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Congresistas republicanos pidieron a Biden sancionar al Gobierno de Bolivia

Los políticos denunciaron las detenciones de líderes de la oposición y advierten que el Partido Comunista Chino y otros regímenes autoritarios impongan aún más sus intereses estratégicos en el país andino

El presidente de Bolivia, Luis Arce, habla durante un evento en honor al héroe nacional Eduardo Abaroa, quien murió en la Guerra del Pacífico de 1879-1883, como parte de las celebraciones del Día del Mar en La Paz, Bolivia, el jueves 23 de marzo de 2023. Bolivia perdió su única costa con Chile durante la Guerra del Pacífico. (AP Foto/Juan Karita)

Un grupo de congresistas republicanos pidió a Joe Biden sancionar al Gobierno de Bolivia por socavar el estado derecho y cometer grave violaciones a los derechos humanos. En la carta denuncian las detenciones a líderes de la oposición en la que se ha violado el debido proceso y el derecho a un juicio justo.

“Es de interés nacional de los Estados Unidos garantizar que Bolivia respete el estado de derecho y defienda los derechos humanos de su propio pueblo. Por lo tanto, solicitamos la imposición oportuna de sanciones, según lo autorizado por la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 contra todos los ciudadanos bolivianos responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos”, dice la carta firmada por los republicanos Marco Rubio, Carlos Gimenez, Rick Scott, María Elvira Salazar, Bill Cassidy y Mario Diaz-Balart.

En el documento que tiene fecha del 24 de marzo y que está dirigido al mandatario estadounidense, los congresistas denuncian la condena contra la ex presidente boliviana Jeanine Añez a diez años de prisión por “resoluciones contrarias a la constitución” e “incumplimiento de deberes” relacionados con su asunción a la presidencia en 2019, a pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que avaló su asunción de la Presidencia.

Además, condenaron las detenciones de Luis Camacho, gobernador de Santa Cruz y ex candidato presidencial, bajos cargos de terrorismo por su participación en las protestas contra la “victoria fraudulenta” de Evo Morales en las elecciones de 2019 en Bolivia, y Marco Pumari, compañero de fórmula de Camacho, quien fue detenido por cargos similares.

“En respuesta a estos arrestos, tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron comunicados destacando la importancia de adherirse al estado de derecho y asegurar el debido proceso y la transparencia en todos los procedimientos legales y condenando este ‘¿intenso uso del poder judicial para perseguir la libre expresión del pensamiento y la privación arbitraria de la libertad de las personas por motivos políticos en la región’”, dice la carta.

Foto de archivo. La expresidenta de Bolivia Jeanine Añez aparece en un auto fuera de la sede central de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2021. REUTERS/Manuel Claure/

Los congresistas republicanos agregan en la misiva: “La ausencia de una oposición robusta, sociedad civil y medios independientes en Bolivia brinda una puerta abierta para que el Partido Comunista Chino (PCCh) y otros regímenes autoritarios impongan aún más sus intereses estratégicos en el país sudamericano y la región. El pueblo boliviano debería tener la capacidad de evaluar y debatir rigurosamente los méritos de las propuestas de inversión que el PCCh preferiría negociar a puerta cerrada. Como tal, es imperativo que Estados Unidos responsabilice a los bolivianos violadores de los derechos humanos que violan las libertades fundamentales de los candidatos de la oposición boliviana y sus partidarios”.

Informe de los Estados Unidos sobre Bolivia

El pasado 21 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos publicó un informe sobre prácticas de derechos humanos en el año 2022 en Bolivia. En el documento se enumeran detenciones arbitrarias, torturas, preocupación por la independencia de la justicia y restricciones a la libertad de expresión.

“Los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: tortura y casos de trata o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas de independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura; interferencia sustancial con la libertad de reunión; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y existencia de las peores formas de trabajo infantil”, señala el informe.

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