Unas 66.000 personas viven sin techo de manera silenciosa en el condado de Miami-Dade, una cifra que multiplica por 20 el número oficial de personas consideradas “sin hogar” por las autoridades y revela la magnitud de una crisis habitacional mucho mayor que la admitida en las estadísticas.
Este fenómeno, conocido como “homelessness oculta”, engloba a miles de familias y menores que carecen de una vivienda estable, pero quedan fuera de los programas de ayuda por no ajustarse a la definición federal de “persona sin hogar”. El antropólogo y escritor Brian Goldstone ofreció en entrevista con el Miami Herald un retrato de esta población invisible y sus consecuencias sobre las políticas públicas, en un contexto de desarrollo urbano acelerado.
“Estoy hablando de una población que podría llenar el Hard Rock Stadium y más”, afirma Goldstone sobre la dimensión del fenómeno. “Si las incluyéramos como ciudad, sería la séptima más grande del condado”. Según detalla al Miami Herald, los afectados sobreviven semanas —a veces días— en hoteles de estancia prolongada, casas de familiares o vehículos, esforzándose cada jornada por no acabar definitivamente en la calle.
El especialista señala las limitaciones del sistema estadounidense para reconocer a quienes no cumplen la definición legal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), restringida solo a quienes están en refugios o viven directamente en la vía pública. “Trato de mostrar cómo estas familias entran en lo que llamo un reino en la sombra: hoteles, autos, apartamentos saturados. No solo son invisibles; también quedan excluidas de servicios esenciales porque no encajan en la definición oficial”, indica.
“He llegado a pensar que lo único peor que ser una persona sin techo en este país es no lograr esa denominación y, por esa razón, quedar fuera de recursos críticos”.
Factores que empujan a las familias fuera de sus hogares
Las causas iniciales de la expulsión rara vez son dramáticas; suelen ser rutinarias, como que un arrendador decida vender la propiedad o negarse a renovar un contrato. “El primer dominó que cae suele ser algo cotidiano”, explica Goldstone al Miami Herald.
Expone el caso de una pareja y sus tres hijos, quienes perdieron la estabilidad tras años de arrendamiento cuando no les renovaron el contrato. “Pensaban que estaban seguros, pero de un día para otro, al no renovárseles el contrato, perdieron su hogar aunque fueran inquilinos ejemplares”.
También relata otro caso: “Cara, madre soltera, perdió su apartamento porque el dueño no quiso arreglar el calentador de agua. Tras semanas sin poder bañar a sus hijos, decidió no pagar el alquiler y terminó siendo desalojada”. De acuerdo con Goldstone, situaciones como esta pueden marcar el inicio de un descenso difícil de revertir.
El impacto de la exclusión en el acceso a vivienda asequible
Un desalojo, indica el antropólogo, deja una marca persistente. “Coloca sobre la persona una ‘E’ escarlata”, señala Goldstone. “Para cualquier arrendador, ante dos candidatos, uno con historial de desalojo y otro sin él, no va a elegir al primero”.
La pérdida de vivienda afecta gravemente el puntaje crediticio, lo que vuelve casi imposible volver al mercado formal de alquiler. “Ese número de tres cifras se ha convertido en la llave para acceder a lo más básico: un techo”.
Cuando el puntaje baja de cierto nivel, “te unes a la clase excluida por historial crediticio”, y quedan como únicas alternativas mercados informales con frecuencia precarios.
Vivir en hoteles: precariedad y estrés crónico en menores
Las opciones frecuentes, advierte Goldstone, son hoteles de estancia prolongada, donde las condiciones resultan duras y costosas. “La gente termina pagando el doble respecto a lo que gastaban en un apartamento, compartiendo espacios diminutos con sus hijos”, describe en entrevista con el Miami Herald.
“El hotel donde pasé más tiempo, Efficiency Lodge, ni siquiera tenía césped: solo hormigón y habitaciones en estado deplorable — techos con filtraciones, ratas, moho negro, cableado defectuoso, cucarachas”.
Goldstone alerta sobre el daño invisible: “Los niños que crecen aquí están sometidos a un estrés tóxico y crónico que puede alterar su desarrollo cerebral”. Además del hacinamiento y la incertidumbre — “¿Podré quedarme esta noche con mi familia?” —, hay violencia, drogas y riesgo de perder hasta sus pocas pertenencias si no pueden pagar la noche siguiente.
A veces, algunas familias logran mudarse unos días con parientes o amigos. “Vi personalmente lo volátil que puede ser vivir en un apartamento saturado, donde incluso quienes han aceptado recibir a otra familia temen perder su propio hogar”, comenta al Miami Herald.
El acceso limitado a servicios y subsidios para personas sin hogar
El acceso a servicios públicos resulta desigual. Goldstone resume: “En este país, lo único peor que ser sin techo es no calificar formalmente como tal”. Quienes no cumplen con la definición de HUD —por ejemplo, los que viven en hoteles, autos o albergados en casas de allegados— carecen de acceso a ayudas como asistencia para el alquiler o apoyo para encontrar arrendadores que acepten mal crédito.
Incluso los subsidios de vivienda, diseñados para aliviar la crisis, son insuficientes. “Solo un 25% de quienes califican para bonificaciones realmente las recibe. Además, el arrendador puede negarse a aceptarlas sin consecuencias, sobre todo en los mercados más cotizados”, sostiene. Así, algunas familias terminan perdiendo el subsidio por la imposibilidad de encontrar quién les alquile.
Especulación inmobiliaria y fondos de inversión privados en el negocio de la pobreza
Un factor central de la crisis es la dinámica del mercado inmobiliario y los fondos de inversión privados. “Vemos cómo gran parte de la vivienda del país es comprada por firmas de Wall Street como Blackstone y Starwood Capital”, expone en el Miami Herald. “Cuando ese capital privado entra al negocio del alquiler, la prioridad pasa a ser el rendimiento para los accionistas; la consecuencia es un incremento de desalojos”.
Según Goldstone, estas empresas también adquieren hoteles de estancia prolongada, donde se alojan familias tras perder sus viviendas. “Maurice y Natalia, por ejemplo, gastaron $17.000 en solo ocho meses en un estudio diminuto. Mientras vivían allí con sus hijos, Blackstone y Starwood Capital compraron la cadena Extended Stay America por $6.000 millones, lo que muestra hasta qué punto la inseguridad se ha vuelto lucrativa”.
También señala que tanto grandes corporativos como propietarios de pocas viviendas operan bajo la misma lógica de maximizar beneficios, limitando la disponibilidad de vivienda asequible.
Alternativas y modelos de intervención en la crisis habitacional
Para Goldstone, el cambio principal debe venir de una mayor prevención. “Diseñar políticas de intervención temprana no solo tiene sentido desde el punto de vista financiero, sino que también es correcto desde una perspectiva moral, porque previene sufrimiento”, afirma. “Resulta mucho más barato dar una pequeña ayuda inmediata que afrontar las consecuencias del desplazamiento prolongado”.
Sugiere también exigir estándares mínimos de habitabilidad y controlar los desalojos por represalia. Enfatiza la necesidad de leyes de estabilización de rentas. “No tiene sentido permitir que los alquileres suban mucho por encima de la inflación, cuando las condiciones de los apartamentos no mejoran”.
Goldstone encuentra motivos de esperanza en iniciativas locales y menciona el ejemplo de Seattle como muestra de que una ciudad puede priorizar formas de vivienda social y asequible. Destaca que, aunque el panorama es adverso, se está gestando un nuevo activismo entre las personas que viven de alquiler en Estados Unidos. Nuevas redes de inquilinos ganan fuerza y organizan respuestas colectivas, probando que la organización social puede abrir oportunidades transformadoras.