Casi la mitad de los militares destinados en ciudades españolas dedica más de un tercio de su sueldo al alquiler, según la Memoria-Informe 2025 del Observatorio de la Vida Militar (OVM). El organismo, adscrito a las Cortes Generales, advierte de que la combinación de rentas elevadas, retribuciones que el personal considera insuficientes y ayudas limitadas complica la movilidad dentro de las Fuerzas Armadas y lleva a parte de los efectivos a vivir separados de sus familias.
El problema afecta a los cambios de destino, una parte habitual de la carrera militar. En 2025 se produjeron 21.471 cambios de destino, de los que 5.570 fueron forzosos. Para muchas familias, un traslado implica afrontar el alquiler en otra ciudad, los gastos iniciales de entrada a una vivienda, la escolarización de los hijos y, en algunos casos, la pérdida o interrupción del empleo de la pareja.
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El informe recoge que los salarios continúan entre las principales preocupaciones del personal, pese a la subida retributiva aprobada en 2025. Las quejas se centran en el deterioro del poder adquisitivo, las dietas por comisión de servicio y el coste que supone aceptar un destino lejos de la residencia habitual.
La ayuda de vivienda llegó al 20,6 % de los efectivos
En 2025, 24.046 militares, el 20,6 % de los 116.852 efectivos en activo, percibieron la compensación económica de vivienda del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). El OVM considera que el sistema no cubre las necesidades derivadas de la movilidad obligada.
La compensación no tiene en cuenta el número de integrantes de la familia, se limita a tres años en el mismo grupo de localidades y no se concede a los militares de carrera en su primer destino. El organismo sostiene que, cuando concluye ese plazo, la pérdida de ingresos puede superar el 20 % de las retribuciones si se toma en cuenta el importe que deja de percibirse.
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El informe también cuestiona que los grupos de localidades utilizados para calcular las ayudas incluyan municipios alejados del puesto de trabajo. Esa situación puede reducir la compensación y obligar a asumir más tiempo y gasto diario de desplazamiento.
Las solicitudes de compensación por vivienda ascendieron a 11.942 en 2025, un 7 % más que el año anterior y un 53,6 % más que en 2023. Además, Defensa concedió 10.691 indemnizaciones por traslado de residencia dentro de España.
El alquiler supera las ayudas por traslado
El OVM incluye una referencia a los precios medios del alquiler en marzo de 2026. Madrid alcanzó los 21,3 euros por metro cuadrado, por encima de Baleares, con 19,7 euros; Cataluña, con 17,7 euros, y Canarias, con 15,6 euros. La media nacional se situó en 15 euros.
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Con esos valores, el informe calcula que un oficial con pareja y dos hijos trasladado a Madrid pagaría unos 2.130 euros mensuales por alquilar una vivienda de 100 metros cuadrados. La compensación máxima por movilidad para ese supuesto sería de 783,94 euros, una cantidad que no cubre la renta mensual estimada.
El documento también estima que el acceso a una vivienda de alquiler de 90 metros cuadrados en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Palma o Las Palmas puede exigir unos 5.000 euros iniciales. El cálculo contempla la primera mensualidad, la fianza y el alta de suministros. Para ese tipo de vivienda, el alquiler medio se sitúa en torno a 1.600 euros mensuales.
Los “solteros geográficos” y el freno a la carrera profesional
El Observatorio señala que el empleo de la pareja, el arraigo en la ciudad de origen y el acceso a una vivienda son los principales motivos por los que un militar evita trasladar a su familia cuando recibe un nuevo destino. En esos casos, algunos efectivos se instalan solos en la nueva localidad y mantienen a su pareja e hijos en la residencia anterior. El informe denomina a esta situación “solteros geográficos”.
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La falta de alojamiento militar agrava el problema. Más del 10 % de los efectivos reside en residencias o alojamientos logísticos de Defensa. En Madrid, algunas instalaciones registraron ocupación completa y listas de espera. Una residencia de tropa, con 258 plazas, tenía todas sus habitaciones ocupadas y 46 personas aguardaban una vacante.
El OVM advierte de que el coste de la vivienda puede condicionar decisiones profesionales. Algunos militares renuncian a solicitar destinos, cursos de perfeccionamiento, evaluaciones o ascensos para evitar una mudanza que afecte a la economía familiar.
El organismo propone ampliar las ayudas al alquiler, establecer compensaciones por doble residencia, reforzar el parque de viviendas militares en zonas con mayor presión inmobiliaria y reformar la normativa sobre movilidad geográfica.
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