Trabajadora del 112 de Valencia desmiente a la Generalitat: "Es imposible que no llegara información al Cecopi"

“Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando”. Con esta afirmación, recogida por varios medios, María Amparo López Boluda puso en entredicho la versión oficial defendida por Emilio Argüeso, quien ejercía como secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la dana que azotó la región el 29 de octubre de 2024. Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la emergencia, López Boluda señaló que "es absolutamente imposible" que el Cecopi no recibiera información procedente del servicio 112, desmintiendo así a quien fuera uno de los altos responsables en el operativo. Según publicó el medio de referencia, la compareciente insistió en subrayar que todas las comunicaciones relevantes se remitieron siguiendo los protocolos establecidos.

Según informó el medio en su cobertura, la gestora de llamadas del teléfono de Emergencias 112 describió que la sala encargada de recibir los avisos de la ciudadanía durante el episodio de gota fría se encuentra ubicada en un edificio contiguo al que alberga al Cecopi, que es el Centro de Coordinación Operativa Integrada que coordina la respuesta ante emergencias de gran magnitud. López Boluda, convocada como personal de refuerzo ante la situación de "preemergencia", recalcó ante la comisión del Congreso que todos los efectivos previstos estaban presentes durante el episodio que ocasionó 230 fallecimientos solo en la provincia de Valencia. La comparecencia se produjo después de que el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís y adscrito a Sumar, le preguntara directamente por la declaración de Argüeso en la sede judicial. Este último había sostenido que el Cecopi no recibía informes ni datos relevantes desde el 112, planteando una supuesta desconexión entre ambos organismos en las horas críticas de la riada.

El medio explicó que López Boluda quiso dejar claro que la regulación autonómica exige la convocatoria inmediata del Cecopi cuando se declara una alerta roja, calificada como situación “excepcional". Además, la gestora destacó que las actuaciones durante este tipo de emergencias están completamente protocolizadas para evitar errores, de tal forma que toda información recibida se transfiere automáticamente a las diversas agencias involucradas, indicó el medio. Según su testimonio recogido en la comisión, existían al menos 123 agencias receptoras de estos datos, incluyendo Emergencias de la Generalitat Valenciana, conocida como Emergen. Sobre el desempeño de esta entidad durante la crisis, López Boluda afirmó que “estuvo haciendo su trabajo muy bien” y, tras recalcar que la información sí llegó, expresó su sorpresa ante la ausencia de medidas posteriores. “Esa información la tenían”, manifestó y añadió no comprender por qué, a partir de ahí, no se impulsó una respuesta más contundente, planteando si fue debido a desconocimiento u otra causa.

El medio también informó que durante la sesión, Ibáñez interrogó a López Boluda sobre posibles irregularidades cometidas por Argüeso en su gestión, en específico acerca de si habría usado su cargo para favorecer a personas de su entorno. La compareciente respondió que esa versión había comparecido en sede judicial en boca de una persona que declaró "bajo promesa o juramento de decir la verdad”. El contexto judicial marca la investigación parlamentaria por la proximidad de diligencias penales abiertas en torno a la crisis de gestión e impacto de la catástrofe.

Según detalló el mismo medio, López Boluda aprovechó su comparecencia para criticar el modelo de gestión de recursos humanos en el servicio de Emergencias, reclamando mayor dotación de personal, más medios y el fin de las actuales subcontrataciones. “Deberíamos ser personal cuidado y directamente dirigido por la Administración”, sostuvo, al tiempo que cuestionó que el colectivo profesional de emergencias se regule por un “convenio de contact center”. Denunció que quienes trabajan en el 112 no encajan en ese modelo y atribuyó la situación a la falta de una ubicación adecuada dentro de la estructura administrativa de la Generalitat. “Estamos ahí porque, no sé, en algún momento nadie supo ponernos en otro sitio”, lanzó como reflexión final ante la comisión, según recopiló el medio.

El procedimiento parlamentario en curso forma parte del intento de esclarecer qué falló en las comunicaciones y toma de decisiones durante la severa dana que dejó graves consecuencias humanas y materiales en Valencia y otras zonas. Como reportó el mismo medio, la comisión sigue escuchando a responsables políticos y técnicos de los servicios de emergencia valencianos con el fin de delimitar responsabilidades y confirmar si existió alguna interferencia o negligencia en la cadena de mando y transmisión de información en la gestión de la emergencia que derivó en 230 víctimas mortales en la provincia.