La vista del caso de Begoña Gómez se repite: Fiscal pide archivar y acusaciones, continuar

(Actualiza la NA3208 con más detalles de la vista)

Madrid, 1 abr (EFE).- La vista fijada por el juez Juan Carlos Peinado este Miércoles Santo para avanzar con el caso de Begoña Gómez por los trámites de un jurado popular ha tenido el mismo desenlace que las dos anteriores: los investigados no han acudido, el fiscal y las defensas han pedido el archivo, y las acusaciones populares, seguir adelante.

La vista se ha alargado dos horas y media y es la tercera de estas características que convoca Peinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instase a acumular todos los delitos en un mismo procedimiento y a motivar mejor su apuesta por que sea un jurado popular quien, en caso de llegar a juicio, juzgue los hechos.

Es la segunda vez que el juez cita en esta causa un Miércoles Santo y, como estaba previsto, a la vista no han acudido ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados -su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés-, y las partes han mantenido sus posiciones, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El fiscal y las defensas han reiterado la ausencia de indicios para continuar el procedimiento, en contra de la tesis de las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, que han solicitado más diligencias.

Además de pedir el archivo, Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, ha reprochado al juez que olvide las pruebas que descartan delitos, como en el caso del intrusismo, y ha denunciado que se infringe la imparcialidad judicial hasta el punto de señalar que en esta causa no avanza la justicia sino que se está haciendo y "permitiendo hacer otra cosa", según indican a EFE fuentes jurídicas.

Camacho ha negado que la vida profesional de la mujer del presidente experimentase un cambio radical al llegar Sánchez a Moncloa, porque ésta ya tenía actividad previa en la universidad, no obtuvo remuneración por la cátedra que codirigió en la Complutense de Madrid y además dejó un empleo en una empresa privada asumiendo una pérdida económica.

Como en su recurso, esta parte ha insistido en que Gómez está investigada debido a la posición institucional que ocupa su cónyuge, según las fuentes.

José María de Pablo, abogado de Cristina Álvarez, ha pedido aportar un oficio de Presidencia del Gobierno sobre el correcto desempeño de la asesora en sus tareas de asistencia a Begoña Gómez, y se ha remitido al recurso en el que negó que exista malversación en que un trabajador público dedique "medio minuto diario" a actividades privadas, en este caso de su superior.

También el fiscal, muy crítico con los pasos que ha ido dando el juez a lo largo de la instrucción, se ha remitido a sus anteriores escritos para defender, como también ha hecho la defensa del empresario Barrabés, la falta de indicios de delito y la necesidad de poner fin al caso.

Por contra, las acusaciones sí que ven reforzados los indicios contra los investigados y, para seguir buceando en los hechos, han solicitado la vida laboral completa de Begoña Gómez y que se actualice el salario de su asesora, según las fuentes.

La abogada de Hazte Oír, Nouna Lozano, ha puesto énfasis en la parte de la investigación relativa al desarrollo de un 'software' para la cátedra y ha reclamado información sobre una reunión en la que participaron la mujer del presidente del Gobierno y su asesora con las empresas Making Science, Deloitte y Lefebvre, pidiendo facturas de esta última compañía por servicios a la cátedra.

A su salida de los juzgados, la abogada de Vox Marta Castro ha denunciado ante los periodistas que durante la vista han tenido que "escuchar los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación", al tiempo que ha reprochado la "obstinación" de la Fiscalía al mantener la petición de archivo.

"Hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase y eso será lo que en los próximos días el juez tendrá que decidir", ha opinado.

A punto de cumplirse dos años de instrucción, el juez Peinado considera que Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

Ve indicios de delito en las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, en sus relaciones con Barrabés -adjudicatario de contratos públicos- y en el trabajo que prestó presuntamente su asesora, pagada con fondos públicos, para sus actividades académicas.

En la causa investiga delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.EFE

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