Una mujer víctima de violencia de género y su padre, de 87 años y un 75% de discapacidad, afrontan un nuevo intento de desahucio: “Mi vida está en cajas”

Raquel, una mujer de 49 años que trabaja como administrativa y ha sido víctima de violencia de género, afronta el 10 de noviembre en la localidad sevillana de Carmona un nuevo intento de desahucio junto a su padre, de 87, que tiene un 75% de discapacidad, dependencia severa y recibe tratamiento de quimioterapia por un mieloma múltiple. La casa, que es la que compraron sus abuelos y en la que pasó su infancia, está acondicionada para las necesidades del padre y su ubicación permite los traslados frecuentes al Hospital Virgen Macarena, al que debe acudir cerca de tres veces por semana. Un cambio de domicilio, explican, dificultaría su tratamiento, la accesibilidad y la red de apoyo familiar y vecinal con las que cuentan.

Los servicios sociales han reconocido la doble vulnerabilidad de la unidad familiar, pero, aun así, no han podido encontrar una alternativa viable, ya que el hombre requiere de un lugar adaptado y cercano a los recursos sanitarios. Raquel calcula que necesitarían alrededor de 4.000 euros para acceder a un alquiler de entre 750 y 800 euros mensuales, contando con los gastos iniciales, las fianzas y los honorarios inmobiliarios.

Mudarse a un municipio más alejado complicaría los traslados frecuentes al hospital, insisten, y a ello se suma que la situación de dependencia y salud del hombre dificulta el acceso a una vivienda de alquiler. Ante esta situación, Raquel reclama la solidaridad de la ciudadanía para intentar impedir que se ejecute el alzamiento, previsto a las 9:30 horas, y evitar que tanto ella como su padre “queden expuestos a una situación de desamparo”.

“La inseguridad más grande”

La posibilidad de quedarse sin vivienda prolonga una incertidumbre que, según relata, arrastra desde 2019. “Mi vida está en cajas”, resume. Guarda parte de sus pertenencias en un trastero y evita abrir los embalajes porque desconoce cuándo tendrá que dejar la casa. “Cuando me marcho, me lo tengo que llevar todo, así que mi vida está boca abajo”, explica. La situación ha afectado su salud y, para Raquel, no contar con una vivienda estable supone “la inseguridad más grande y una fuente de sufrimiento”

Conflicto judicial

El origen del conflicto se remonta a la compra de la vivienda familiar, que pertenecía a sus abuelos. Al hacerse mayores, decidieron venderla y Raquel la compró, pero su entonces pareja, con quien mantenía una relación desde los 16 años, pidió figurar también en la hipoteca y en las escrituras.

La convivencia terminó en 2017, después de 24 años de relación, y desde entonces la casa quedó en el centro de un conflicto judicial por su uso y titularidad. En el marco del divorcio, Raquel aceptó un acuerdo para alternar la residencia cada tres meses. Según explica, su expareja no vivía de forma habitual en la vivienda durante los turnos que le correspondían y, cuando ella regresaba, encontraba daños en el inmueble y en sus pertenencias. Además, señala, su expareja dejó de asumir la hipoteca y otros gastos como el IBI y el seguro de la casa desde que se marchó, hace cerca de una década.

En 2019, la familia sufrió un primer desalojo. Pudo volver a la vivienda en abril de 2020, pero aquella experiencia coincidió con uno de los momentos más difíciles de su historia familiar: la madre de Raquel, que padecía una enfermedad grave, regresó allí para pasar sus últimos días.

En 2022 se abrió un segundo procedimiento de desalojo, que quedó suspendido por la existencia de una causa penal relacionada con violencia de género contra la expareja de Raquel. Sin embargo, el pasado julio, el Juzgado de Carmona resolvió reactivar el proceso al entender que esa causa ya no justificaba mantener la suspensión. “La decisión se produjo apenas diez minutos antes de una nueva vista del procedimiento penal”, explica la familia, que aunque recurrió la decisión, recibió posteriormente la notificación de una nueva fecha para ejecutar el desalojo: el martes 10 de noviembre.

Condenado a prisión y orden de alejamiento

Raquel tiene acreditada su condición de víctima de violencia de género. Además, el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla condenó a su expareja a dos años de prisión y le impuso una orden de alejamiento durante cuatro años y medio. Por eso la familia considera preocupante que el procedimiento de desalojo avance en un contexto marcado por esta sentencia y por las consecuencias que el conflicto mantiene en su vida cotidiana.

La familia asegura que trató de cerrar un acuerdo económico para evitar el desalojo, planteando incluso operaciones bancarias para adquirir la parte de la vivienda correspondiente a la expareja de Raquel. Sin embargo, según su versión, las negociaciones se frustraron en la fase final: cuando solo quedaba formalizar la operación ante notario, “él dejaba de responder y el acuerdo no llegaba a concretarse”.

Aunque los desahucios, tanto por impago del alquiler como por ejecuciones hipotecarias, han disminuido notablemente en el segundo trimestre de 2026, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a diario se siguen llevando a cabo una media de 44 desalojos. El caso de Raquel y su padre, además, refleja que los desahucios continúan afectando a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.