Texas impulsa una ley contra la moda “furry” en las escuelas públicas

El proyecto de ley propone castigos para quienes actúen como animales en clase, en medio de un debate sobre la libertad estudiantil y la prioridad de temas realmente urgentes

La legislación impone sanciones como expulsión para estudiantes que incumplan las nuevas normas escolares. (REUTERS/Bing Guan)

Un nuevo proyecto de ley en Texas, titulado “Forbidding Unlawful Representation of Roleplaying in Education” (Ley para Prohibir la Representación Ilegal de Roles en la Educación), más conocido como el FURRIES Act, generó controversia al proponer la prohibición de conductas “no humanas” en las escuelas públicas del estado.

Entre las conductas especificadas en el proyecto se encuentran el uso de cajas de arena, ladrar, maullar y vestirse con accesorios como colas, orejas o correas.

El proyecto de ley exige que los estudiantes se identifiquen exclusivamente como humanos y prohíbe una serie de comportamientos asociados con los llamados “furries”, incluyendo hacer ruidos de animales, como ladrar, maullar o bufar, además de lamerse como forma de aseo personal. También se especifica que los accesorios como collares, orejas de animales o pelaje artificial no están permitidos, excepto en días temáticos especiales o representaciones teatrales.

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La legislación también incluye medidas disciplinarias estrictas: Los estudiantes que violen esta legislación podrían enfrentar sanciones como la expulsión o ser enviados a un programa educativo alternativo de justicia juvenil. Además, los distritos escolares que no cumplan con la aplicación de estas normas podrían recibir multas iniciales de 10.000 dólares, aumentando hasta 25.000 dólares en caso de reincidencia.

El autor del proyecto, el representante estatal republicano Stan Gerdes, manifestó en sus redes sociales su postura sobre esta legislación. “No distracciones. No teatralizaciones. Solo educación”, escribió el funcionario. Además, anticipa una fuerte oposición por parte de quienes defienden las prácticas “furry”.

Otro punto destacado es que esta legislación no incluye a las escuelas privadas, lo que ha llevado al gobernador Greg Abbott a presentar el proyecto como argumento para promover la posibilidad de elección escolar en Texas.

En una reunión con pastores en Austin, Abbott declaró: “Si tienes un niño en la escuela pública, tienes una expectativa: que tu hijo aprenda los fundamentos de la educación: lectura, escritura, matemáticas y ciencias. Si están siendo distraídos por ‘furries’, esos padres tienen derecho a mover a sus hijos a una escuela de su elección”.

Fox News señaló que el gobernador lleva años luchando por implementar un sistema de vales escolares. Este programa permitiría a los padres dirigir los impuestos que pagan a las instituciones educativas de su preferencia, incluidas aquellas privadas o religiosas. Sin embargo, Abbott confesó que la introducción de estos vales podría resultar en una reducción de fondos para las escuelas públicas del estado.

Distritos escolares que no apliquen la ley podrían enfrentar multas de hasta 25.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los furries, una tendencia entre jóvenes

El término “furry” ha sido una de las cuestiones centrales de este debate. Según el Merriam-Webster Dictionary, se refiere a personas que disfrutan de identificarse o disfrazarse como animales o criaturas antropomórficas. El medio también señala que una encuesta realizada en 2020 encontró que la mayoría de las personas identificadas como “furries” se encuentran en la etapa final de su adolescencia o poco más de 20 años.

Este fenómeno ha causado turbulencias en otras partes de los Estados Unidos en años recientes. Escuelas en diferentes estados, incluida una en Michigan, previamente desmintieron rumores sobre la instalación de cajas de arena en sus instalaciones para cumplir con los requerimientos de este grupo.

En cuanto al proceso legislativo, el documento oficial menciona que el proyecto de ley entraría en vigencia de inmediato si logra obtener dos tercios de los votos en la Cámara. De no lograr este respaldo, comenzaría a aplicarse en septiembre de 2025.

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