La muerte masiva de robles nativos en Illinois encendió las alarmas de científicos, propietarios de tierras y organizaciones ambientalistas, quienes responsabilizan a los herbicidas agrícolas usados en la región.
Desde 2017, múltiples especies de robles comenzaron a mostrar hojas deformadas, engrosadas o decoloradas, fenómeno que coincidió con el uso masivo de dicamba y 2,4-D en la agricultura industrial.
Estudios citados por Smithsonian Magazine revelan que el 90% de las muestras analizadas presentan residuos de estos químicos, lo que refuerza la preocupación por su impacto ecológico.
El caso tomó visibilidad en la finca de Seth Swoboda en Nashville, Illinois, donde, tras la aparición de síntomas en 2017, desaparecieron 11 robles maduros y las nuevas plantaciones sufren el mismo deterioro.
Martin Kemper, ex biólogo estatal y vecino, identificó la deriva de herbicidas —el desplazamiento de estos productos más allá de los campos de cultivo— como posible causa.
Esta problemática afecta no solo a los robles, sino también a otras especies nativas, sin radares, ni comunicación por radio para alertar sobre el avance del fenómeno.
Monitoreo independiente y evidencias crecientes
Ante la falta de respuesta estatal, la organización Prairie Rivers Network, liderada por la ecotoxicóloga Kim Erndt-Pitcher, impulsó un monitoreo independiente. Entre voluntarios como Kemper, relevaron casi 280 sitios durante siete años, detectando síntomas de deriva química en el 99,6% y residuos de herbicidas en el 90% de los árboles estudiados.
Un estudio de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign reforzó estas conclusiones tras analizar 78.000 plantas en casi 200 espacios y hallar daños comparables. Otras instituciones y organizaciones en el Medio Oeste reportan un aumento en los efectos adversos de herbicidas.
Expertos alertan sobre un posible efecto en cadena en insectos, aves y mamíferos, sumado a riesgos para la salud humana. Smithsonian Magazine destaca que al menos 85 pesticidas, aún en uso en Estados Unidos, fueron prohibidos o eliminados en varios países por razones sanitarias.
Polémica legislativa y desafíos regulatorios
Ante este panorama, Erndt-Pitcher advirtió: “Esto afecta los derechos de propiedad de las personas. Es su derecho a un ambiente saludable y limpio, y se está violando de manera regular, año tras año”, según publicó Smithsonian Magazine.
Sin embargo, demostrar la responsabilidad de un agricultor específico resulta difícil y el monitoreo oficial es casi inexistente, lo cual dificulta la presentación de denuncias y la imposición de sanciones, aseguraron los expertos consultados por el medio.
Los cambios en la agricultura de Illinois —el paso del control mecánico de malezas al uso creciente de pesticidas y cultivos resistentes como los que toleran glifosato— trajeron consigo un aumento del 94% en el uso de pesticidas a nivel mundial entre 1990 y 2022.
La resistencia de las malezas al glifosato llevó a un mayor uso de 2,4-D y dicamba desde 2017. Este último, muy volátil, puede viajar largas distancias y dañar plantas no objetivo. Aaron Hager, especialista de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, declaró: “Sabíamos que iba a haber un efecto en los árboles. No había forma de que no lo hubiera”.
Ecosistemas en riesgo y el futuro de los robles
Los robles llevan 50 millones de años en América del Norte y son base de ecosistemas al proporcionar hábitat y alimento para diversos organismos.
Pero su exposición continua a herbicidas, sumada a daños visibles incluso en parques y reservas alejados de campos de cultivo, amenaza la supervivencia de especies emblemáticas.
En áreas como Eldon Hazlet State Recreation Area, se observan ramaje muerto y hojas deformes; en Washington County State Recreation Area, Kemper señala un “declive gradual en la salud del bosque” y considera que las probabilidades de que no existan efectos ecológicos en cadena “son nulas”.
Estudios de T.J. Benson en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign muestran que la exposición de orugas nativas a atrazina y 2,4-D reduce hasta en un 26% su viabilidad, lo que podría afectar a aves insectívoras dependientes de los robles.
Mientras tanto, la respuesta oficial sigue siendo insuficiente y la ley estatal no contempla la deriva. Los intentos legislativos para restringir sustancias y exigir notificaciones previas a escuelas y parques no prosperaron en 2024, y la revocatoria de la aprobación federal de dicamba enfrenta resistencia política.
Propietarios como Swoboda y Larry Harper —quien registró residuos de seis herbicidas distintos en el mayor roble post oak de Illinois— evidencian la impotencia ante la falta de soluciones efectivas.
Las opiniones de los expertos divergen: algunos piden regulaciones más estrictas y otros alertan sobre el riesgo para la competitividad agrícola y proponen restricciones con condiciones de viento.
Mientras tanto, los robles centenarios que aún sobreviven —aunque muestran signos de debilitamiento— se convierten en símbolos de la vulnerabilidad ecológica frente a la presión de la agricultura industrial. Su desaparición amenaza con desencadenar una pérdida irreparable para la biodiversidad, como documenta Smithsonian Magazine con creciente preocupación.