Vicente Magro formará parte del tribunal que estudiará las supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, un caso en el que se enfrentan acusaciones que podrían conllevar penas de hasta treinta años de prisión para algunos de los procesados. Esta novedad en la composición del tribunal fue informada por el Tribunal Supremo este miércoles, según detalló Europa Press. Magro sustituye a Ana Ferrer en la sala que juzgará al exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La decisión, plasmada en una providencia, se justifica en “necesidades del servicio, documentalmente acreditadas en modo suficiente”, y corresponde a Magro reemplazar a Ferrer por un asunto de turno, reportó el medio.
De acuerdo con Europa Press, la Sala de lo Penal del Supremo tendrá como presidente a Andrés Martínez Arrieta y estará integrada también por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Javier Hernández y, ahora, Vicente Magro. La notificación del relevo se produjo un día antes de la audiencia preliminar programada para este jueves, en la que Ábalos, Koldo y Aldama estarán presentes para escuchar los argumentos de sus abogados. Este acto procesal prepara el juicio relacionado con la adquisición de mascarillas, que se prevé para el mes de abril.
La investigación, según la información publicada por Europa Press, ha concluido que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama presuntamente actuaron de manera concertada para aprovechar la posición del entonces ministro y su capacidad de influencia con el fin de obtener beneficios económicos a través de la adjudicación de contratos públicos y otras oportunidades vinculadas a la administración. El magistrado instructor Leopoldo Puente dictó el procesamiento de los tres investigados y ordenó el pasado 27 de noviembre el ingreso en prisión provisional de Ábalos y de Koldo García, describiendo un riesgo "extremo" de fuga dado lo cercano del juicio.
En cuanto a la petición de penas, el Ministerio Fiscal solicita 24 años de reclusión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, reclaman treinta años de prisión tanto para el exministro como para su antiguo asesor, y para el empresario solicitan la misma condena que la Fiscalía. Europa Press informó que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y a su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Respecto a Víctor de Aldama, se le aplica la atenuante de confesión y se le imputan solamente los primeros tres delitos.
El procedimiento judicial contempla que la audiencia preliminar permitirá a los acusados y sus defensas presentar observaciones antes de la apertura formal del juicio. La conformación del tribunal, con la inclusión de Magro, sustituye la participación de Ferrer para atender las cargas de trabajo identificadas por el Supremo. El juicio, que se celebrará en una fecha aún por definir durante abril, representa una de las causas penales más relevantes vinculadas a presuntas corrupciones surgidas en el contexto de la pandemia y la gestión de recursos públicos para la compra de material sanitario, señaló Europa Press.
En total, las imputaciones penales se dividen en función de los delitos que la Fiscalía y las acusaciones populares consideran probados o confesados. Mientras que la Fiscalía justifica la petición de penas en la gravedad y la multiplicidad de delitos, el Partido Popular impulsa la petición máxima prevista por la ley según su rol como acusación popular. Las resoluciones judiciales dictadas por el magistrado Puente incluyeron también medidas cautelares que afectan la situación personal de los investigados, dada la valoración del riesgo procesal.
Europa Press destacó que la elección de Vicente Magro responde tanto a criterios de necesidad del servicio como a la aplicación del turno correspondiente entre los magistrados del Alto Tribunal. La presencia de los acusados en la audiencia de este jueves permitirá verificar la regularidad del proceso y escuchar sus planteamientos antes de avanzar hacia el debate de fondo que tendrá lugar previsiblemente en las sesiones orales de abril. Las partes cuentan con la posibilidad de exponer sus pruebas y alegaciones ante un tribunal renovado por la sustitución anunciada este miércoles.
El caso mantiene la atención pública debido al tamaño de las penas solicitadas, a la naturaleza de los contratos examinados y al perfil de los acusados, todos ellos con experiencia o influencia destacada en el ámbito de la administración y las empresas relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria. Como precisa Europa Press, el cambio de magistrados implica que la resolución de las responsabilidades penales por las adquisiciones sanitarias en pandemia recaerá sobre un equipo judicial cuyo cometido fue reasignado justo antes del comienzo de las vistas previas correspondientes.
Últimas Noticias
Desierto el concurso para elegir al director del Festival de Jazz de San Sebastián
Familiar del doble crimen de Almonte señala "el problema estructural del jurado" tras el juicio de El Torrejón
La familia de las víctimas denuncia la falta de rigor en las decisiones tomadas por ciudadanos sin preparación legal, advierte sobre graves fallos en la administración de justicia y señala el impacto irreversible que estos errores generan en casos sensibles
Pedro Sánchez pasa unos días de vacaciones en Doñana
Imponen penas de prisión y multas a los 11 acusados por una agresión homófoba en Basauri
Condenados a dos años de cárcel 10 acusados y otro a un año por agresión homófoba "en manada" a un joven de Basauri
Once personas recibieron sentencias de prisión y sanciones económicas por atacar a un joven en Basauri debido a su orientación sexual, según estableció la Audiencia de Bizkaia tras considerar probado un delito de odio con motivación discriminatoria
