
El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de odio, el próximo 27 de septiembre, en los Juzgados de Vía Alemania, según han indicado desde el colectivo 'Estimada Aurora' a los medios de comunicación. La citación del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma se produce a raíz de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Memoria de Mallorca, junto con las familias de Aurora Picornell y de Antònia y Maria Pascual, por un lado, y de la querella presentada por el colectivo 'Estimada Aurora', por otro, contra Le Senne por un presunto delito de odio. En concreto, por haber arrancado una fotografía de la sindicalista y militante del Partido Comunista Aurora Picornell que la vicepresidenta segunda de la Cámara balear, la socialista Mercedes Garrido, tenía puesta en su ordenador durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria democrática, en un pleno del pasado 18 de junio. Así, Le Senne tendrá que comparecer el próximo día 27 de septiembre, a las 09.30 horas, en los Juzgados de Vía Alemania, para responder, en calidad de investigado, a las preguntas del juez de Instrucción número 1 de Palma, de la fiscalía y de las Acusaciones Popular y Particular, ejercidas por el colectivo 'Estimada Aurora' y por la Asociación de Memoria Democrática de Mallorca y los familiares de Aurora Picornell y de Antònia Maria Pascual, respectivamente. También, el 27 de septiembre, a las 11.30 horas, está citada a declarar ante el mismo juez, aunque en calidad de testigo, la diputada socialista Mercedes Garrido, miembro de la Mesa del Parlament, a quién Le Senne arrancó una fotografía de Aurora Picornell durante el pleno en que se debatía la propuesta de Vox de derogar la Ley de Memoria y reconocimiento democrático de Baleares. El colectivo 'Estimada Aurora', impulsado por el abogado y escritor Sebastià Frau y formado por más de 50 profesionales de distintos ámbitos, ha valorado muy positivamente este "primer paso" para dilucidar la responsabilidad penal del gesto del diputado de Vox y presidente del Parlament contra las víctimas de la represión franquista. El Juez de Instrucción número 1 de Palma ha firmado esta interlocutoria el pasado 6 de agosto.
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