De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

El exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha reclamado una política de vivienda coordinada entre todas las administraciones para hacer frente a uno de los principales desequilibrios del mercado inmobiliario español: el fuerte crecimiento de la demanda de alquiler sin un incremento equivalente de la oferta. A su juicio, Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos deben actuar de forma conjunta para facilitar el acceso a la vivienda a la “inmensa mayoría de los españoles”.

Durante su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, De Guindos ha defendido la necesidad de una estrategia común que permita “alinear a todas las administraciones públicas”, dado que las competencias en materia de vivienda están repartidas entre las entidades locales, las comunidades autónomas y la Administración Central. El objetivo, ha señalado, debe ser cerrar la distancia entre las viviendas disponibles y una demanda que ha aumentado con fuerza en los últimos años.

El economista ha puesto especialmente el foco en el mercado del alquiler. El crecimiento de la población en España ha elevado la necesidad de vivienda en este segmento, pero la oferta no ha respondido al mismo ritmo. “Hay un incremento de la demanda de vivienda. Y en un segmento muy concreto, que es el segmento de alquiler. Este incremento de la demanda, sin embargo, no se ha visto acompañado por un aumento de la oferta”, ha indicado en declaraciones recogidas por Europa Press.

España tiene menos vivienda en alquiler que la zona euro

De Guindos ha incidido en que mientras que el parque de viviendas destinado al alquiler representa alrededor del 20% del total en España, en la zona euro alcanza el 30%. Una brecha que, según su diagnóstico, contribuye a explicar las dificultades de acceso que afrontan numerosos hogares y la presión existente sobre el mercado del alquiler.

El exvicepresidente del BCE ha relacionado este incremento de la demanda con el crecimiento de la población, especialmente con el aumento derivado de la inmigración. De Guindos ha defendido que este fenómeno es “indispensable” ante la situación demográfica de España y del conjunto de Europa. Al mismo tiempo, ha advertido de que el aumento de habitantes tiene consecuencias que deben ser abordadas mediante políticas públicas adecuadas.

En su análisis, la inmigración ha tenido un efecto “positivo clarísimamente” sobre el Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo. Sin embargo, también ha señalado que el incremento de población genera una mayor presión sobre ámbitos esenciales como la vivienda, la sanidad y la educación.

Según ha explicado, dos tercios del crecimiento de la economía española proceden del aumento de la población ligado a la inmigración, mientras que el tercio restante corresponde al avance de la productividad.

De Guindos reclama cambiar el modelo de crecimiento

Pese a reconocer que la economía española está creciendo a un ritmo claramente superior al de la zona euro, De Guindos considera necesario avanzar hacia un modelo en el que la productividad tenga un mayor protagonismo. El reto, ha defendido, pasa por conseguir que el crecimiento económico no dependa fundamentalmente del aumento de la población, sino de una mejora sostenida de la capacidad productiva.

“Esto no es sencillo, esto no es fácil, esto exige políticas a medio plazo y de alguna forma políticas que sean asumidas y consensuadas en el entorno, en el conjunto del país”, ha señalado. Una transformación que, a su juicio, requiere estabilidad y acuerdos que permitan mantener las políticas más allá de los ciclos políticos.

Entre sus propuestas, Guindos ha situado la necesidad de contar con un marco regulatorio que proporcione seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a las empresas. También ha defendido unas instituciones estables capaces de aplicar las normas sin sesgos y “sin obedecer a lo que es la conveniencia del poder político”.

El exvicepresidente del BCE ha completado su planteamiento con la defensa de una división de poderes que garantice los equilibrios democráticos básicos y de una política presupuestaria orientada a mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Todo ello, ha sostenido, resulta necesario para afrontar los retos estructurales de la economía española y, entre ellos, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda.