El PSOE recurre ante el Constitucional la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP

Entre los aspectos más controvertidos de la reciente reforma del Reglamento del Senado figura la incorporación de la figura del denominado "veto presunto", mediante la cual un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado a un proyecto legislativo se equipara formalmente a la aprobación de un veto. Este cambio, según indica Europa Press, fue incluido por el Partido Popular (PP) en el nuevo texto reglamentario, lo que ha generado críticas por parte del principal partido de la oposición, que sostiene que la modificación afecta el equilibrio y los procedimientos parlamentarios habituales. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad que cuestiona varios puntos de la reforma, al considerar que limita el papel del Congreso de los Diputados y reduce los tiempos de intervención del Gobierno.

De acuerdo con Europa Press, el PSOE sostiene que el PP se ha valido de su mayoría absoluta en el Senado para impulsar esta reforma. Según la denuncia socialista, el proceso se realizó utilizando "supuestas correcciones técnicas" que no fueron debatidas ni votadas por el Pleno, de modo que, según argumenta el partido, se introdujeron enmiendas encubiertas. La formación opositora alerta de que estos ajustes inciden directamente en el funcionamiento legislativo, ya que, por ejemplo, posibilitan que una comisión del Senado convierta en ley un texto procedente del Congreso sin la necesaria votación en Pleno, lo que altera las garantías de control parlamentario.

En el trasfondo del conflicto se encuentra el nuevo artículo 108.6 del Reglamento, que permite la interposición de conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, alegando la "demora injustificada" del Congreso en la tramitación de iniciativas promovidas por el Senado. Esta modificación responde a las quejas sostenidas a lo largo de la legislatura por el PP, que denuncia que la mayoría parlamentaria conformada por PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso frena la tramitación de proposiciones de ley avaladas en la Cámara Alta por los populares. Según informó Europa Press, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había anunciado su intención de recurrir a los tribunales en caso de que persistieran estas demoras, aunque para ello era necesaria la previa reforma del Reglamento.

Uno de los cambios significativos introducidos establece nuevos límites de tiempo para las intervenciones de los miembros del Gobierno en el Senado. Según detalló el medio Europa Press, antes de la reforma no existía un tope de tiempo prestablecido, pero en adelante las exposiciones iniciales de los ministros estarán limitadas a un máximo de 40 minutos y sus réplicas a 15 y 10 minutos, respectivamente. Además, la propuesta incorpora el principio, de forma expresa, de que los jueces y magistrados no tendrán la obligación de comparecer ante comisiones de investigación, como parte del refuerzo de la independencia judicial que el PP argumenta en sus cambios.

En cuanto a la mecánica de votaciones, el texto revisado del Reglamento responde a polémicas previas, como la ocurrida durante la tramitación de una norma vinculada a beneficios para presos de ETA. En esa ocasión, según recordó Europa Press, el Pleno del Senado rechazó el proyecto pero no formalizó un veto, lo que generó dudas interpretativas y motivó un informe de la letrada mayor recomendando la devolución del texto al Congreso. Para evitar ambigüedades en el futuro, el Reglamento estipula que siempre que un plenario rechace un texto por mayoría absoluta, se considerará que hay un veto.

Por otra parte, la reforma atiende una demanda planteada por el propio PSOE: el voto telemático para senadores designados por parlamentos autonómicos, que pueden verse obligados a ausentarse cuando coinciden sesiones plenarias en ambas cámaras. El nuevo Reglamento también introduce cambios en aspectos como la tramitación de los suplicatorios, las declaraciones de bienes, rentas y patrimonio de los senadores, e incorpora la creación de dos comisiones adicionales, junto con modificaciones en la gestión de iniciativas de control e impulso político.

El PSOE fundamenta su recurso ante el Constitucional en los posibles efectos que tendría la nueva normativa sobre el reparto de competencias parlamentarias y el normal funcionamiento de la actividad legislativa, afirmando que los mecanismos utilizados por el PP no respetaron los cauces de deliberación exigidos en procesos de reforma del Reglamento. Europa Press recoge que los socialistas señalan la incorporación de enmiendas no discutidas y la introducción, a través de supuestas correcciones técnicas, de disposiciones que alteran el control efectivo del Congreso sobre determinadas actuaciones parlamentarias.

El conflicto abierto entre el PP y el PSOE a causa de esta reforma ha trascendido el ámbito estrictamente técnico y procesal, situando nuevamente en el centro del debate el funcionamiento de las principales instituciones legislativas del país y el alcance de la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, en contraste con la mayoría del bloque progresista en el Congreso. Europa Press da cuenta de los distintos argumentos esgrimidos por ambas formaciones y del papel que empieza a desempeñar el Tribunal Constitucional en la resolución de desacuerdos entre las cámaras.