La defensa ha cobrado una relevancia en las elecciones que no se veía desde hace décadas. El rearme internacional y la expansión de los conflictos plantean importantes retos. Precisamente una de las decisiones de Pedro Sánchez con más impacto mundial fue su oposición a dedicar el 5% del producto interior bruto (PIB) a la defensa, como se pactó en la cumbre de la OTAN. Desató críticas de Donald Trump durante meses y amenazas sobre retirar a sus tropas de las bases de Rota y Morón o de supuestos aranceles. Ahora, la tensión se ha rebajado, pero los proyectos sobre industria armamentística y las Fuerzas Armadas tienen una posición clave en los programas.
El PP ha subido casi 100 páginas este apartado, hasta la 21, respecto a su programa de 2023. Cuenta con varias medidas que ha defendido en los últimos años pero sin entrar en porcentajes. Vox habla de aumentar la inversión, pero tampoco refleja números concretos. PSOE y Frente Amplio sí que abordan el 5%, pero para sostener su “rechazo”, como ya hicieron desde el Gobierno (entonces Sumar como socio). Las condiciones de los militares o los proyectos de producción son otros de los puntos tratados por los cuatro principales partidos de cara al 29-N.
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Feijóo habla de dedicar el “máximo posible”
Alberto Núñez Feijóo supeditará el aumento del gasto en Defensa a una auditoría previa si llega al Gobierno. El líder del PP dijo que no prometerá alcanzar el 3,5% del PIB (primer porcentaje pactado por la OTAN antes del 5%) y planteó que, si España no puede llegar al 2,4%, se quedaría en el 2,3%, señalando que invertirán lo máximo posible. En la entrevista con Jordi Wild, también cuestionó la transparencia sobre los contratos militares y rechazó recuperar el servicio militar obligatorio.
El programa del PP, en el punto 1.8, plantea una ley de programación y financiación de la Defensa para dar continuidad a la inversión y respaldar los compromisos internacionales de España. “La Defensa será una verdadera política de Estado”, sostiene el documento, que propone someter esos acuerdos al aval de las Cortes. La formación promete aumentar los efectivos militares, reconocer la profesión de riesgo y mejorar retribuciones, formación y conciliación. También prevé reforzar los contingentes españoles internacionales y el despliegue en Ceuta, Melilla, Canarias y el norte de África. El plan apuesta además por impulsar la industria nacional de defensa, con prioridad para drones, ciberdefensa, munición e inteligencia artificial.
Por su parte, Vox propone reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, con atención a Ceuta y Melilla. Su programa plantea un modelo de protección terrestre, marítima y aérea, con apoyo militar a Guardia Civil y Policía Nacional. También reclama más recursos para el Ejército, el CNI, cuerpos de seguridad y Vigilancia Aduanera. Su programa no menciona la OTAN ni fija destinar el 5% del PIB a Defensa. Además, ha provocado el malestar de las asociaciones de militares, que, tras reunirse con el partido de Santiago Abascal, acabaron decepcionadas por no encontrar las mejoras laborales que demandaban.
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PSOE y Frente Amplio se oponen al 5% de la OTAN
El PSOE rechaza elevar el gasto militar al 5% al considerar que esa decisión pondría en riesgo el Estado del bienestar. El programa defiende la participación de España en la seguridad europea, aunque sostiene que ese objetivo no debe implicar recortes o desvíos de recursos destinados a políticas sociales. La propuesta se desarrolla en el apartado “Una defensa moderna al servicio de la paz y la seguridad”, que incluye ocho compromisos, del 493 al 500. El PSOE plantea modernizar las Fuerzas Armadas y coordinar sus capacidades de prevención, disuasión y respuesta con aliados y socios.
También propone reforzar una defensa europea común con proyectos compartidos, cooperación industrial y compras conjuntas. El documento prevé inversiones en medios terrestres, navales, aéreos, espaciales y de ciberdefensa. Incluye mejoras en vigilancia marítima, inteligencia civil y militar y la Unidad Militar de Emergencias. Además, promete medidas de igualdad, conciliación, desarrollo profesional y atención psicológica para militares desplegados en el exterior y sus familias.
El Frente Amplio es más directo en su rechazo a esta subida del gasto, al mencionar que es una exigencia de la OTAN y que se oponen en esto a la Alianza. Su programa plantea “una reducción efectiva de las partidas militares” y propone reorientar esos recursos hacia protección civil, emergencias climáticas, sanidad y educación. También propone desmilitarizar instalaciones de uso militar extranjero (las bases de Estados Unidos) para reconvertirlas en polos tecnológicos, industriales y de respuesta civil ante emergencias. Además, propone reformar la Ley 53/2007 para imponer embargos automáticos a Estados vinculados a investigaciones de la Corte Penal Internacional o a medidas de la Corte Internacional de Justicia, incluido un embargo de armas a Israel.
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