Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

Junts ha anunciado que votará en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno. Si cumple su promesa, las anunciadas reformas al mercado de la vivienda, desarrolladas en respuesta al clamor social surgido tras el desahucio de Maricarmen, no saldrán adelante. Una decisión surgida desde una mansión en Waterloo, Bélgica: la casa en la que vive Carles Puigdemont.

El líder de Junts lleva en Waterloo desde 2017, cuando huyó de España para escapar de la justicia tras el referéndum de independencia unilateral que había convocado en Cataluña. Se instaló en una casa de dos pisos en el número 34 de la Avenida de l’Avocat, en una vivienda que pasó a llamar “la Casa de la República”, sede del Consejo por la República, una organización privada liderada por Puigdemont para la independencia de Cataluña.

Es una casa muy luminosa, con muebles de diseño y estanterías repletas de libros, según mostró en 2018 al medio El Punt Avui. Son 550 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con seis habitaciones, tres baños, cocina equipada, garaje con capacidad para cuatro coches y una terraza de 100 m². Tiene una sala destinada a las “recepciones”, presidida por la bandera catalana y la europea, y un despacho en tonos claros. Al mostrar la vivienda, Puigdemont siempre destaca su recuerdo más querido: la reproducción en miniatura de una de las urnas de plástico del referéndum del 1-O. La casa es de un propietario privado belga cuya identidad no ha trascendido. El alquiler, según publicaron todos los medios en 2018, son 4.400 euros al mes.

¿Y quién paga esta vivienda? “Lo pagamos nosotros personalmente y gente de su bolsillo, de mi entorno que pone dinero, amigos”, declaró Puigdemont en una entrevista con Rac1, en 2018. Principalmente, se la pagan a través de “donaciones” del Consejo de la República. que transfiere 6.190 euros mensuales a la entidad que gestiona la Casa de la República de Waterloo, según el acuerdo firmado el 9 de mayo de 2024, al que tuvo acceso el diario ARA. El desembolso anual asciende a 74.288 euros. Waterloo suma las transferencias mensuales del Consejo a aportes directos de personas que buscan respaldar exclusivamente a Carles Puigdemont. Esas donaciones directas representan otros 106.712 euros por año.

Con esa vía de financiación y las transferencias del Consejo, la Casa de la República disponía desde 2018 de un presupuesto anual de 181.000 euros, aunque varias informaciones aseguran que se ha reducido a la mitad en los últimos años. El dinero se destina principalmente al alquiler de la residencia de Waterloo, desplazamientos de Puigdemont y los gastos de manutención, dietas y transporte de los guardaespaldas voluntarios.

Entre 2019 y 2024, Puigdemont fue parlamentario europeo. Con ese cargo, cobraba una nómina de 9.975,42 euros brutos al mes, que se quedaban en 7.776,06 euros netos. A esa cifra habría que quitarle los impuestos españoles, aunque se desconoce si el político. Sin embargo, los eurodiputados tienen también una serie de dietas que complementan su salario y de las que, por supuesto, también se beneficiaba Carles Puigdemont. Desde 2024, no se le conoce trabajo en el sector privado ni cargo público y, por tanto, no tiene aparentes ingresos.

Las razones de Junts para rechazar los decretos

Para Junts, las propuestas del Gobierno no “resuelven adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables, porque no se garantiza el pago por parte de la administración”. La protección de los pequeños propietarios fue una de sus líneas rojas durante las conversaciones sobre los decretos, por lo que el partido se ha opuesto a medidas como la prórroga automática de los alquileres.

El partido defiende que la administración, y no el propietario, asuma el coste de impedir el desalojo de un inquilino vulnerable cuando exista impago. También considera que algunas disposiciones “suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias”. Según Junts, esas medidas tampoco facilitarán que las clases medias y trabajadoras puedan comprar las viviendas que salgan del mercado del alquiler para ponerse a la venta.