“¿Sabías cuántas veces he escuchado a lo largo de mi vida profesional que el sistema público de pensiones está en peligro?” Con esa pregunta arranca Alfonso Muñoz, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), un mensaje en el que defiende la sostenibilidad del sistema público de pensiones frente a las advertencias que, según relata, lleva escuchando desde hace tres décadas y media.
Muñoz aprobó las oposiciones del cuerpo general de la Administración General del Estado en 1991 y eligió una plaza en el INSS. Desde sus primeros meses de trabajo, familiares, amigos y conocidos le planteaban una pregunta recurrente: si existiría pensión para ellos en el futuro. “Oye, Alfonso, ¿tú crees que habrá pensiones para cuando nos jubilemos?”, recuerda que le decían entonces, cuando el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema ya generaban preocupación.
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Treinta y cinco años después, en plena campaña electoral, el funcionario sostiene que el debate se repite con los mismos términos, aunque con protagonistas y circunstancias económicas distintas.
Ampliación de derechos en tres décadas
Según el relato de Muñoz, el sistema no solo se ha mantenido, sino que amplió su cobertura desde que comenzó a trabajar en el organismo. Pone como ejemplo los permisos por nacimiento: en 1991, la madre contaba con 16 semanas de permiso por maternidad, mientras que el padre dependía de condiciones específicas para disfrutar de parte de ese periodo. Actualmente, tanto la madre como el padre acceden, con carácter general, a 19 semanas de permiso por nacimiento y cuidado del menor.
El funcionario añade que también evolucionaron las pensiones mínimas, las prestaciones familiares y los mecanismos de protección frente a distintas situaciones de necesidad. “Durante estos treinta y cinco años no hemos asistido a la desaparición del sistema que algunos anticipaban. Hemos asistido a una ampliación de derechos y prestaciones”, afirma.
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El reto demográfico, sin condena automática
Muñoz reconoce la existencia de desafíos concretos: el aumento del número de pensionistas y la necesidad de financiar las jubilaciones de las generaciones más numerosas, lo cual exige planificación y decisión política. Sin embargo, distingue entre admitir esos retos y dar por sentado un desenlace negativo. “Una cosa es reconocer que tenemos desafíos y otra muy distinta afirmar que el sistema está condenado a ser insostenible”, sostiene.
Ingresos frente a recortes
El eje central de su planteamiento se apoya en la distinción entre dos vías para garantizar la sostenibilidad del sistema: reducir la protección y las prestaciones, o reforzar los recursos que lo financian. Muñoz se inclina por la segunda opción. “Prefiero que exploremos y adoptemos medidas que aumenten los ingresos antes que convertir los recortes de las pensiones en la respuesta habitual de cualquier dificultad financiera”, señala.
El gasto anual en pensiones se sitúa cerca de los 200.000 millones de euros, una cifra equivalente a aproximadamente un tercio de los presupuestos generales del Estado, según cuantifica el funcionario, quien enmarca esa cifra como el principal pilar económico del estado de bienestar, con millones de jubilados, viudos y personas con incapacidad permanente dependientes de esas prestaciones.
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Crítica al uso electoral del debate
Muñoz cuestiona que las cifras sobre pensiones se presenten sin explicar los cálculos, los escenarios utilizados o las consecuencias de las medidas propuestas. “Me preocupa que una cuestión tan importante se convierta en un arma electoral utilizada para generar miedo sin explicar suficientemente las alternativas”, expresa.
A su juicio, las previsiones económicas deben acompañarse de decisiones políticas transparentes, dado que estas últimas “no son neutrales” y pueden reforzar la protección social o trasladar una mayor carga a los pensionistas.
Una respuesta tras 35 años de experiencia
El funcionario retoma la pregunta que recibía en 1991 sobre si existirán pensiones en el futuro. “Tenemos un sistema público de pensiones sólido, que ha demostrado una enorme capacidad de adaptación y que puede seguir siendo viable si adoptamos las medidas necesarias para la financiación”, responde.
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Muñoz aclara que no descarta la necesidad de reformas, pero insiste en que el futuro del sistema “no está escrito de antemano” y que los desafíos financieros no equivalen a una condena de insostenibilidad. Su mensaje concluye con un llamado a priorizar la búsqueda de recursos de financiación por encima de los recortes de derechos.
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