronunciamiento de Texas LNG pone de relieve la tensión entre las promesas de desarrollo económico y las prioridades locales de protección social y ambiental. La empresa sostiene que los fondos ofrecidos habrían representado una mejora directa para la educación en la región, un argumento que no logró revertir la firme oposición de la comunidad y sus representantes escolares.