Cargos de Campus de Justicia de Madrid declaran que cumplieron la ley y órdenes de Prada

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Madrid, 23 abr (EFE).- Tres cargos de la sociedad pública creada por la Comunidad de Madrid para el fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia han declarado en el juicio seguido por supuestas irregularidades en contratos que en todo momento cumplieron la legalidad y las órdenes del entonces consejero Alfredo Prada.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio a los seis acusados de supuestas irregularidades en contratos adjudicados entre 2005 y 2008 por Campus de la Justicia, la sociedad creada por el equipo de Gobierno regional del PP encabezado por Esperanza Aguirre para ejecutar el proyecto.

En esta causa se sientan en el banquillo el entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, para quien el fiscal pode ocho años de prisión, y otros cinco acusados, que ocupaban cargos en Campus de la Justicia, que se enfrentan a una petición de seis años por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación, les reclama 40,4 millones de euros por los contratos adjudicados presuntamente de forma ilegal.

En la sesión de este martes han declarado Alicio de las Heras, el que fuera jefe de Administración de Campus de la Justicia; Félix García de Castro, que fue contratado como asesor jurídico, y Andrés Gómez Gordo, policía que desempeñó el puesto de director de Seguridad y que fue acusado en el caso Kitchen seguido por el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas.

De las Heras ha negado que fuera el responsable del área económico-financiera de Campus de la Justicia como mantiene el fiscal y ha asegurado que solo era el jefe de la oficina o administración y como tal realizaba toda la tramitación y se hacía cargo de las facturas por orden de Prada.

"Despachaba personalmente con Alfredo Prada el tema de los pagos y mi interlocutor directo era él", ha asegurado al respecto.

García de Castro, por su parte, ha manifestado que actuó como secretario en las reuniones de las mesas de contratación y que en ninguna de ellas los secretarios generales técnicos de la Vicepresidencia segunda y la Consejería de Justicia pusieron de manifiesto tacha de ilegalidad. "Les pareció todo bien".

Respecto al contrato que su despacho firmó con Campus de la Justicia para asumir la asesoría jurídica de la sociedad por 60.000 euros anuales ha dicho que cumplió los requisitos de publicidad y concurrencia de otros licitantes.

Ha aclarado además que él no redactó el contrato del arquitecto Norman Foster por algo más de 13 millones de euros para que elaborara dos de los 14 edificios previstos para la Ciudad de la Justicia, los del Tribunal Superior y la Audiencia Provincial. Finalmente solo terminó construyéndose el destinado al Instituto de Medicina Legal.

Ha recordado que viajó a Londres con Prada y otros responsables del proyecto para presentárselo a Foster pero que él intervino solo para explicar que, debido a la cercanía del aeropuerto de Madrid-Barajas, los edificios que se construyeran no debían sobrepasar una determinada altura por razones de seguridad aeroportuaria.

Por su parte, Gómez Gordo ha señalado que todos los contratos de seguridad que tramitó le vinieron impuestos y que él no decidía las adjudicaciones sino que simplemente elaboraba los informes de valoración de las empresas interesadas y pliegos técnicos sin que tuviera interés personal en favorecer a ninguna de ellas.

Ha añadido que ni Prada ni ningún otro responsable le obligaron a elegir a una determinada empresa y que fue el secretario general técnico de la consejería el que le dijo que los contratos de seguridad no tenían por qué pasar por las mesas de contratación ya que no superaban el entonces límite legal de 211.000 euros.

"Creí que estaba obrando con la legalidad al estar respaldado por toda una consejería y por el secretario general técnico", ha recalcado Gómez Gordo, que ha asegurado que siempre buscó que el gasto fuera "el mínimo posible". EFE

cng/ros