La muerte de un policía nacional en Oviedo reactiva el debate para reconocerles como profesión de riesgo: “En un mismo coche patrulla hay agentes que tienen la jubilación anticipada y otros que no”

La muerte de un policía nacional tras una explosión en Asturias, en plena precampaña electoral, ha vuelto a poner en primera línea una reivindicación histórica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: que policías nacionales y guardias civiles sean reconocidos como profesión de riesgo.

El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar la lista de profesiones que se considerarán de riesgo: aquellas de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, con elevados índices de morbilidad o mortalidad. Mineros, trabajadores ferroviarios, actores, policías locales, bomberos e incluso sus homólogos de las policías autonómicas —desde 2008, la Ertzaintza, y desde 2022, los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra— tienen derecho a ciertos beneficios como la jubilación anticipada cobrando el 100% de la prestación, además de protección laboral y el reconocimiento de enfermedades derivadas del trabajo.

Un dato que llama la atención es que, dentro de la propia Policía Nacional, también hay agentes que tienen reconocida la profesión de riesgo, aunque fue por decisión judicial. El motivo fue una sentencia del Tribunal Supremo, que avaló este reconocimiento para todos los ingresados a partir de 2011 y obligó a la Administración a sentarse a negociar. “En el mismo coche patrulla hay agentes que sí tienen reconocida la jubilación anticipada y otros que no”, señalan fuentes del sindicato Jupol en una conversación con Infobae.

Los sindicatos policiales llevan años reclamando esta medida tras un extenso historial de episodios trágicos durante el ejercicio de sus funciones. Lo de Asturias no es un hecho aislado. Hace cinco meses, dos agentes murieron y otros dos resultaron heridos tras chocar sus patrulleras mientras perseguían al narco. Uno de los episodios más recordados es el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en 2024 tras ser embestidos por una lancha durante una persecución.

Tras casi un año de reuniones y “buenas palabras que parecían conducir a un acuerdo”, señalan desde Jupol, el Ministerio del Interior decidió romper las negociaciones escudándose en el adelanto electoral. Una decisión que llevó a los representantes sindicales a amotinarse pacíficamente en el Ministerio hasta que se aportase una solución real a la jubilación digna de ambos cuerpos. Horas después, fueron desalojados por la fuerza. “Nos parece una excusa barata porque el gobierno sigue aprobando semana tras semana nuevas medidas”, censuran desde el sindicato.

Una votación en Europa, en el Senado, pero sin debate en el Congreso

A raíz del asesinato en Barbate, el Parlamento Europeo, a petición del Partido Popular Europeo, sacó adelante una resolución no vinculante que declaraba ambos cuerpos como profesión de riesgo. La votación salió adelante pese a la abstención de los socialistas europeos, que recurrieron a tecnicismos para justificar su sentido de voto: es competencia de los estados miembros y no de la Eurocámara reconocer esta clasificación.

Un año antes, en abril de 2024, se intentó en el Pleno del Senado, que aprobó el pasado 5 de junio de 2024 una propuesta para instar al Gobierno a reconocer a la Policía Nacional, la Guardia Civil y a los funcionarios de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo. “Es un deber ineludible de todos cuidar a quienes nos cuidan”, defendió entonces el senador del Grupo Parlamentario Popular, Vicente Tirado.

La propuesta aterrizó en el Congreso, pero lleva años encallada. La Mesa, con mayoría del PSOE y de Sumar, ha impedido no solo su votación, sino la toma en consideración de la ley, el paso previo para poder debatirla y votarla en pleno.

Ahora, en vísperas de comenzar la campaña, el Partido Popular ha rescatado la medida en su programa electoral, aunque otra cosa distinta será traducirla en sede parlamentaria en la próxima legislatura. Cabe recordar que el gobierno popular de Mariano Rajoy aprobó recortes en la plantilla de la Policía Nacional, retirando progresivamente 7.694 plazas en el cuerpo. Otra de las medidas que fueron señaladas entonces fue la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que impidió a los agentes afiliarse a sindicatos interprofesionales y que las organizaciones sindicales del cuerpo se federen.