El Gobierno envía al Congreso la ley de protección de servicios esenciales vinculados a energía, transporte o sanidad

La normativa en preparación implicará la elaboración de un registro nacional donde figurarán de manera actualizada todas las infraestructuras y entidades consideradas críticas o estratégicas en el país. Según consignó el medio que reportó la noticia, el Gobierno español ha remitido a las Cortes Generales un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los servicios esenciales asociados a sectores estratégicos como la energía, el transporte, la sanidad, el agua y la administración pública.

De acuerdo con lo detallado por la fuente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que esta nueva legislación tiene como fin prestar apoyo tanto a entidades públicas como privadas responsables de operar dichas infraestructuras críticas. Marlaska explicó que el propósito es ayudar a estos organismos a mejorar su capacidad frente a posibles riesgos capaces de alterar los servicios cuya prestación resulta imprescindible para la sociedad o la economía, tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea.

El medio añadió que la medida permitirá a España alinearse con los requerimientos de la Directiva CER a nivel europeo, aportando un marco legal actualizado frente a amenazas descritas por el ministro como “más dinámicas y complejas”. En la enumeración de riesgos, resaltó desde desastres naturales y sabotajes hasta peligros derivados de la meteorología y de las conocidas como amenazas híbridas. Además, la exposición del ministro incluyó la referencia expresa a la creciente interconexión e interdependencia entre diferentes infraestructuras y sectores, uno de los retos a los que la nueva legislación pretende dar respuesta.

La propuesta legislativa contempla la elaboración y gestión, bajo la tutela de la Secretaría de Estado de Seguridad, de un catálogo nacional que recoja todas las identidades consideradas como críticas o estratégicas. El proyecto define que la selección de estas entidades se regirá por criterios recogidos en la futura Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, que elaborará la Secretaría de Estado y será aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministerio del Interior.

Según publicó la fuente, este catálogo incluirá, además de los sectores tradicionales como energía, salud y transporte, nuevas áreas consideradas estratégicas: el sector del hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada y el tratamiento de aguas residuales, entre otras. El ministro especificó que la Secretaría de Estado de Seguridad no solo elaborará el listado, sino que también se ocupará de su custodia y constante actualización.

El texto subraya que la ley no tendrá aplicación sobre ciertos sectores y entidades que ya se rigen por su propia regulación específica. Las actividades bancarias, los mercados financieros e infraestructuras digitales, pese a su relevancia, quedan excluidas por contar con marcos normativos distintos. De igual modo, la futura regulación no abarcará a entidades adscritas al Ministerio de Defensa, así como a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a cuerpos policiales de comunidades autónomas con competencias reconocidas en la protección de personas y bienes y en el mantenimiento del orden público.

Como señaló el ministro Marlaska, todas las organizaciones y entes que exploten infraestructuras críticas y sean incluidas en el registro nacional deberán cumplir con estrictos requisitos. Entre sus obligaciones, se contempla la elaboración de un plan de resiliencia que comprenda tanto medidas de protección física como protocolos de actuación y mitigación frente a cualquier tipo de incidente que pudiera afectar a la continuidad de los servicios, según informó la fuente original. Estas exigencias buscan reducir el riesgo de que se produzcan interrupciones graves en la prestación de servicios considerados fundamentales a nivel nacional y europeo.